La subsecretaria Florencia Ortiz detalló los alcances de la modificación a la ordenanza N° 895, que permitirá un desarrollo público-privado para dar respuesta a la creciente demanda de suelo urbano. La iniciativa incluye lotes con servicios completos y un plazo de 18 meses para que los adjudicatarios demuestren el inicio de la construcción.
En el marco de una profunda revisión de las herramientas legales vinculadas al ordenamiento territorial, la subsecretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial del Municipio de Río Grande, Florencia Ortiz, brindó precisiones sobre la reciente actualización de la normativa que regula el régimen de tierras fiscales. Esta medida, que surge tras una modificación de la Ordenanza N° 895 —un cuerpo normativo vigente desde 1997—, allana el camino para la puesta en marcha de un novedoso programa de acceso a parcelas destinadas a soluciones habitacionales, específicamente en el sector conocido como Chacra XII.
Durante una entrevista concedida a Aire Libre FM, la funcionaria explicó que el espíritu de esta reforma radica en generar nuevas alternativas que permitan al municipio continuar brindando respuestas concretas al déficit habitacional que atraviesa la ciudad. Se trata de un giro estratégico que abandona la rigidez de la vieja norma para adaptarse a las necesidades actuales de una población que, según cifras oficiales, mantiene una elevada inscripción en el registro de aspirantes a vivienda.
El proyecto se materializará en Chacra XII, un espacio geográficamente estratégico ubicado entre la Chacra 11 y la Chacra 13, que hasta el momento permanecía como un terreno vacante dentro del ejido urbano. Ortiz detalló que esta intervención se concibe como una urbanización de carácter público-privado, un esquema en el cual el Estado local incorporará aproximadamente 390 lotes al Banco de Tierras Municipal, lo que equivale al 60 por ciento del total del emprendimiento. El desarrollo completo supera las 600 parcelas, de manera que el porcentaje restante —cerca del 40 por ciento— quedará en manos del sector privado.
El convenio fue suscripto con la firma Muro Construcciones, propietaria original de los terrenos. Bajo el acuerdo alcanzado, la empresa aporta el suelo mientras que el municipio asume el despliegue de toda la infraestructura necesaria, incluyendo redes de servicios básicos (agua, cloacas, energía eléctrica) y obras complementarias como cordón cuneta. “En ese compartir esfuerzos, el municipio se apropia del sesenta por ciento de los lotes y el privado del cuarenta”, sintetizó Ortiz, quien además subrayó que las parcelas tendrán estándares de calidad equiparables a las que hoy ofrece el mercado inmobiliario privado.
Uno de los aspectos más sensibles que abordó la funcionaria fue el del registro de postulantes. Según indicó, luego de un riguroso proceso de depuración llevado a cabo durante la actual gestión, el padrón de demanda habitacional se ha estabilizado en alrededor de 6.500 personas, una cifra significativamente menor a los 11.500 inscriptos históricos que se arrastraban. Ortiz aclaró que el nuevo programa no solo contemplará a quienes ya figuran en ese listado, sino que también permitirá nuevas incorporaciones al registro. Entre los criterios de selección, cobrará especial relevancia la capacidad demostrable de las familias para iniciar la construcción de su vivienda, así como el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa vigente.
En cuanto a las obligaciones de los futuros adjudicatarios, la subsecretaria adelantó que la nueva operatoria impondrá condiciones claras para evitar la especulación o el abandono de los terrenos. De este modo, los beneficiarios dispondrán de un plazo inicial de aproximadamente 18 meses para tomar posesión del lote y materializar acciones concretas vinculadas a la edificación. “Lo que se pretende es que las personas que accedan a esta solución habitacional demuestren voluntad de que esa parcela será efectivamente utilizada por la familia”, enfatizó Ortiz, quien no obstante dejó abierta la posibilidad de otorgar prórrogas ante situaciones debidamente justificadas.
Respecto al estado de avance de las obras, la funcionaria precisó que actualmente se encuentra en ejecución una primera etapa que abarca unos 280 lotes destinados al Banco de Tierras. Si bien la infraestructura registra un progreso cercano al 40 por ciento, Ortiz evitó arriesgar una fecha de culminación debido a dos factores condicionantes: la inminente llegada de la temporada invernal, que suele ralentizar los trabajos a cielo abierto, y el escenario económico actual, signado por la volatilidad de los costos de los insumos y la financiamiento de obras públicas.
Finalmente, la subsecretaria sostuvo que el municipio mantiene sus puertas abiertas para analizar futuras iniciativas similares con otros propietarios de tierras urbanas, aunque aclaró que por el momento el proyecto de Chacra XII constituye la única operatoria de estas características que se halla en marcha. Con esta reforma, Río Grande busca no solo ampliar la oferta de suelo servido, sino también garantizar que el acceso a un lote sea el puntapié inicial para una solución habitacional definitiva, anclada en la ocupación efectiva y el arraigo familiar.
