Funcionarios municipales denunciaron una demora de más de cuarenta jornadas en la transferencia de fondos, cifraron el atraso en unos 17.000 millones de pesos y cuestionaron al Gobierno provincial por priorizar el debate de una reforma constitucional en medio de la crisis económica.
La pulseada financiera entre el Estado provincial y los distritos municipales sumó un nuevo episodio de tensión en Tierra del Fuego. Después de los reclamos elevados desde la capital fueguina, ahora fueron las autoridades de Río Grande las que manifestaron su inquietud ante la ausencia de avances palpables para normalizar la remesa de recursos adeudados. Los representantes comunales alertaron, además, sobre las graves consecuencias que esta postura genera en la planificación de las políticas locales, especialmente en un contexto de retracción productiva y pérdida de puestos laborales.
En una extensa entrevista brindada al ciclo Buscando el Equilibrio, transmitido por la emisora estatal provincial, el secretario de Gobierno, Gastón Díaz, y el titular de la cartera de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, expusieron sus críticas ante el quebrantamiento de las promesas asumidas en la mesa técnica convocada por la cartera de Economía que conduce el ejecutivo provincial.
Ferro precisó que la suma pendiente de liquidación “ronda los 17.000 millones de pesos”, lo que se traduce en un retraso superior a cuarenta jornadas en el giro de los montos coparticipables. De acuerdo con su análisis, si esta coyuntura persiste sin correcciones, la comuna podría concluir el ejercicio anual recibiendo “once meses de ingresos” sobre los doce que legalmente le pertenecen. El funcionario remarcó que la inquietud no responde únicamente a una dificultad contable, sino al sostenimiento de áreas neurálgicas de la administración local. En ese sentido, subrayó que el municipio ha venido robusteciendo la asistencia social, la atención sanitaria, las prestaciones públicas y la infraestructura vial en un escenario signado por el declive de la actividad económica y el retroceso del empleo fabril.
“Las obligaciones acordadas en el ámbito técnico no están siendo acatadas”
Uno de los ejes centrales del planteo municipal se vincula con los escasos frutos de la mesa de diálogo abierta junto a la Provincia. Aunque desde Río Grande inicialmente valoraron la iniciativa de convocatoria, señalaron que el plan de trabajo enviado posteriormente carece de una metodología concreta para disminuir la deuda acumulada. “Nos importa tener certidumbre acerca del calendario de desembolsos que piensa presentar la administración provincial para reducir la mora coparticipable que mantiene con nuestro distrito”, expresó Ferro. Asimismo, censuró la postergación del próximo encuentro, previsto originalmente para el 17 de junio, y consideró que la premura del asunto exige definiciones mucho más ágiles.
“Los recursos que generan los riograndenses deben retornar a los riograndenses”
Por su parte, Gastón Díaz sostuvo que la controversia debe abandonar el terreno partidario y concentrarse en una solución de corte administrativo y financiero. “No hay demasiado para debatir en términos políticos si no se resuelve lo técnico, que es lo que verdaderamente corresponde: que los caudales pertenecientes a los habitantes de Río Grande lleguen a sus destinatarios finales”, afirmó. El secretario de Gobierno reclamó que exista una propuesta explícita sobre cómo se irá achicando el desfase y remarcó que la comuna no solicita recursos extraordinarios. “No pretendemos ni un peso más ni un peso menos de lo que legítamente nos pertenece”, sintetizó.
El trasfondo: fondos coparticipables, recesión y prioridades en juego
Los funcionarios también conectaron la situación financiera con el complejo panorama económico que atraviesa la zona norte de la provincia. Señalaron las repercusiones sobre el empleo, la actividad industrial y el incremento de la demanda social. Ferro aseguró que actualmente el municipio acompaña a cerca de diez mil familias y destacó que la gestión local sostiene programas de sanidad, transporte subsidiado e infraestructura pública a pesar de la merma de partidas nacionales y del adverso entorno productivo.
Críticas a la iniciativa de reformar la Constitución provincial
En otro pasaje de la entrevista, Díaz objetó que el gobierno provincial mantenga como eje prioritario el análisis de una modificación constitucional en medio de la recesión. “El ejecutivo provincial sigue dialogando con la dirigencia política y con sus propios intereses sectoriales, y se encuentra completamente despegado de las necesidades reales del pueblo fueguino”, sostuvo. A juicio del funcionario municipal, la agenda estatal debería enfocarse en la producción, el empleo y el impulso de rubros estratégicos como la manufactura industrial, los hidrocarburos, la pesca, el turismo y otras actividades ligadas al perfil productivo de Tierra del Fuego.
