Legisladores, gobernadores y militantes convergieron en una jornada de protestas y conferencias donde denunciaron “proscripción política”, abuso judicial y ensañamiento contra la exmandataria, mientras la interna del peronismo quedó en segundo plano ante el reclamo central por su libertad.
En una jornada que estremeció los cimientos de la escena nacional, una multiplicidad de expresiones ciudadanas y políticas se alzó desde cada rincón del territorio argentino para demandar la inmediata liberación de Cristina Fernández de Kirchner, al cumplirse exactamente un año del pronunciamiento de la Corte Suprema que selló su destino recluso. Universidades convertidas en tribunas, asambleas vecinales en cada barrio y una marea imparable de mensajes en las plataformas digitales sirvieron como canales para que dirigentes de diversas extracciones manifestaran su sólido respaldo hacia la dos veces presidenta, al mismo tiempo que exteriorizaban una honda inquietud por el accionar de los estamentos judiciales en su contra.
El epicentro simbólico de la movilización tuvo lugar en la céntrica dirección de San José 1111, donde una vasta congregación de ciudadanos comunes y activistas rodearon durante toda la extensión del día a la exjefa de Estado, en un acto de acompañamiento ininterrumpido. Quien abrió el fuego discursivo fue el titular de la bancada peronista en la Cámara alta, José Mayans, quien lanzó una pregunta que retumbó en los presentes: “¿Acaso le tienen semejante temor que la condenan a una inhabilitación perpetua para elegir y ser electa? Cristina Fernández de Kirchner representa un peligro real para la oligarquía, y por esa razón la anhelan encerrada”.
Por su parte, Máximo Kirchner, al evocar las tácticas desplegadas durante el proceso que llevó a su detención, rememoró: “En el instante en que ella anunció su postulación como candidata por la tercera sección electoral, a partir de allí ni siquiera disimularon el pudor, sino que actuaron con una desfachatez absoluta”. Y añadió, con una carga de indignación creciente: “Esa dinámica de humillación, el ejercicio del abuso, la imposición de la tobillera electrónica. Todo ese despliegue de poder desmedido del señor Rosatti, porque al final es él quien maneja los hilos. Lo que uno termina percibiendo es que nuestro pueblo, frente a situaciones como esta, experimenta una profunda sensación de desamparo”.
Los legisladores de Unión por la Patria y del justicialismo, tras ofrecer una conferencia de prensa desde el recinto del Senado, cursaron una nota a la máxima instancia judicial y al Consejo de la Magistratura en la que calificaron la reclusión de la exmandataria como “una modalidad de proscripción política que lacera la legitimidad democrática de la República Argentina”. En el escrito también denunciaron un trato diferencial aplicado en su contra, bajo “un régimen de vigilancia política, familiar y social de una severidad excepcional”.
Durante la rueda de prensa celebrada en el salón de las Provincias, el primer orador fue el jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, quien sentenció: “No existe democracia plena cuando median jueces parciales, ni cuando se le escamotea a la ciudadanía la potestad de escoger a sus representantes”. El legislador señaló con énfasis que “ni los genocidas ni los narcotraficantes soportan condiciones de prisión domiciliaria tan rigurosas como las que padece Cristina Fernández de Kirchner”, y denunció que el poder económico ha convertido al poder judicial en “un instrumento de disciplinamiento político”. En esa misma línea, Martínez recordó las declaraciones públicas del presidente Javier Milei, quien admitió en una entrevista “haber tomado la determinación de que Cristina fuera encarcelada”, así como los dichos del exmandatario Mauricio Macri: “pregúntenle a ella si mi gobierno benefició al kirchnerismo”. “Estamos ante un Presidente y un expresidente que dejan al desnudo la arbitrariedad de este fallo”, subrayó.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, tomó luego la palabra para afirmar: “Cristina fue objeto de una persecución extensísima que desembocó en una sentencia arbitraria, huérfana de elementos probatorios y por supuestos ilícitos que ni siquiera se encontraban dentro de sus atribuciones”. José Mayans, por su lado, cuestionó la velocidad inusitada con que el tribunal superior emitió su veredicto: recibido en marzo de 2025 y dictado en junio, una celeridad que, a su juicio, “tuvo que ver con que Cristina había anunciado su candidatura”. En ese contexto, recordó el atentado fallido contra su vida el primero de septiembre de 2022 y citó un titular del diario Clarín del día posterior al magnicidio frustrado: ‘la bala que no salió, pero el fallo que sí saldrá’. “Y efectivamente, el 10 de junio de 2025 el fallo salió para proscribirla de por vida”, completó Mayans, quien tildó la decisión judicial de “desproporcionada y desmedida”, y denunció que “la justicia argentina se halla cooptada por una fracción de los poderes fácticos”.
Tanto Mayans como Martínez hicieron hincapié en las condiciones anormales del encierro de la exmandataria, basándose en un informe publicado por Página12, elaborado a partir de las respuestas del Consejo de la Magistratura a pedidos de acceso a la información pública realizados por los propios legisladores. “Apenas el veintitrés por ciento de los reclusos con arresto domiciliario deben portar tobillera”, detalló Mayans. “Ella sufre restricciones de visitas que nadie más padece, y le fue cancelado el derecho a recibir encuentros después de haberse reunido con economistas. La democracia sin justicia no es democracia, y sin justicia no puede haber paz social”, sentenció.
El senador peronista también anudó la prisión de Fernández de Kirchner con las políticas del gobierno actual. “La corrupción en la administración de Milei resulta evidente. El jefe de gabinete, el primer corrupto de este gobierno, no se presenta en el Senado a brindar explicaciones”, disparó. Luego agregó: “Milei ha afectado el sistema previsional, la salud, la educación, las pequeñas y medianas empresas, el empleo, y pretende eliminar las restricciones a la compra de tierras por extranjeros, además de implementar el RIGI y el Súper RIGI. Nos están despojando de la patria. La están rematando y repartiéndose los bienes del Estado entre ellos”.
En ese diagnóstico, Mayans consideró que Cristina encarna todo lo opuesto a ese modelo económico y que, por ello, “no la quieren en libertad”. “Nosotros hoy estamos aquí, a un año de esta aberración que cometieron, y solicitamos a la Corte que realice una reflexión profunda”, enfatizó. Acto seguido, expresó que el peronismo propone una alternativa distinta al esquema económico de Milei —al que vinculó con el de Aramburu y la dictadura de 1976— y aseveró: “luchamos por la dignidad humana y trabajaremos para sumar a todos los sectores porque anhelamos la independencia económica de la patria, la justicia social y la soberanía económica”.
Para finalizar, ante una pregunta periodística, Germán Martínez reflexionó que Cristina “no es la primera perseguida del peronismo ni será la última”, y realizó dos llamamientos: “uno a todas las fuerzas políticas democráticas para que tomen conciencia de la gravedad de lo que ocurre, y otro a cada compañero del peronismo para unir fuerzas, tomarnos de la mano y construir un proyecto colectivo”. El diputado de Encuentro Federal, Miguel Pichetto, también se pronunció y propició un debate en el Congreso sobre la eventual anulación o modificación del fallo de la Corte que ratificó los seis años de condena. “Todos conocen mi postura pública respecto a la gravísima situación institucional que supone tener encarcelada a una figura que fue presidenta de la Argentina en dos oportunidades y, en una tercera, vicepresidenta de la Nación”, señaló.
Pese a que los legisladores consultados eludieron referirse a las tensiones internas del peronismo, como las diferencias entre La Cámpora y el sector liderado por Axel Kicillof, desde la agrupación kirchnerista aportaron su visión: “el eje central de la campaña, independientemente de quién sea el candidato, debe ser exigir la liberación de Cristina porque cualquier dirigente del peronismo que aspire a retornar al gobierno debe comprender que no habrá posibilidad de mejorar la vida de la gente mientras existan líderes proscritos y se corra el riesgo de ser encarcelado de manera arbitraria”.
Las acciones desplegadas a lo largo de todo el miércoles y que se extenderán en los días subsiguientes tendrán su punto culminante el sábado 20, día de la bandera, con un multitudinario banderazo en el Parque Lezama. En esa ocasión, no se descarta que se reproduzca un mensaje grabado de la exmandataria, tal como sucedió en la conmemoración del año anterior.
