Especialista en declaraciones juradas con dos décadas de trayectoria en el Consejo de la Magistratura, el funcionario libertario corrigió hasta tres veces sus formularios ante la fiscalía, incorporando una herencia millonaria, cuentas bancarias ignoradas y abultados ingresos de su cónyuge que no había consignado. El fiscal Marijuán lo califica como «inverosímil» y pide su indagatoria por omisión maliciosa, mientras la sombra del enriquecimiento ilícito se extiende también hacia el círculo del portavoz presidencial.
La paradoja que envuelve al funcionario público que se desempeñó como guardián de la transparencia patrimonial durante veinte años y que, sin embargo, ahora se encuentra en el ojo de la tormenta judicial por sus propias omisiones, ha tomado un cariz de innegable gravedad en los pasillos de los tribunales federales. Francisco Jorge Adorni, quien antes de integrar las filas del gobierno de Javier Milei ejerció como perito contador en el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires, se enfrenta a un pedido formal de declaración indagatoria por parte del fiscal Guillermo Marijuán, quien no duda en calificar su accionar como una suerte de colmo profesional. La imputación gira en torno al delito de omisión maliciosa, una figura que contempla severas penas que incluyen la prisión efectiva y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, y que encuentra su fundamento en la abrumadora cantidad de rectificaciones y datos inexactos que el contador habría vertido en sus presentaciones oficiales.
El requerimiento fiscal, que ahora deberá ser evaluado por el magistrado Daniel Rafecas para determinar si procede la citación a indagatoria, sostiene una postura que difícilmente admite atenuantes. Marijuán enfatiza la inverosimilitud de la defensa de Adorni, quien argumentó una suerte de olvido o error en la confección de sus declaraciones juradas, un argumento que se desmorona ante la evidencia de su vasta experiencia profesional. El fiscal pone el acento en que no se trata de un neófito en la materia, sino de un especialista que, además de su larga trayectoria en el organismo de control bonaerense, se desempeñó recientemente como asesor y Auditor Interno Titular del Ministerio de Defensa, y llegó a presidir el Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares. Semejante currículum, que incluye un título de posgrado en Administración Financiera y Control del Sector Público, torna, a juicio del representante del Ministerio Público, prácticamente increíble que pudiera desconocer la relevancia de consignar con exactitud sus bienes y obligaciones, o que incurriera en «olvidos» tan gruesos como los que salpican su expediente.
El corazón de la cuestión radica en las múltiples tergiversaciones y adiciones patrimoniales que Adorni fue introduciendo en sus declaraciones juradas a medida que la investigación judicial avanzaba, como si su memoria se activara paulatinamente ante el apremio de la ley. Los documentos revelan que el funcionario, quien actualmente ostenta una banca como diputado bonaerense por La Libertad Avanza, presentó inicialmente tres declaraciones juradas correspondientes a su ingreso a la función pública en Defensa, su período anual de 2024 y su salida del gobierno nacional en enero de 2025. Sin embargo, la totalidad de estos formularios fue sometida a al menos dos procesos de rectificación, una vez que el fiscal ya había puesto su lupa sobre el patrimonio del contador. En un ejercicio de corrección que más bien pareciera un intento de subsanar lo que ya había sido descubierto, Adorni modificó los valores de su vivienda, incorporó porcentajes de titularidad de su cónyuge que antes no existían, multiplicó el número de tarjetas de crédito y cuentas bancarias, e hizo aparecer sumas de dinero en efectivo que permanecían ocultas en la penumbra de sus primeras presentaciones.
El fiscal, en su extenso dictamen, desmenuza las inconsistencias con la precisión de un cirujano. En su primera declaración jurada de ingreso, fechada el 15 de febrero de 2024, Adorni declaraba ser propietario de la mitad de un inmueble en City Bell, al que asignaba un valor de 77,5 millones de pesos. Esta cifra, sin embargo, sufrió un vaivén cambiante en las rectificaciones, escalando a 130 millones y luego a 145 millones, para finalmente descender a 105 millones. Similar suerte corrió el automóvil Chery Tiggo 2017, cuyo valor se incrementó de 10 a 12 millones, al tiempo que aparecía en la escena patrimonial una camioneta Jeep Renegade 2020 valuada en 16 millones. Pero lo que realmente encendió todas las alarmas fue el vertiginoso descenso de sus deudas: en el lapso de un año, Adorni logró cancelar 60 millones de pesos de un préstamo hipotecario con el Banco Provincia, una operación financiera de tal magnitud que motivó la primera denuncia penal en su contra y que, según sus dichos posteriores, fue posible gracias a la irrupción de una herencia.
La herencia en cuestión, de 21 millones de pesos, se convirtió en el comodín explicativo tanto para Francisco como para su hermano, el influyente vocero presidencial Manuel Adorni. Fue el propio jefe de Gabinete quien, en una entrevista, intentó despejar las dudas sobre el origen de los fondos, afirmando que su «primer dinero» surgió tras el fallecimiento de su progenitor en 2022, cuando halló ese monto en el departamento del padre junto a su hermano. Sin embargo, para la fiscalía, esta historia resulta particularmente inverosímil viniendo de un contador público que, por su profesión y trayectoria, debió haber consignado ese activo desde el primer momento y no en una rectificación tardía, cuando la investigación ya se cernía sobre él.
La madeja se enreda aún más cuando se analizan las omisiones relacionadas con su esposa, Paola Eliana Costanzi. En las presentaciones originales, Adorni apenas había mencionado los ingresos de su cónyuge de manera superficial. No obstante, en una de sus rectificaciones de mayo, el funcionario incluyó abultados ingresos de ella, tanto por trabajo en relación de dependencia como por su ejercicio independiente como contadora, por sumas que oscilaban entre los 5 y 15 millones de pesos en diferentes períodos. De la misma manera, en la declaración de bienes al dejar su cargo, sumó para su pareja una extensión de tarjeta de crédito y un plazo fijo que no figuraban en la documentación anterior. La proliferación de cuentas bancarias es otro de los aspectos que llaman poderosamente la atención. En una rectificación de junio, Adorni incorporó para sí mismo una caja de ahorro en pesos, otra en dólares y una cuenta corriente en el Banco Provincia, además de cinco cuentas adicionales en el Banco Nación que databan de 2024, cuando ya se desempeñaba en el Ministerio de Defensa. Para su esposa, el caudal de cuentas también se incrementó de manera exponencial, sumando a las ya declaradas del BBVA y Santander, nuevas tarjetas Visa y Mastercard del Banco Nación, una American Express, un fondo de inversión y seis cuentas bancarias adicionales.
Para el fiscal Marijuán, la conducta de Francisco Adorni trasciende el mero error administrativo y se adentra en el terreno de la intencionalidad. Su dictamen es contundente al afirmar que el funcionario omitió y falseó datos relevantes en sus declaraciones juradas correspondientes a su paso por el Ministerio de Defensa, ocultando sumas de dinero y cuentas bancarias, y falseando los montos sobre los que estaba obligado a declarar con veracidad. La figura del «experto en la materia» se erige como el eje de la imputación, ya que se sospecha que Adorni, con pleno conocimiento de la ley, insertó datos falsos y omitió bienes con la finalidad de falsear su patrimonio y eludir los controles que él mismo conocía a la perfección.
Si bien el delito de omisión maliciosa es el que motiva el pedido de indagatoria en este momento, la investigación que lleva adelante el fiscal apunta a un horizonte más amplio y profundo: la hipótesis del enriquecimiento ilícito. Este análisis, que requerirá un escrutinio meticuloso de todos sus gastos, movimientos financieros y el origen de la polémica herencia, se perfila como una pesquisa más extensa y compleja. Las constantes rectificaciones ante el organismo de recaudación, que podrían tener una finalidad impositiva, desde la óptica penal se convierten en elementos de prueba en su contra, al demostrar su voluntad de ocultar información. La resolución del juez Rafecas será el primer gran paso en un proceso que, sin dudas, mantendrá en vilo al gobierno y a la opinión pública, mientras la sombra de la sospecha se extiende también sobre el entorno más cercano del portavoz presidencial.
