Dirigentes de la Cooperativa CALF de Neuquén revelaron ante el Congreso presiones recibidas desde la sede diplomática estadounidense, incluyendo la amenaza de revocación de visas, para frenar un proyecto de fibra óptica y data center en Vaca Muerta. Los legisladores libertarios abandonaron la sesión mientras la Comisión avanza con la citación del embajador Peter Lamelas.
En una exposición que encendió los ánimos en el recinto legislativo, los representantes de la Cooperativa provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén Limitada (CALF) trazaron un cuadro de situación alarmante sobre lo que definieron como un hostigamiento sistemático por parte de funcionarios de la embajada de los Estados Unidos en Argentina. El gerente de Tecnologías de la Información y la Comunicación de la entidad, Sergio Fernández Novoa, fue el portavoz de un reclamo que resonó con fuerza entre los diputados, al denunciar que la sede diplomática norteamericana intentó coartar la autonomía de la organización, instándolos a romper sus acuerdos comerciales con la gigante tecnológica china Huawei bajo la amenaza velada de restricciones migratorias.
El conflicto, que trasciende el ámbito empresarial para instalarse en el terreno de la soberanía nacional, se originó a raíz de los planes de la cooperativa neuquina para desarrollar un ambicioso tendido de fibra óptica en la formación petrolera Vaca Muerta, así como la construcción de un data center regional de inteligencia artificial. Fue en este contexto que los directivos de la CALF comenzaron a recibir mensajes intimidatorios a través de la aplicación WhatsApp, provenientes de Andrew Ditz, quien se identificó como agregado comercial de la embajada estadounidense. En esas comunicaciones, el funcionario exterior manifestó una profunda preocupación por la relación de la cooperativa con la firma asiática y advirtió que la continuidad de dicha alianza podría acarrear la cancelación de las visas de ingreso a territorio norteamericano para los directivos de la institución.
Ante los legisladores que integran la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones No Gubernamentales, Fernández Novoa no ocultó su indignación al relatar los pormenores de la presión recibida. «No resulta aceptable que una representación diplomática foránea se dirija a una cooperativa para indicarle cuál debe ser su proceder», sentenció el gerente, haciendo hincapié en la falta de respuesta gubernamental ante esta situación. En este sentido, reveló que desde la entidad intentaron infructuosamente comunicarse con el canciller Pablo Quirno para solicitar la intervención del Estado argentino, sin obtener hasta el momento ningún tipo de respaldo o pronunciamiento oficial que desautorice las presiones externas.
La secretaria general de la cooperativa, Yenny Fonfach, respaldó la denuncia y enfatizó que el objetivo de su presentación en el Congreso no era defender a una empresa extranjera ni confrontar con una embajada en particular, sino resguardar la autonomía que por derecho les asiste como institución con más de nueve décadas de trayectoria en el servicio público. «Hubo una intromisión directa en nuestra capacidad de decisión», afirmó Fonfach, al tiempo que detalló que fueron convocados a una reunión en la propia sede diplomática para el próximo miércoles, instancia a la que concurrirán con la expectativa de obtener explicaciones sobre las injerencias sufridas.
El propio embajador estadounidense, Peter Lamelas, había avivado la polémica días atrás al confirmar en declaraciones públicas las gestiones realizadas ante los cooperativistas, aunque justificó la medida argumentando que no se trataba de una violación a la soberanía argentina, sino de una cuestión vinculada estrictamente con la seguridad nacional de los Estados Unidos. Sin embargo, esta justificación fue rápidamente desestimada por los denunciantes, quienes señalaron que detrás del discurso de la seguridad se esconde una estrategia comercial para eliminar competidores tecnológicos en la región. Fernández Novoa fue contundente al calificar el argumento estadounidense como un «eufemismo» que oculta la verdadera pretensión de desplazar a las empresas norteamericanas rivales en el mercado de las telecomunicaciones y el almacenamiento de datos.
Durante su alocución, el gerente de Tecnología de la CALF desglosó minuciosamente el ecosistema de proveedores con los que opera la cooperativa, dejando en claro que su vínculo con Huawei no es exclusivo ni excluyente, sino que se enmarca en una política de diversificación que incluye compañías de Argentina, América Latina, Europa, Asia y Estados Unidos. En un ejercicio de transparencia, enumeró las numerosas dependencias estatales y empresas privadas que confían en la tecnología de la firma china, mencionando casos paradigmáticos como el Banco Central, el organismo recaudador ARCA, Trenes Argentinos, Senasa, así como las provincias de Buenos Aires y Corrientes, sin olvidar a los gigantes de las telecomunicaciones como Personal, Flow, Movistar y Claro. «Lo relevante en un data center es donde se alojan los datos digitales, no la estructura física que los contiene», aclaró Fernández Novoa, desmontando así los argumentos técnicos esgrimidos por la embajada para justificar su injerencia.
El proyecto de la cooperativa va más allá de la mera infraestructura tecnológica, ya que contempla la construcción de parques solares en la zona de Vaca Muerta con el objetivo de transitar hacia el autoabastecimiento energético y la utilización de fuentes renovables. En cada uno de esos parques, la CALF planea destinar un megavatio para albergar data centers, convencidos de que la soberanía tecnológica y el control de los datos son pilares fundamentales para el desarrollo nacional. Fernández Novoa subrayó la precaria situación actual de Argentina en materia de almacenamiento digital, señalando que el país cuenta únicamente con 44 megas de capacidad instalada para alojar información, lo que obliga a depender de servicios de nube (cloud storage) que operan en servidores ubicados en el extranjero, generalmente bajo el control de corporaciones transnacionales. «La soberanía no se edifica únicamente con discursos o legislaciones, sino con hechos concretos», reflexionó, al tiempo que advirtió sobre la importancia de contar con infraestructura propia para hacer frente a los desafíos de la inteligencia artificial, una tecnología que marcará el rumbo de la sociedad en los próximos años.
En el transcurso de la reunión, el clima se tornó tenso cuando los diputados del bloque libertario decidieron abandonar la sala ante los cuestionamientos de otros legisladores sobre la pasividad del gobierno nacional frente a la intromisión extranjera. Gerardo Huesen, Karen Reichardt, Mónica Becerra y Facundo Correa Llano fueron algunos de los representantes oficialistas que optaron por retirarse, en un gesto que fue interpretado por la oposición como una muestra de incomodidad ante el debate sobre la cesión de soberanía implícita en el acuerdo de colaboración tecnológica firmado con Estados Unidos.
La diputada Florencia Carignano fue una de las voces más críticas al señalar que la falta de defensa de los intereses nacionales por parte del gobierno de Javier Milei habilita este tipo de abusos por parte de potencias extranjeras. En la misma línea, el socialista Esteban Paulón objetó el reciente acuerdo suscripto por el canciller Quirno con la administración de Donald Trump, al sostener que dicho instrumento «cede completamente la propiedad de los datos a las empresas estadounidenses» y rebaja los estándares de protección de datos personales vigentes en Argentina, colocando al país en una posición de vulnerabilidad frente a los intereses corporativos foráneos.
Ante la gravedad de los hechos expuestos, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, solicitó formalmente la citación del embajador Peter Lamelas para que brinde explicaciones en el recinto parlamentario, una iniciativa que fue respaldada por el presidente de la comisión, el peronista Aldo Leiva, quien confirmó a este diario que en los próximos días se cursará la convocatoria al diplomático estadounidense.
La controversia no pasó desapercibida para el gobierno chino, cuya embajada en Argentina emitió un comunicado oficial en el que calificó las prácticas de la representación estadounidense como una «grave falta de respeto» a la soberanía de terceros países. En el texto, Beijing acusó a Washington de impulsar la narrativa de la «amenaza china» y de utilizar la revocación de visados como un mecanismo de presión para bloquear la cooperación comercial legítima con empresas chinas en el extranjero. La misiva diplomática concluyó instando a Estados Unidos a corregir su percepción sobre China y a poner fin a lo que definió como «prácticas hegemónicas» que revelan, a juicio del gigante asiático, una «naturaleza hipócrita» en su accionar internacional.
El episodio, que pone en evidencia las tensiones geopolíticas subyacentes en el tablero tecnológico global, coloca a la Argentina en una encrucijada delicada, donde la defensa de la soberanía nacional se entrelaza con los intereses de las potencias en pugna y la necesidad imperiosa de desarrollar infraestructura crítica para el futuro digital del país. La respuesta que ofrezcan tanto el gobierno nacional como el Congreso ante este desafío será determinante para sentar un precedente sobre los límites de la injerencia extranjera en asuntos internos y la capacidad de Argentina para trazar su propio camino en la era de la inteligencia artificial y el control de los datos.
