Científicos, tecnólogos y académicos convergen esta tarde en el Obelisco para visibilizar la crítica situación del sector. Con una pérdida diaria de siete empleos y una inversión que toca su piso más bajo en más de cinco décadas, los especialistas advierten sobre un «cientificidio» sin precedentes y exigen el cese del ajuste que desangra los organismos públicos de ciencia y técnica.
En una jornada que promete quedar grabada en la memoria institucional del país, los hombres y mujeres que forjan el conocimiento desde los laboratorios, centros de estudio y universidades públicas se congregarán esta tarde en el corazón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La cita, fijada para las dieciséis horas frente al emblemático Obelisco, no es una mera convocatoria gremial, sino la expresión de una profunda conmoción que sacude los cimientos de la producción científica argentina. Bajo el lema “Me pongo la camiseta”, los investigadores han hecho un llamamiento a la ciudadanía para que se sume a la protesta, vistiendo los colores nacionales como un símbolo de pertenencia y defensa de un sector que, según denuncian, está siendo víctima de una sangría de recursos humanos y presupuestarios inédita en la historia democrática reciente.
El descontento que hoy desborda las calles es el resultado de un cúmulo de decisiones gubernamentales que han precipitado al área de ciencia y tecnología a un abismo de incertidumbre. Desde el cambio de administración ejecutiva en diciembre de 2023, el calendario parece haber sido implacable con el sector: las estadísticas revelan una fuga de talentos y una contracción económica que no encuentran parangón en las últimas décadas. Un informe técnico elaborado por el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación arroja cifras escalofriantes: aproximadamente 6.400 puestos de trabajo se han esfumado en el ámbito científico-tecnológico desde aquel mes de diciembre, lo que equivale a una pérdida promedio de siete empleos por cada jornada transcurrida. Paralelamente, la inversión proyectada para el ejercicio 2026 se desploma hasta un exiguo 0,14 por ciento del Producto Bruto Interno, una cifra que los especialistas califican como la más reducida desde el año 1972, cuando el país atravesaba un contexto político y económico radicalmente distinto.
La movilización de hoy, sin embargo, trasciende las meras estadísticas y se adentra en el terreno de la supervivencia institucional. Agustín Ormazábal, biofísico del Conicet y una de las voces más lúcidas en la resistencia contra el ajuste, sintetiza el sentir general al afirmar que la protesta es una respuesta orgánica al deterioro persistente que ha erosionado todos los pilares del sistema. El científico subraya que jamás, desde que se tiene registro, el presupuesto destinado a la investigación fue tan mezquino, y alerta que esa carencia de fondos tiene un correlato inmediato en la disminución de las dotaciones de personal en todos los organismos dependientes del Estado. A esta situación se suma una agónica erosión salarial; a modo de ejemplo, Ormazábal menciona que en la Agencia de Promoción Científica los sueldos llevan veintiocho meses congelados, sumiendo a muchos trabajadores por debajo del umbral de la pobreza. Pero el reclamo no se limita a lo económico. El científico denuncia también lo que considera una «militarización» de los espacios de conocimiento y un hostigamiento discursivo que, desde las más altas esferas del poder, ha llegado a calificar a los investigadores como «terroristas encubiertos», una acusación que siembra un clima de hostilidad y peligro sobre quienes dedican su vida al progreso de la nación.
El escenario se torna aún más desolador cuando se examina la paralización de las convocatorias para nuevos proyectos. Tanto el Conicet como la Agencia de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación han suspendido sus llamados habituales, lo que implica que no hay fondos frescos para estimular la actividad científica. En este contexto, los institutos y centros de investigación que aún logran mantenerse a flote lo hacen gracias a lazos de cooperación previos con laboratorios y entidades del extranjero, una suerte de oxígeno que les permite no apagar del todo sus motores. Sin embargo, esta dependencia externa no es sino un paliativo que no oculta la debacle interna: el financiamiento global del sector ha acumulado una merma del 51 por ciento desde fines de 2023, una hemorragia de recursos que los especialistas califican como un verdadero «cientificidio».
Este fenómeno de aniquilación del conocimiento público se consuma a través de un doble mecanismo perverso. Por un lado, la administración libertaria, bajo la justificación de la falta de divisas, congela partidas y sustrae los fondos que por derecho corresponderían a los entes dedicados a la producción de saber, mientras que, por otro, se observa un trasvase sistemático de las tareas que realizaban los organismos públicos hacia el sector privado. Un ejemplo paradigmático de esta cesión de soberanía es el del INTI, cuyos años de trayectoria y eficacia en servicios de certificación y controles metrológicos han sido dejados de lado mediante meras resoluciones administrativas, transfiriendo esas competencias a empresas particulares que ahora ofrecen los mismos servicios. Esta dinámica no solo desmantela el aparato estatal, sino que también pone en riesgo la calidad y la transparencia de los controles técnicos que garantizan el bienestar de la población.
En el epicentro de esta tormenta se encuentra un colectivo especialmente vulnerable: los jóvenes investigadores. Hace apenas unas semanas, el Conicet comunicó una decisión que ha hecho estremecer a la comunidad académica: la no renovación de las becas posdoctorales para 379 científicos que han dedicado años de su vida a formarse en el país. Estos recursos humanos hipercalificados, que representan el futuro del conocimiento argentino, ven ahora cerrada su carrera justo en el momento de mayor potencial productivo. Rolando González-José, investigador superior del Conicet en el Centro Nacional Patagónico, explica con crudeza la magnitud del despropósito. Para él, la discontinuidad de las becas posdoctorales impacta de lleno en un eslabón crítico de la cadena de formación. El becario posdoctoral es aquel que ha culminado su entrenamiento y ha acumulado la experiencia necesaria para transferir sus conocimientos a las cadenas productivas y a la comunidad en general. Es en esa etapa precisa cuando se consolidan las alianzas internacionales y cuando las líneas de investigación comienzan a dar frutos tangibles a través de publicaciones y desarrollos aplicados. Al cercenar ese momento de plenitud intelectual, el gobierno, en palabras de González-José, dispara directo contra uno de los nudos más vitales del Conicet, privando al país de los doctores que tanto necesita para su desarrollo integral.
Esta medida, lejos de ser un hecho aislado, se suma a otros despidos masivos, como el reciente de 60 trabajadores en la Comisión Nacional de Energía Atómica, así como a la suspensión de proyectos emblemáticos para la soberanía tecnológica, como el reactor Carem. La gravedad de la situación ha motivado que incluso legisladores de diversos bloques presentaran un proyecto de ley para prorrogar las becas vencidas y garantizar la cobertura médica de los afectados, una iniciativa que evidencia la transversalidad del reclamo y la preocupación que despierta el rumbo adoptado. Ormazábal, al referirse a este episodio, destaca la masiva audiencia pública que los becarios despedidos protagonizaron en el Congreso, un evento que congregó a múltiples fuerzas políticas y que puso en evidencia que la defensa de la ciencia no entiende de colores partidarios.
La desidia gubernamental hacia el sector se manifiesta también en la falta de definiciones en los cargos de conducción. La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, luego de la renuncia de Darío Genua, permanece acéfala, sin que el Poder Ejecutivo haya mostrado interés en cubrir ese puesto. Esta ausencia de liderazgo contrasta con la actitud del presidente del Conicet, Daniel Salamone, a quien los investigadores critican por su administración de la penuria y por no tolerar las disidencias internas en un organismo que históricamente se ha caracterizado por su diversidad de pensamiento. González-José no duda en reclamar su renuncia, acusándolo de viajar por el mundo mientras los trabajadores del Consejo han perdido más del cuarenta por ciento de su poder adquisitivo.
Pero la movilización de esta tarde no es patrimonio exclusivo de los científicos. Las universidades nacionales, donde se gesta el ochenta por ciento de la investigación argentina, también han decidido bajar a la calle. Los gremios docentes y no docentes se unirán a la columna que marchará hacia el Obelisco, alzando su voz para reclamar el cumplimiento irrestricto de la Ley de financiamiento universitario. Esta norma, que fue sancionada en dos ocasiones por el Parlamento y que ha recibido el respaldo de todas las instancias judiciales, establece la recomposición salarial, la actualización de becas y la cobertura de los gastos de funcionamiento de las casas de altos estudios. A casi trescientos días de su promulgación, el oficialismo sigue sin acatarla plenamente, limitándose a abonar parcialmente lo adeudado y argumentando que las transferencias están al día. Sin embargo, desde los claustros se señala que aún resta un treinta por ciento adicional para que el incremento pactado se ajuste a lo que dicta la ley, lo que convierte el gesto gubernamental en una burla a la legalidad.
La cartera de Capital Humano, comandada por Sandra Pettovello, ha calificado la medida de fuerza de «política e ilegítima», aunque sus argumentos son rechazados de plano por las organizaciones gremiales, que advierten que la lucha recién comienza. En este sentido, los sindicatos docentes ya han anunciado un paro de cuarenta y ocho horas para los días 27 y 28 de agosto, y han adelantado que instalarán carpas de protesta frente al Palacio Pizzurno y en diversas plazas del interior del país, como una forma de visibilizar de manera permanente la defensa de la universidad pública y la soberanía científica.
La jornada de hoy, por tanto, no es un episodio aislado, sino el preludio de un conflicto que amenaza con escalar si las autoridades no revierten el rumbo. La comunidad científica y académica argentina, herida pero firme, sale a la calle para recordarle al gobierno que el conocimiento no es un gasto, sino la inversión más estratégica que puede realizar una nación que aspira a un futuro próspero y soberano. Con la camiseta puesta, como una selección que defiende su arco, estos profesionales plantan cara al desmantelamiento y exigen que se detenga el disparo al corazón del sistema de ciencia y técnica, porque, como advierten, un país que abandona a sus cerebros está condenado a la irrelevancia.
