Denuncian que tres directores residen en Río Grande y no asisten a Ushuaia, mientras los haberes de sus cónyuges permanecen congelados desde hace más de un año y medio. La incertidumbre crece ante la falta de fondos para jubilaciones y la presunta irregularidad en el manejo de gastos de representación.
En las últimas horas, un grupo de mujeres, esposas de agentes retirados y en proceso de jubilación, irrumpió en la escena pública de la provincia para visibilizar una crisis que, según afirman, lleva demasiado tiempo silenciada. El blanco de sus críticas es el directorio de la Caja Previsional, cuyas decisiones y dinámicas internas estarían profundizando el desamparo de cientos de familias que dependen de los ingresos que nunca llegan.
El núcleo de la controversia se origina en la geografía misma de la gestión. Tal como lo expresaron las manifestantes, tres de los máximos responsables de la entidad tienen fijada su residencia en la ciudad de Río Grande, y sin embargo, no estarían concurriendo de manera habitual a la sede central sita en Ushuaia para llevar adelante las tareas que sus cargos demandan. Desde la propia institución, se habría esgrimido como justificación la ausencia de una partida específica para gastos de representación que sufrague los costos del traslado.
Sin embargo, aquella explicación no hizo más que encender la indignación de las consultantes, quienes sostuvieron con vehemencia que aquellos que voluntariamente se postularon para ocupar esos sitiales en el órgano de gobierno conocían de antemano las exigencias y condiciones inherentes a la función pública que aspiraban a desempeñar. Pero el reproche no se detuvo allí. Las denunciantes pusieron el foco en la mecánica mediante la cual se habrían liquidado esos mismos gastos de representación que ahora se alegan como inexistentes. Según su relato, esos conceptos no fueron rendidos mediante la presentación de los comprobantes fiscales correspondientes, sino que se habrían absorbido directamente como un incremento más del salario, lo que, a su juicio, constituye una práctica cuando menos cuestionable desde el punto de vista de la transparencia administrativa.
Este escenario de conflicto se despliega sobre un telón de fondo signado por la angustia económica más profunda. Las esposas manifestaron, con la crudeza que otorga el paso del tiempo sin soluciones, que sus cónyuges arrastran un prolongado período de aproximadamente dieciocho meses sin percibir sus haberes jubilatorios. A esa deuda principal, se suman tres aguinaldos que permanecen impagos, consolidando un panorama financiero desolador para quienes dedicaron décadas de su vida al servicio público.
Pero el cuadro se vuelve aún más complejo y sombrío cuando se incorpora a la ecuación la situación de alrededor de doscientos efectivos de la Policía provincial. Estas mujeres denunciaron que dichos agentes, habiendo iniciado los trámites pertinentes para acogerse al retiro, se encuentran hoy en un limbo legal y laboral, catalogados como «en disponibilidad». Es decir, permanecen en sus hogares sin prestar servicio activo, pero continúan percibiendo sus remuneraciones como personal en actividad, una medida excepcional prevista por la normativa que, lejos de ser una solución, evidencia la incapacidad de la Caja para hacer frente al pago de las prestaciones jubilatorias. «Presentaron la documentación exigida, pero el proceso no puede concretarse sencillamente porque la entidad carece de los recursos económicos necesarios para afrontar esas jubilaciones», precisaron las manifestantes, subrayando la paradoja de un sistema que retiene a los trabajadores en un estado de inactividad forzada por falta de dinero.
En medio de este torbellino de incertidumbre, las esposas elevaron su voz para plantear interrogantes que resuenan con fuerza en la opinión pública: ¿qué ocurrió con los aportes que durante más de tres décadas descontaron de sus salarios? El reclamo por la transparencia en el manejo de aquellos fondos se convirtió en un clamor, al constatar que actualmente no existen reservas suficientes para garantizar el beneficio previsional que, insisten, es un derecho adquirido con el sudor de años de trabajo.
La búsqueda desesperada de un diálogo
Ante la carencia de una oficina de la Caja en su ciudad de origen, las mujeres decidieron trasladarse hasta la capital provincial y presentarse en la sede del organismo con la firme intención de obtener una audiencia con los integrantes del directorio. Relataron que permanecían a la espera de una comunicación oficial por parte del presidente de la entidad para saber si sus peticiones serían finalmente atendidas.
Su presencia en las inmediaciones de una dependencia policial, lejos de ser fortuita, tuvo un motivo concreto. Según explicaron, la propia Caja habría difundido previamente una publicación en la que se hacía alusión a un supuesto temor por la integridad física de sus funcionarios ante las movilizaciones de las esposas. Aquella insinuación fue rechazada de manera categórica por las afectadas, quienes aseguraron que su único objetivo es poder mantener un diálogo constructivo y obtener respuestas claras. Enfatizaron que el último encuentro cara a cara con los directivos se había producido en el ámbito de la Legislatura, después de un prolongado período de casi un año sin contacto directo. «Estoy convencida de que jamás les he faltado el respeto», afirmó una de las portavoces, aunque no ocultó la ira y la desolación que genera la persistente falta de reacciones ante sus demandas.
El reclamo de estas mujeres, sin embargo, no se agota en la esfera administrativa, sino que se extiende hacia el Poder Judicial, cuyas decisiones vinculadas al conflicto previsional han sido objeto de duras críticas. La lentitud del sistema judicial es percibida como una condena adicional. «Nos indican que nuestros esposos deben iniciar un proceso judicial que, prácticamente, podría extenderse más de una década», se lamentaron, poniendo de relieve la paradoja de que muchos de los beneficiarios son personas de edad avanzada que no están dispuestas a aguardar un lapso tan extenso para ver reconocido un derecho que consideran irrenunciable.
El testimonio de las manifestantes concluyó con una declaración de principios que sintetiza el espíritu de su lucha. «Voy a pelear hasta el final y hasta el día que digan que mi esposo va a cobrar», sentenció una de ellas, dejando en claro que, más allá de las dilaciones administrativas o judiciales, la determinación de estas familias por obtener justicia previsional no tiene vencimiento. La crisis de la Caja, que se niega a ser un mero problema contable, se revela así como un drama humano de profundas consecuencias sociales y políticas.
