El fundador de Mercado Libre, crítico feroz de los empresarios que recurren al amparo estatal, cosecha en el primer semestre de 2026 el mayor beneficio fiscal de su historia bajo la Ley de Economía del Conocimiento, encendiendo las alarmas sobre la doble moral en la cúpula corporativa.
En una nueva entrega de la eterna contradicción entre el discurso de libre mercado y la realidad de los balances corporativos, el máximo responsable de Mercado Libre, Marcos Galperín, ha vuelto a quedar en el centro de la polémica. Mientras el ejecutivo no cesa de calificar a ciertos sectores industriales como “prebendarios” por recibir asistencia oficial, su propia compañía acaba de engrosar sus arcas con un desembolso tácito del fisco nacional, aprovechando al máximo las grietas del sistema tributario.
El informe financiero correspondiente a la primera mitad del año 2026, recientemente difundido por la firma de comercio electrónico, revela una cifra que desafía cualquier intento de pasar desapercibido: la empresa computó un alivio cercano a los 42 millones de dólares amparándose en el régimen de fomento de la Economía del Conocimiento. Este mecanismo legal, diseñado para estimular sectores de alto valor agregado, ha funcionado como un salvavidas de hierro para el gigante tecnológico, permitiéndole reducir drásticamente sus erogaciones impositivas y previsionales.
El desglose de esta ganancia indirecta muestra que el grueso del beneficio, unos 29 millones de dólares, provino de la exención en el pago del Impuesto a las Ganancias, mientras que los 13 millones restantes correspondieron a la quita de cargas patronales. Para poner en perspectiva la magnitud del ahorro, basta con mirar el espejo retrovisor: a lo largo del año previo, el acumulado por ambos conceptos apenas alcanzaba los 30 millones de dólares. El salto cuantitativo es tan abrupto que solo puede explicarse por el sensible incremento en la exención del tributo a las ganancias, dado que la porción destinada a las contribuciones sociales se mantuvo en parámetros semejantes a los del ejercicio anterior.
Este comportamiento financiero exhibe una disparidad que resulta incómoda para el discurso público del empresario. Galperín, conocido por su verbo filoso en las redes sociales y sus apariciones mediáticas, ha hecho de la crítica a la “casta” y a los “empresarios subsidiados” un estandarte de su gestión. Sin embargo, las cifras frías del balance semestral pintan un retrato opuesto: la compañía no solo acepta los beneficios del Estado, sino que los contabiliza como una pieza clave en su estrategia de rentabilidad, consolidando un ahorro que supera holgadamente el presupuesto anual de numerosas pymes del país.
Los especialistas en derecho tributario señalan que, si bien la utilización de estos incentivos es perfectamente legal, el escenario deja al descubierto una profunda hipocresía ética. Mientras se señala con el dedo a aquellos empresarios que recurren a la protección oficial para sortear crisis o mantener plantas productivas, el sector tecnológico, liderado por el unicornio argentino, se erige como el principal beneficiario de una normativa que, en su espíritu, busca justamente la competitividad que Galperín pregona. El argumento de que “lo más importante es la competitividad de las empresas” parece resquebrajarse cuando se comprueba que esa competitividad se apuntala, en gran medida, con el oxígeno de las arcas públicas.
El debate no es menor en vísperas de un nuevo año electoral, donde la presión fiscal y el rol del Estado en la economía son temas candentes. La contradicción entre el discurso de autosuficiencia y la dependencia crónica de los privilegios impositivos coloca a Galperín en una posición incómoda, obligándolo a sortear las preguntas incómodas sobre la legitimidad de su prédica. Los 42 millones de dólares en exenciones no solo representan una cifra récord en la historia de la empresa, sino también un recordatorio de que, en la práctica, el neoliberalismo militante suele convivir en perfecta armonía con el más tradicional de los rentismos estatales.
