La jueza federal Jia Cobb habilitó al fondo Titan Consortium a iniciar los trámites para intentar embargar activos soberanos en Estados Unidos por 390,9 millones de dólares, aunque la medida no implica una ejecución automática ni inmediata
La magistrada federal Jia Cobb, con despacho en los tribunales de la capital estadounidense, concedió formalmente al fondo de inversión de carácter especulativo Titan Consortium la posibilidad de poner en marcha las gestiones orientadas a confiscar propiedades de la República Argentina en territorio norteamericano. La resolución judicial, sin embargo, no representa una acción instantánea ni mucho menos un avance directo sobre bienes determinados, sino que constituye una habilitación procesal para que el demandante comience a rastrear y señalar posibles objetivos.
El propósito perseguido por el litigante, identificado habitualmente como un fondo buitre, consiste en obtener el cobro de una acreencia que asciende a 390,9 millones de dólares, suma a la que deben agregarse los intereses correspondientes. Dicho reclamo encuentra su origen en la expropiación de Aerolíneas Argentinas y su par Austral, operación que se concretó durante el año 2008. El precedente más cercano a esta clase de maniobras es el caso YPF, donde otro fondo de características similares intentó ejecutar una sentencia sobre activos nacionales.
El alcance real de la decisión judicial
Corresponde subrayar que la determinación de la jueza Cobb no conlleva una aplicación inmediata sobre cuentas bancarias, inmuebles, participaciones societarias ni ningún otro tipo de pertenencia estatal. Para que el cobro se torne efectivo, Titan Consortium deberá cumplimentar una serie de presentaciones formales exigidas por la legislación de los Estados Unidos. Esa misma normativa contempla salvaguardas destinadas a proteger los bienes de naturaleza soberana pertenecientes a la Argentina, de modo que cualquier intento de ejecución tropieza con excepciones de inmunidad y con limitaciones rigurosas.
Un camino lleno de obstáculos legales
La legislación estadounidense impone restricciones severas a este tipo de iniciativas, lo que obliga al demandante a transitar un sendero procesal complejo antes de poder concretar cualquier medida sobre el patrimonio nacional. En consecuencia, la autorización concedida por la magistrada representa apenas el primer eslabón de una cadena de instancias que podrían dilatarse y que, en los hechos, no garantizan que el fondo logre su cometido. La identificación de activos argentinos disponibles para embargo constituye, por ahora, la única facultad que el fallo pone al alcance del reclamante.
El contexto de la disputa
La disputa se remonta a la decisión del Estado argentino de recuperar el control de Aerolíneas Argentinas y Austral, compañías que habían sido entregadas a manos privadas en la década de 1990 y que atravesaban una situación crítica al momento de la reestatización. Aquella medida, adoptada en 2008, derivó en reclamos judiciales por parte de tenedores de títulos de deuda y accionistas minoritarios que consideraron afectados sus intereses. Titan Consortium adquirió esos derechos de crédito y ahora procura hacerlos valer ante la justicia norteamericana, aunque deberá sortear las barreras que el propio ordenamiento jurídico de ese país interpone frente a los intentos de confiscación de bienes soberanos.
