El Frente Sindical de Universidades Nacionales anunció un cese de actividades de hasta 72 horas a partir del 30 de septiembre, en reclamo de la recomposición salarial del 33,4 por ciento que ordena la Ley de Financiamiento Educativo. La medida busca motorizar la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para el 15 de octubre, en un contexto de incumplimiento judicial y presupuestario.
En un nuevo capítulo del conflicto que enfrenta al sistema universitario nacional con el Poder Ejecutivo, el Frente Sindical de Universidades Nacionales (CONADU) comunicó que los docentes llevarán adelante un paro a partir del miércoles 30 de septiembre, el cual podría prolongarse por espacio de 48 a 72 horas. La determinación, dada a conocer mediante un comunicado difundido en las últimas horas, abarca a instituciones de todo el territorio argentino y se inscribe en el plan de lucha que el sector viene desplegando para exigir al gobierno de Javier Milei el otorgamiento del incremento salarial que corresponde conforme a lo estipulado por la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria (LFEU).
De acuerdo con lo establecido por el gremio, el martes 29 constituye la fecha límite para que la administración nacional cumpla con la recomposición del 33,4 por ciento que reclama el personal universitario, tanto docente como no docente. En caso de no obtener una respuesta satisfactoria, la interrupción de las tareas se tornará efectiva y su extensión quedará sujeta a definición. Este aumento representa, según la organización sindical, la recuperación del poder adquisitivo que el sector ostentaba hasta la llegada del libertario al poder, en noviembre de 2023.
La LFEU, sancionada por el Congreso de la Nación tras sobreponerse al veto presidencial, dispone dicha actualización. Sin embargo, el mandatario acumula más de 330 días de incumplimiento de la decisión adoptada por el Poder Legislativo. La postura del gobierno no solo contradice el voto de diputados y senadores, sino que además desatiende los fallos del Poder Judicial, que en innumerables oportunidades ha resuelto que la gestión debe transferir los fondos a los rectores para afrontar las actualizaciones salariales y los gastos de funcionamiento, los cuales atraviesan una situación crítica.
En ese marco, la semana pasada el juez federal Martín Cormick intimó al Gobierno de Javier Milei a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario en un plazo perentorio de cinco días. El magistrado advirtió que, de no mediar acatamiento, aplicará astreintes —condenas pecuniarias— por cada jornada de demora a los funcionarios de la Rosada.
Para la secretaria general de CONADU, el contexto reviste una gravedad singular. “Lo colectivo está bajo asedio”, sostuvo la dirigente, quien consideró que “es nuestra tarea, a contrapelo de este momento histórico, construir y fortalecer lo colectivo”. En esa dirección, aseguró que “sabemos que en la unidad hay un antídoto importante contra la fragmentación e individualismo impuestos por el gobierno de Milei”.
El sindicato también informó que, además de las jornadas de paro, se desarrollarán acciones de agitación y visibilización del conflicto con el propósito de construir una masiva marcha universitaria en todo el país. En ese sentido, los referentes gremiales subrayaron la relevancia del acompañamiento social a la quinta Marcha Federal, tal como ocurrió en las ediciones precedentes. Para la entidad, la concentración debe poner nuevamente en escena la situación crítica del sistema universitario nacional, no solo por el incumplimiento de la norma sino también por las consecuencias que acarrearía el proyecto de Presupuesto 2027.
Según la visión de CONADU, el presupuesto para el año entrante, ya enviado por Milei al Congreso y en tratamiento en las comisiones de la Cámara baja, representa un nuevo golpe de La Libertad Avanza contra los universitarios. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) estimó que los recursos que el libertario planea destinar a las casas de altos estudios son un tercio inferiores a los necesarios para su funcionamiento. Mientras el texto fija un presupuesto anual de 7,3 billones de pesos, el CIN advierte que la cifra debería ascender a 11 billones. Por tal motivo, la organización anticipó que “se llevarán adelante articulaciones parlamentarias con diputados y senadores de las distintas provincias”.
