Cierre Definitivo de la Cárcel de Devoto: Traslados Apresurados y un Futuro Inmobiliario en Disputa

Cierre Definitivo de la Cárcel de Devoto: Traslados Apresurados y un Futuro Inmobiliario en Disputa

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció la clausura del histórico penal porteño un día después de la visita del Papa León XIV, mientras persisten las denuncias por irregularidades en los operativos y se abre un nuevo conflicto por el destino de las 4,6 hectáreas.

Apenas transcurridas poco más de veinticuatro horas desde que el sumo pontífice recorriera las instalaciones del histórico penal de Devoto, el gobierno porteño concretó este jueves el traslado de los últimos sesenta y nueve internos que permanecían alojados en el establecimiento. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, fue la encargada de comunicar la noticia a través de sus redes sociales con un escueto mensaje: “¡Devoto cerrado!”, poniendo fin a lo que describió como años de promesas incumplidas. Los mismos detenidos que el miércoles compartieron sus historias personales con León XIV, ataviados con vestimenta blanca y representados por tres delegados elegidos para la ocasión, abandonaron la prisión un día después vestidos con ropa de uso cotidiano y a bordo de dos micros del Servicio Penitenciario Federal, con destino a la nueva cárcel de Marcos Paz.

El operativo, que comenzó pasadas las tres y media de la tarde, contó con la presencia de móviles televisivos y se desarrolló en un clima notablemente distinto al de las semanas previas. A diferencia de los traslados masivos de octubre, que habían generado fuertes cuestionamientos por la dureza de los procedimientos y la difusión de imágenes de detenidos esposados y cargados en los vehículos como animales, en esta oportunidad las autoridades parecieron optar por un perfil más bajo. El anuncio en redes sociales se limitó a un video con un plano abierto de la salida del último contingente, un gesto que algunos interpretaron como un intento de guardar cierto decoro ante la reciente presencia del Papa en el lugar.

Sin embargo, las denuncias por las irregularidades cometidas durante los operativos de octubre continúan vigentes y sin resolución. La Asociación Civil de Familiares de Detenidos ha reiterado que muchas familias permanecieron casi una semana sin conocer el paradero de sus seres queridos, y que las pertenencias y medicamentos de los presos fueron secuestrados, comenzando a ser recuperados recién diez días después de los traslados. Este mismo miércoles, mientras el pontífice hablaba a los internos sobre la posibilidad de reinserción a través de la educación, la organización denunciaba que varias de estas situaciones aún no habían sido regularizadas. En la nueva prisión de Marcos Paz, además, persiste la incertidumbre sobre cómo se garantizará la continuidad educativa de aquellos detenidos que cursaban estudios en el histórico Centro Universitario Devoto.

Con la clausura definitiva del complejo penitenciario, se abre un nuevo frente de conflicto en torno al destino de un predio de 4,6 hectáreas que despierta un notable interés en el sector inmobiliario. La intención oficial consiste en destinar el treinta y cinco por ciento del terreno a la construcción de edificios, reservando el sesenta y cinco por ciento restante para un espacio público. Para que ello sea posible, la Legislatura deberá definir primero la zonificación de las tierras, ya desafectadas de su uso penitenciario, y se espera que el Ejecutivo porteño remita el proyecto definitivo en los próximos meses. De aprobarse, quedaría habilitada la venta de los espacios destinados a los edificios, lo que plantea un interrogante adicional: quién estará a cargo de enajenar esas tierras.

El predio continúa siendo de propiedad nacional, y la vía más expedita sería que el propio gobierno de Javier Milei subastara los terrenos, posibilidad que los incluiría en el paquete de más de ciento ochenta bienes públicos que el Ejecutivo ya vendió o planea vender en todo el país a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Alternativamente, los terrenos podrían ser cedidos a la Ciudad en el marco de las negociaciones por el convenio que derivó en la construcción de la nueva cárcel de Marcos Paz, obra para la cual el Gobierno porteño aportó sesenta millones de dólares sin que hasta el momento existan precisiones sobre cómo recuperará esa inversión.

Mientras tanto, la resistencia contra la venta de las tierras comienza a tomar forma. A mediados del año pasado, el grupo vecinal Devoto Unido presentó un proyecto que busca catalogar el predio como Urbanización Parque, con destino a la creación del Parque Devoto, un nuevo espacio verde de uso público, acceso libre y gratuito. La iniciativa contempla destinar la totalidad del terreno al espacio verde, con excepción de tres estructuras que se buscaría conservar y poner en valor: el tradicional tanque de agua que sobresale sobre el complejo penitenciario, el Pabellón de Ingreso hacia la calle Bermúdez y el edificio del Pabellón Séptimo, que sería resguardado como sitio de memoria de la masacre juzgada el año pasado. A este proyecto se sumó esta semana otra iniciativa presentada por la oposición, con la firma del legislador Andrés La Blunda, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, que propone destinar las tierras a un parque que incluya el Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos ex-Cárcel de Devoto. El texto de la iniciativa prevé la protección del espacio del Pabellón Séptimo y de los pabellones de expresas políticas, además de las celdas de emergencia, tortura y castigo que funcionaron en Devoto durante la última dictadura cívico-militar.

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