Mientras las familias damnificadas aún esperan respuestas, los fondos anunciados por el Gobierno nacional se redujeron a menos de la mitad y miles de solicitudes de ayuda fueron desestimadas sin explicaciones convincentes
La peor catástrofe hídrica registrada en la historia de Bahía Blanca dejó una marca que el tiempo todavía no logró borrar. Aquel 7 de marzo de 2025, una seguidilla de tormentas descargó más de 350 milímetros en apenas doce horas y sumergió a la ciudad en un escenario de destrucción sin precedentes. El saldo fue devastador: dieciocho vidas perdidas, un sistema de desagües colapsado y millares de residentes obligados a abandonar sus hogares. Soledad Herrero, una jubilada de setenta y cinco años, figura entre quienes lograron ponerse a salvo gracias a la solidaridad de sus vecinos, aunque debió resignar casi todo lo que poseía. «Sólo pude salvar sillones y un televisor chiquito», relata con resignación.
El paso del tiempo no trajo alivio. Esta mujer, que percibe el haber mínimo, todavía no consigue rearmar su vida. Para reparar las paredes de su vivienda debió contraer deudas con parientes y conocidos, y aunque el Estado creó un programa de subsidios para los damnificados, su pedido fue desestimado. «Me conformaba con 2 millones de pesos, pero ya pasó mucho tiempo y no tengo más esperanzas», confiesa. Su caso no constituye una excepción, sino un reflejo de lo que ocurrió con miles de solicitudes que nunca obtuvieron una respuesta favorable.
Los registros oficiales a los que accedió este medio revelan que 4.655 pedidos del Subsidio Único de Reconstrucción fueron rechazados. Este instrumento había sido creado días después de la inundación para asistir a los afectados, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación, entonces conducido por Patricia Bullrich, actual jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado. Sobre un total de 41.636 solicitudes presentadas, se aprobaron 36.981. Los montos oscilaban entre los 2 y los 3 millones de pesos, según el nivel de daño y las zonas alcanzadas, una cifra que resultaba insuficiente para reconstruir viviendas arrasadas, mucho más cuando además de los problemas estructurales había que reponer electrodomésticos o mobiliario básico.
Matías Torres, responsable del proyecto «Ciudadano Bahiense», acompañó a cientos de vecinos en el proceso de inscripción y sostiene que la ayuda, si se decide otorgar, debe ser organizada y contemplar las particularidades de cada propiedad afectada, aunque demande más tiempo. Su testimonio deja entrever que la lógica del reparto estuvo lejos de responder a las necesidades reales de la comunidad.
El Gobierno de Javier Milei había comprometido 200 mil millones de pesos en asistencia directa, pero terminó ejecutando menos de la mitad: 82.604 millones. Tampoco arribaron los 26 mil millones prometidos por Bullrich para comerciantes y empresas, según declaró el intendente bahiense Federico Susbielles. La Cámara de Comercio y la Corporación del Comercio, Industria y Servicios de Bahía Blanca respaldaron esa versión y, durante la reciente visita presidencial a la ciudad, entregaron un petitorio formal reclamando esos fondos. La entidad advirtió que el fondo de asistencia económica para las pymes locales, que debía canalizarse mediante subsidios y beneficios impositivos, nunca fue puesto en práctica, y subrayó que la realidad cotidiana del sector exige medidas concretas, ágiles y de aplicación inmediata para evitar nuevos cierres definitivos.
A través del decreto 238/25, oficializado el 31 de marzo de 2025, el Ejecutivo nacional había creado un fondo especial de asistencia directa de hasta 200 mil millones de pesos, destinado a otorgar subsidios a los residentes de viviendas afectadas. Se trataba de una prestación monetaria no contributiva, fija en pesos, por única vez y orientada a compensar pérdidas materiales. Sin embargo, en septiembre de 2025, una semana después de que La Libertad Avanza ganara las elecciones legislativas provinciales en Bahía Blanca, un nuevo decreto recortó 100 mil millones de pesos, es decir, la mitad de los fondos previstos. Según el último informe de gestión del exjefe de Gabinete Manuel Adorni ante la Cámara de Diputados, sólo se pagaron 82.604 millones. Al ser consultado por la diputada dialoguista Karina Banfi, el Ejecutivo respondió que tras el proceso de evaluación se contabilizaron 4.655 solicitudes rechazadas por incumplimiento de requisitos previos, aunque evitó explicar el destino de los fondos sobrantes.
En paralelo, el Gobierno de Milei vetó en junio de 2025 una ley aprobada por amplia mayoría en el Congreso que declaraba la emergencia en Bahía Blanca y creaba un fondo especial por 200 mil millones de pesos para la reconstrucción. El argumento esgrimido fue que la norma no especificaba el origen de los recursos, una justificación recurrente en la Casa Rosada. Este medio intentó comunicarse con autoridades del Ministerio de Seguridad, del cual dependían los subsidios, pero no obtuvo respuestas.
Detrás de las cifras aparecen las historias. Marita Aure, una jubilada de sesenta y nueve años, se encontraba fuera de la ciudad cuando ocurrió el temporal y le costó regresar debido al corte de rutas. Al llegar contempló la devastación: automóviles incrustados en viviendas, puentes derrumbados y barro imposible de limpiar. La casa de su suegra fallecida, hoy habitada por un sobrino, quedó completamente anegada. Inició entonces un peregrinaje para solicitar el subsidio, con resultados infructuosos. «Se pedía por internet y había una línea telefónica. Yo tuve la suerte de poder comunicarme, hicimos las consultas y me tomaron el pedido. Dijeron que una cuadrilla del Ministerio de Seguridad o el Ejército iba a constatar el estado de la propiedad y la documentación», recuerda. Nada de eso ocurrió. «No tuvimos respuesta, aparecía ‘solicitud en análisis’, y luego ‘rechazado’. Nunca nos respondieron por qué», lamenta.
Para Aure, el ajuste de fondos destinados a la reconstrucción está en sintonía con una política de gobierno donde el ser humano no importa y las personas son apenas un número. «No sé a dónde fue a parar todo el dinero que anunciaron, pero acá no llegó. La ciudad sigue devastada, a Milei y al Gobierno no les importa. Y el municipio podría haber reclamado un poco más», afirma.
El costo de la reconstrucción, calculado por las autoridades locales en marzo de 2025, ascendía a unos 400.000 millones de pesos para obras clave como el nuevo canal Maldonado, que colapsó, y la contención del arroyo Napostá, que desbordó. También debía reconstruirse el hospital José Penna, una obra que requería 25.000 millones de pesos. Sin embargo, la Nación sólo dispuso un fondo directo de 10.000 millones, transferido a la Provincia de Buenos Aires, que lo consideró insuficiente. Un ministro del gobierno bonaerense calificó de irrisorio que se pretenda arreglar una tragedia de semejante magnitud con 80 mil millones de pesos y remarcó que no se hizo cargo de nada, que la responsabilidad no puede terminar en un subsidio directo que no llegó en tiempo y forma. Agregó que hay miles de obras pendientes y que unas cien instituciones, entre bibliotecas, escuelas y clubes, sufrieron perjuicios muy graves.
A este panorama se suma una situación llamativa: el Ministerio de Defensa comenzó a cobrar en 2025 por los puentes de emergencia instalados en la ciudad e instó al municipio a firmar un convenio y pagar unos 17 millones de pesos por cada estructura, más adicionales por mantenimiento. En su último informe ante Jefatura de Gabinete, Defensa admitió el cobro en medio de la emergencia con un argumento singular: las estructuras desplegadas no deben categorizarse como puentes de emergencia de naturaleza civil, sino que constituyen puentes tácticos de uso militar y forman parte del patrimonio estratégico del instrumento militar, diseñados para operaciones de defensa y no para sustituir la infraestructura vial urbana. Según la cartera, se trata de un apoyo inicial temporal que puede extenderse, pero requiere un marco legal específico que delimite costos de operación y mantenimiento, ya que son equipos de alto costo, de reposición lenta y especializada, cuyo stock es limitado.
Mientras tanto, la comunidad intenta hacer pie. Los comerciantes que cuestionaron al Gobierno por la falta de asistencia sostienen que la ciudad viene enfrentando las consecuencias acumuladas de dos graves tragedias y advierten que a ese escenario se suma una compleja situación económico-social que impacta en las pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales realizan un enorme esfuerzo para sostener sus puertas abiertas, conservar fuentes de trabajo y desarrollar su actividad.
Soledad Herrero, la jubilada que apenas pudo rescatar unas pocas pertenencias cuando bajó el agua, recibió ayuda de fundaciones y organizaciones no gubernamentales que le donaron una heladera y muebles. «Son cosas básicas, otras me las prestaron, porque no puedo comprar nada», se lamenta. Cada mes destina más de 200 mil pesos de su jubilación mínima, que ronda los 500 mil, para saldar las deudas contraídas. «Tengo que comer arroz y fideos para llegar a fin de mes, la poca platita que tenía ahorrada la usé para comprar algunos materiales para las reparaciones», agrega. «Nos prometieron un subsidio pero no nos dieron nada», concluye con angustia. Marita Aure coincide: «Es un acto de injusticia que no nos hayan otorgado los subsidios».
