En medio de un cese operativo que se extiende por casi una semana y con la flota en tierra, los extrabajadores que representan casi la mitad de la antigua dotación de la firma low cost denuncian el incumplimiento de los acuerdos salariales y de retiro, al tiempo que cuestionan la pasividad de la ANAC frente a los reiterados incumplimientos de la concesionaria.
En el ojo de una tormenta que parece no tener fin, el conflicto que envuelve a la aerolínea de bajo costo Flybondi se profundiza y adquiere nuevas aristas, escalando desde el terreno operativo hacia el plano judicial y laboral. Lo que hasta hace unos meses era la principal empresa del segmento económico en el transporte aéreo argentino, hoy enfrenta un escenario de virtual parálisis que no solo mantiene en tierra su flota por sexto día consecutivo, sino que además ha desatado una oleada de reclamos formales por parte de su personal cesante. En este contexto, un colectivo conformado por más de setecientos extrabajadores, cifra que representa aproximadamente la mitad de la nómina que la compañía poseía hasta hace pocos meses, ha decidido alzar la voz y dar batalla en los estrados judiciales ante la persistente demora en el abono de las indemnizaciones y los pactos de retiro voluntario suscritos hace ya más de tres meses.
La situación que atraviesan estos exempleados es el reflejo más crudo de la debacle interna que sufre la empresa. Según los testimonios recabados y la documentación que respalda la acción legal emprendida, los acuerdos firmados en su momento para desvincular al personal de manera consensuada han quedado reducidos a meros papeles sin efecto, ya que los plazos estipulados para la liquidación de los haberes correspondientes se han incumplido de manera flagrante. Los afectados, que en su mayoría pertenecen a diversas áreas operativas y administrativas, argumentan que la firma no ha honrado ni una sola de las cuotas pactadas, dejando a cientos de familias en una situación de vulnerabilidad económica extrema, agravada por la inflación y la pérdida del poder adquisitivo en el período transcurrido desde que cesaron sus funciones.
Este reclamo laboral se superpone con un preocupante vacío de autoridad que los denunciantes atribuyen a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Los extrabajadores han expresado con dureza su malestar no solo hacia la conducta empresarial, sino también hacia lo que perciben como una tolerancia injustificada por parte del organismo regulador. En su escrito, los exempleados remarcan con insistencia que la entidad estatal continúa dando el visto bueno a los planes operativos de Flybondi, a pesar de que existen infracciones verificadas en múltiples frentes, que van desde el incumplimiento de normativas laborales hasta la falta de garantías para la continuidad del servicio público que presta. La pregunta que resuena entre los perjudicados es cómo se puede autorizar el despegue de aeronaves o la comercialización de pasajes cuando la estructura organizacional y financiera de la compañía muestra signos evidentes de descomposición.
El prolongado cese de actividades, que ya acumula casi una semana sin que se registre un solo movimiento de sus aviones en las pistas del país, ha puesto en evidencia la gravedad de la crisis que atraviesa la llamada «bandera de las low cost». Fuentes del sector señalan que esta parálisis operativa no es un hecho aislado, sino la consecuencia de un deterioro progresivo que ha afectado la disponibilidad de aeronaves, la gestión de repuestos y, fundamentalmente, la liquidez necesaria para afrontar los compromisos adquiridos tanto con el personal como con los acreedores y proveedores. En este marco, la decisión de los exempleados de hacer público su reclamo este lunes no fue casual; se trata de un intento por visibilizar el costado humano de una crisis que hasta ahora había sido relatada mayoritariamente desde la óptica de la cancelación de vuelos y la devolución de boletos.
La magnitud del problema salta a la vista cuando se analiza la cifra de afectados. Más de setecientas personas, que en su momento constituyeron el engranaje esencial para que la aerolínea pudiera ofrecer sus servicios, hoy se encuentran en el limbo legal y financiero. Este número, que equivale a casi la mitad de la plantilla total con la que contaba Flybondi en sus momentos de mayor expansión, da cuenta de una sangría de talento humano que no ha sido gestionada de manera responsable. Los extrabajadores denuncian que, lejos de encontrar una solución negociada, se han topado con una muralla de silencio y evasivas por parte de los directivos, lo que los ha impulsado a radicalizar sus medidas y buscar el amparo de la justicia para que se ejecuten los pagos adeudados.
Mientras tanto, la ANAC se encuentra en el centro de la controversia. El reclamo formal de los exempleados pone el foco en la falta de sanciones ejemplificadoras que podrían haber disuadido a la empresa de continuar con sus malas prácticas. Los denunciantes sostienen que la aprobación acrítica de los planes de vuelo, sin exigir el cumplimiento previo de las obligaciones laborales y previsionales, configura una suerte de complicidad que alienta la impunidad. Este cuestionamiento no es menor, ya que pone en tela de juicio la capacidad de control del Estado sobre un servicio que, por su naturaleza, es estratégico y requiere de un estricto marco de regulación para garantizar la seguridad jurídica de los trabajadores y la tranquilidad de los pasajeros.
A lo largo de los últimos meses, este diario había dado cuenta, a través de informaciones provenientes de distintas fuentes cercanas al expediente, de las dificultades financieras que atravesaba la compañía y de los primeros indicios de demoras en los pagos. Sin embargo, hasta el día de hoy no se había podido cuantificar con precisión el alcance del problema ni la organización gremial que comenzaba a gestarse entre los perjudicados. La decisión de los extrabajadores de unificar criterios y presentar una denuncia colectiva marca un antes y un después en el conflicto, ya que les otorga una mayor capacidad de presión y visibilidad mediática, elementos que consideran indispensables para romper el cerco de indiferencia que, según afirman, han sufrido hasta ahora.
El escenario que se vislumbra es incierto. Mientras la justicia laboral comienza a recibir los expedientes y a analizar la viabilidad de las medidas cautelares solicitadas, la empresa sigue sin dar señales de un despegue inminente de sus operaciones aéreas. La acumulación de problemas, que van desde la falta de pago a los proveedores de combustible hasta la retención de aeronaves por parte de arrendadores, sugiere que la solución del conflicto laboral es solo una pieza más de un rompecabezas que parece haber perdido su forma original. Para los setecientos extrabajadores, la prioridad es clara: cobrar lo que legítimamente les pertenece y que les permita rehacer sus vidas profesionales, mientras el país observa con atención cómo se resuelve el destino de la principal aerolínea económica del mercado doméstico.
