Con un ajustado margen de 130 voluntades afirmativas frente a 106 rechazos y 7 abstenciones, la Cámara Baja convirtió en proyecto de ley el denominado «Súper RIGI», un andamiaje jurídico que concede beneficios extraordinarios en materia tributaria, aduanera y cambiaria por treinta años exclusivamente a los desembolsos superiores a los mil millones de dólares. La iniciativa, defendida por el oficialismo, desató un encendido debate en el recinto, donde la oposición advirtió que se trata de un acto de entrega de la soberanía económica a cambio de una promesa de inversión que licúa las regalías y anula la competencia local.
En una jornada parlamentaria signada por la tensión y el fragor de los argumentos encontrados, el recinto de la Cámara de Diputados se convirtió en el escenario de una definición política crucial para el rumbo económico del país. Con el conteo reglamentario finalizado, el oficialismo logró imponer su mayoría circunstancial para otorgar media sanción al polémico Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, conocido en el argot legislativo como el «Súper RIGI». El proyecto, que ahora girará al Senado para su tratamiento particular, obtuvo 130 sufragios positivos, 106 negativos y la abstención de 7 legisladores, un número que refleja la aguda polarización que atraviesa la cámara baja frente a la política económica del gobierno de Javier Milei.
El núcleo duro de la iniciativa radica en la creación de un ecosistema de excepción pensado a la medida de los consorcios transnacionales. La letra fría de la ley establece que solo aquellos emprendimientos que acrediten inversiones por encima del umbral de los 1.000 millones de dólares podrán acogerse a un paraguas proteccionista que les asegura, por el lapso de tres décadas, una estabilidad fiscal blindada, exenciones arancelarias para la importación de bienes de capital y la libertad absoluta para girar divisas al exterior sin las restricciones que pesan sobre el resto de los actores económicos. Este andamiaje normativo, lejos de ser un estímulo general a la producción, fue concebido como un corredor VIP para un puñado de corporaciones, consolidando un régimen de privilegios que contrasta brutalmente con la realidad de un tejido productivo diezmado.
La voz cantante de la oposición la puso la diputada nacional Roxana Monzón, representante de Unión por la Patria, quien desde el atril fue el altavoz de una ciudadanía que observa con estupor la concesión de ventajas monopólicas mientras el día a día se vuelve una odisea. «Lo que aquí se está votando es la consolidación de la grieta más profunda de nuestra historia reciente: le otorgan estabilidad jurídica y cambiaria a los grandes capitales, pero siembran la incertidumbre más absoluta entre los millones de argentinos que ya no saben si podrán afrontar el pago del alquiler, si tendrán que bajar la persiana de su comercio de toda la vida o si simplemente podrán poner alimentos sobre la mesa mañana», disparó la legisladora, quien además puso el foco en la situación de desamparo de nuestros adultos mayores. «Los jubilados, que son la memoria viva de esta nación, hoy libran una batalla cotidiana para reunir el dinero que les permita adquirir los tres fármacos imprescindibles para mantener con vida su corazón o su riñón; mientras tanto, el Estado se apresta a regalarles estabilidad fiscal a quienes ya tienen sus cuentas repletas en paraísos fiscales», enfatizó.
El discurso de Monzón no fue un mero ejercicio retórico, sino que se asentó sobre un diagnóstico implacable respecto de la naturaleza del proyecto en tratamiento. Lejos de perseguir el anhelado desarrollo endógeno o el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, que históricamente han sido el motor del empleo argentino, la ley erige un sistema de excepción que opera como un blindaje para los monopolios. «Este es un estatuto fraguado en la oscuridad para un círculo rojo de grandes holdings que recibirán condecoraciones impositivas que jamás alcanzarán ni el almacenero de barrio, ni el industrial textil, ni el trabajador de la construcción. Es el reconocimiento explícito de que hay argentinos de primera y argentinos de segunda», sentenció.
En este punto, la diputada trazó un paralelismo escalofriante con la realidad económica inmediata, recordando el saldo demoledor de la gestión actual. «No perdamos de vista el cementerio de empresas que ya ha dejado este modelo. Desde que Javier Milei ocupa la Casa Rosada, han echado el cierre 26.500 firmas, y dentro de esa cifra macabra, el 98 por ciento corresponde a PyMEs. Ese es el telón de fondo sobre el cual esta administración decide, sin ningún rubor, conceder estabilidad tributaria y ventajas cambiarias por los próximos 30 años a los inversores foráneos que menos necesitan del amparo estatal», razonó, dejando en evidencia la contradicción entre el discurso de la motosierra para los sectores populares y la alfombra roja para el capital financiero.
Los representantes de Unión por la Patria insistieron en que este expediente legislativo no es un hecho aislado, sino la continuidad lógica de una hoja de ruta que viene recortando derechos esenciales. «Este proyecto es el eslabón perdido que conecta el brutal ajuste sobre los haberes jubilatorios, el desfinanciamiento de las universidades públicas, el vaciamiento de la ciencia y la técnica y el desguace del sistema de salud, con la entrega del patrimonio nacional a las transnacionales. El mensaje que envía el Poder Ejecutivo es cínico y descarnado: ajuste feroz para los hogares de la clase media y trabajadora; alfombra de terciopelo y exenciones fiscales para los grandes tiburones del mercado internacional», manifestó con crudeza la diputada.
En el tramo final de su alocución, Monzón lanzó un interrogante que resonó con fuerza en las bancas de la oposición, desafiando la lógica simplista que suele empantanar el debate. «La pregunta que intentan colarnos es falaz: no se trata de estar a favor o en contra de las inversiones. La cuestión medular, la que debería mantenernos en vela a todos los argentinos, es otra: ¿cuál es el precio real que pagamos por estos desembolsos? ¿Cuánto vale nuestra dignidad al renunciar a las regalías que nos corresponden por la extracción de nuestros recursos? ¿Cuánto cuesta entregar a los proveedores locales y nacionales, condenando a nuestras cadenas de valor a la extinción? ¿Cuánto vale someter nuestros conflictos a tribunales arbitrales extranjeros, renunciando a la potestad de que sea un juez argentino quien dirima las controversias en nuestro propio territorio? Porque si algo caracteriza a un capital serio y responsable es que no necesita de la impunidad para florecer; el que exige privilegios es el que teme a la competencia leal», concluyó, generando un murmullo de aprobación entre los legisladores del bloque peronista.
Con esta media sanción, el oficialismo da un paso firme hacia la sanción definitiva de una norma que redefine el contrato social entre el Estado y el capital. Sin embargo, el Frente de Todos ha dejado claro que su voz no se apagará en el Senado, y que seguirá siendo el bastión de la defensa de la soberanía económica, el trabajo nacional y el porvenir de las grandes mayorías. «Argentina necesita reglas claras, horizontales y previsibles para todos los actores, no concesiones vejatorias para unos pocos elegidos», sentenciaron desde la bancada opositora, augurando una batalla campal en la Cámara Alta. Por ahora, el dictamen queda en suspenso, pero el debate sobre el modelo de país que queremos sigue más candente que nunca.
