Una semana después de los sismos que redujeron a escombros el litoral central, los equipos de rescate internacionales confirman el giro definitivo de su misión. Mientras las cifras oficiales de fallecidos ascienden a 2.295 y los desaparecidos superan los 50.000, el operativo humanitario se transforma en una angustiosa contrarreloj por recuperar cuerpos, en medio de la desesperación de miles de familias que claman por un entierro digno y la creciente amenaza de una crisis sanitaria y social sin precedentes.
El estruendo de los escombros al caer ya no es el preludio de un rescate, sino el sonido monótono y pesado de la maquinaria pesada que remueve toneladas de hormigón en busca de algo que ya no late. Una semana exacta después de que dos violentos temblores de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieran la fachada marítima de Venezuela, el paisaje en el estado La Guaira ha mutado de manera brutal. Donde antes reinaba la frenética urgencia por hallar un suspiro de vida entre las grietas, hoy impera un silencio sepulcral, apenas interrumpido por el rugido de las retroexcavadoras y el llanto contenido de quienes deambulan entre cascotes con la única misión de encontrar un rostro conocido para poder decir adiós.
El operativo internacional, que en sus días álgidos movilizó a más de dos mil rescatistas, cerca de ciento sesenta canes especializados en rastreo y delegaciones provenientes de veintisiete naciones, ha virado su objetivo de manera tajante. La fase de esperanza ha cedido su lugar a la de la constatación forense. Lo confirma Javier Rodes, coordinador de un equipo de socorro español, al señalar que la inmensa mayoría de las edificaciones que colapsaron ya han sido inspeccionadas minuciosamente. La evidencia de este rastreo se plasma en las fachadas de los bloques derruidos, donde una letra mayúscula, la «D» inicial de la palabra dedied (muerto), ha sido estampada como un fatídico certificado de defunción arquitectónico. Esta marca, fría y burocrática, anuncia a los transeúntes y a los familiares que en ese punto ya no se perderá el tiempo, que no quedan resquicios para el milagro. En ciertos inmuebles, la advertencia se agrava con una «X» y la orden lapidaria de «demoler», ante el inminente peligro de nuevos desplomes que amenazan con engrosar la ya de por sí abrumadora lista de víctimas.
Sin embargo, la razón humanitaria que dicta la lógica de los equipos de emergencia choca de frente con la fe y la desesperación visceral de los deudos. A pesar de que las posibilidades de localizar a alguien con vida son científicamente nulas, decenas de familias se aferran a los escombros como si el tiempo se hubiera detenido el día de la catástrofe. Helén Guedez es una de ellas, una mujer que, con las manos ensangrentadas y la mirada perdida, insiste en remover el cemento donde alguna vez estuvo el hogar que compartió con su progenitor, su hermana y su abuela. El edificio ya está marcado con la ominosa «D», pero ella se niega a claudicar, exigiendo a los operarios de la retroexcavadora que continúen su labor hasta que los restos de su linaje sean extraídos de esa prisión de concreto.
Esta escena se repite con idéntica crudeza en cada rincón de Caraballeda y Catia La Mar. Gabriela Pérez, cuyo corazón está partido en pedazos, vaga entre los restos de cuatro bloques desmoronados en busca de sus cuatro hijos y su madre, mientras José Rafael Cumare alza su voz con un reclamo que se ha vuelto común entre los afectados: «Aquí no salen ni vivos ni muertos». Su ruego es el mismo que el de Gladys Barrios, una anciana de 76 años que, con la entereza que dan los años, exige que los cuerpos sean rescatados para que las familias puedan, al menos, tener un motivo físico para su duelo. La paciencia se agotó definitivamente después de que varios equipos extranjeros descartaran cualquier señal de vida tras largas horas de trabajo. En uno de los episodios más desgarradores, rescatistas estadounidenses emplearon tecnología de vanguardia, con cámaras de visión envolvente y equipos acústicos de alta sensibilidad, para rastrear un leve sonido similar a golpes en una tubería dentro del complejo Aguja Azul. Tras seis horas de titánica labor, el silencio se impuso de manera absoluta, forzando la suspensión del operativo con la explicación de que, ante la ausencia de estímulos vitales, la perseverancia se tornaba en una vana ilusión.
En medio de este océano de tragedia, un único destello de luz ha logrado perforar la oscuridad: el rescate milagroso de un infante de apenas tres años de edad por parte de una dotación jordana. Este episodio excepcional, casi sobrenatural, encendió por unas horas la llama de la esperanza entre las multitudes que aún aguardaban noticias, aunque pronto fue apagada por la cruda realidad de que se trató de una anomalía en medio de la estadística implacable de la muerte.
Las propias cifras oficiales, que el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez maneja con cautela, ofrecen una perspectiva escalofriante de la magnitud del vacío demográfico. Según los registros, el día de los sismos se contabilizaban alrededor de treinta mil personas en La Guaira; de ellas, apenas 6.461 fueron rescatadas con vida y algo más de trece mil lograron escapar por sus propios medios o con auxilio de vecinos. El paradero del resto permanece en un limbo de información que alimenta las estimaciones de Naciones Unidas, que habla de unos 50.000 desaparecidos. La mandataria interina, al decretar siete jornadas de duelo nacional, expresó que la nación entera tiene el alma desgarrada por la magnitud de las pérdidas humanas, aunque sus palabras no logran mitigar el dolor de quienes excavan en el polvo con las manos desnudas.
Con las labores de rastreo de supervivientes prácticamente clausuradas, el foco de atención de las agencias internacionales y las autoridades locales se ha desplazado hacia el abismo de la emergencia humanitaria que comienza a engullir a los sobrevivientes. Millares de personas permanecen hacinadas en estacionamientos, canchas deportivas y campamentos improvisados, expuestas a la intemperie y a la crudeza del sol caribeño, sin acceso regular a agua potable, alimentos o un refugio digno. El testimonio de Fátima Berroterán, vecina de un edificio severamente dañado, revela la precariedad de la situación: el sol abrasador castiga sin piedad a los damnificados, la mayoría carece de carpas, y los medicamentos escasean mientras las personas con discapacidad quedan en el más absoluto desamparo.
Mientras el gobierno habla de unos dieciséis mil afectados directos, los cálculos de la ONU elevan la cifra a niveles catastróficos, sugiriendo que cerca de siete millones de personas han sufrido el impacto en distintos grados, lo que desborda cualquier capacidad de respuesta local. El Programa Mundial de Alimentos ya ha solicitado una partida de 50 millones de dólares para asistir durante un trimestre a medio millón de personas, pero el Alto Comisionado para los Refugiados advierte que los recursos son manifiestamente insuficientes y que ya comienzan a gestarse tensiones sociales por el reparto de la ayuda. A este panorama desolador se suma el acecho de una crisis sanitaria, pues la Organización Mundial de la Salud ha lanzado una alerta roja ante el riesgo inminente de brotes de enfermedades infecciosas, propiciados por el colapso de la infraestructura hospitalaria, la escasez de agua segura y la interrupción de las campañas de vacunación.
El costo material de la devastación es igualmente colosal. Las imágenes satelitales procesadas por la NASA estiman que aproximadamente 58.000 edificaciones han sufrido daños totales o parciales, convirtiendo a estos terremotos en uno de los desastres naturales más violentos que haya registrado América Latina en décadas. La factura económica, calculada por Naciones Unidas en unos 6.700 millones de dólares, representa un golpe letal para un país que ya arrastraba una profunda crisis, al equivaler al 6% de su producto interno bruto.
Mientras las máquinas prosiguen su labor titánica de retirar las montañas de escombros que antes fueron hogares frente al mar Caribe, la letra «D» se multiplica implacablemente sobre los muros derruidos. Para miles de familias venezolanas, esas marcas pintadas con aerosol ya no son solo el fin de la búsqueda de supervivientes, sino el comienzo de una nueva y angustiosa espera: la de poder recuperar los cuerpos inertes de sus padres, hijos y hermanos, para poder cerrar sus ojos y ofrecerles, al fin, el descanso eterno que se merecen tras haber sido arrancados tan brutalmente de la vida. El país, con el alma en carne viva, se enfrenta ahora al largo y doloroso proceso de contar a sus muertos mientras intenta, con escasas fuerzas, levantarse de sus propias cenizas.
