El presidente Javier Milei enfrenta una nueva embestida judicial tras autorizar el ingreso de efectivos estadounidenses para maniobras conjuntas sin el aval del Congreso. La acusación, que alcanza a todo su gabinete militar y diplomático, destapa una grieta profunda en torno a la soberanía y el alineamiento automático con Washington, en medio de un contexto internacional signado por los conflictos en Medio Oriente.
En un nuevo capítulo de la creciente tensión entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, el jefe de Estado argentino sumó un frente judicial más a su ya abultada agenda de controversias legales. Esta vez, el disparador es la decisión de pasar por encima de las atribuciones constitucionales del Parlamento para dar luz verde a la llegada de fuerzas militares de los Estados Unidos al territorio nacional, con el propósito de participar en los ejercicios combinados bautizados como “Daga Atlántica” y “PASSEX”. La ofensiva legal fue impulsada por el diputado Juan Marino, quien no dudó en calificar el accionar gubernamental como un acto de «subordinación» a la estrategia geopolítica del mandatario norteamericano, Donald Trump.
La presentación formal ante la Justicia Federal no solo señala al primer mandatario como el responsable principal, sino que extiende la acusación a varios de sus colaboradores más cercanos. En el banquillo de los imputados se sientan, además de Javier Milei, el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, el ministro de Defensa Carlos Presti, el canciller Pablo Quirno y el otrora secretario de Comunicación Javier Lanari. El escrito judicial, que lleva la firma del abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, argumenta que la decisión de soslayar el debate bicameral vulnera de manera flagrante el artículo 75, inciso 28 de la Carta Magna, que reserva de modo excluyente al Congreso la facultad de autorizar el tránsito o estacionamiento de tropas foráneas, así como el egreso de fuerzas nacionales.
La indignación no se circunscribió al autor de la denuncia. Diversas voces de la oposición alzaron su tono para repudiar el proceder del oficialismo, coincidiendo en que la maniobra representa un peligroso precedente que erosiona las instituciones republicanas. La diputada Agustina Propato, quien ostenta la vicepresidencia de la Comisión de Defensa, fue particularmente incisiva al señalar que el Ejecutivo busca «flexibilizar» los controles sobre el ingreso de personal extranjero. Como prueba de esta intención deliberada, Propato mencionó el hecho de que el gobierno aún no ha presentado el detalle de los ejercicios militares programados para el presente año, una exigencia que debía cumplirse en los primeros días de marzo. Esta omisión, a su juicio, es un indicio claro de que la administración libertaria se prepara para repetir la estrategia de habilitar estas actividades por decreto, esquivando cualquier tipo de escrutinio público previo.
El ex titular de la cartera de Defensa, Agustín Rossi, se sumó a las críticas con un diagnóstico lapidario, calificando la medida de «ilegal». Rossi explicó que la metodología empleada por el gobierno no solo ignora el debido proceso legislativo, sino que también contradice el espíritu de la Ley 25.880, que prohíbe expresamente autorizar este tipo de operativos mediante decretos de necesidad y urgencia. En diálogo con este medio, el ex funcionario contextualizó la polémica como una consecuencia directa del «alineamiento automático» que el gobierno mantiene con la Casa Blanca, derivando en una política de defensa que calificó como «subsidiaria» a los intereses de la potencia del norte. Rossi destacó que esta situación no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una tendencia más amplia que incluye la participación argentina en el programa «Escudo de las Américas» y el acuerdo con el Comando Sur para patrullar conjuntamente el Mar Argentino, cuestiones que, según su visión, comprometen la autonomía decisional del país.
El quid de la disputa legal radica en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 264/2026, el instrumento jurídico que permitió que más de 350 efectivos estadounidenses operaran durante 42 días en bases de las provincias de Buenos Aires y Córdoba. Lo que enciende las alarmas de la oposición es que estas tropas actuaron bajo su propia doctrina y cadena de mando, un aspecto que para el diputado Marino constituye una cesión inaceptable de la soberanía nacional. El legislador de Unión por la Patria enfatizó que la maniobra se consumó «a espaldas del Congreso», eludiendo deliberadamente el tratamiento en el recinto para evitar un debate que, anticipa, sería adverso al Poder Ejecutivo. Las figuras penales que se desprenden de la denuncia son de extrema gravedad y abarcan desde el abuso de autoridad y el incumplimiento de los deberes de funcionario público, hasta el delito de traición a la Patria, por considerar que los hechos denunciados menoscaban la independencia y la integridad territorial de la Nación, sumado a la posible revelación de secretos militares que podrían haberse visto expuestos durante el desarrollo de las maniobras.
Más allá de la cuestión formal sobre las facultades del Ejecutivo, el debate de fondo gira en torno al contenido y las implicancias políticas de estos ejercicios. Rossi aportó un elemento adicional que complejiza el escenario: los entrenamientos planificados no se corresponden con las funciones típicas que debería desempeñar la Armada Argentina, ya que se orientan al combate urbano y la seguridad interior, áreas que la legislación vigente reserva de manera explícita a las fuerzas de seguridad provinciales y federales. Este desajuste normativo, según el ex ministro, evidencia una vez más la intromisión de doctrinas extranjeras que chocan con la Ley de Defensa y la Ley de Seguridad Interior, un conflicto que el gobierno parece dispuesto a soslayar en aras de su acercamiento diplomático a Washington.
La vicepresidenta Propato profundizó en esta línea argumental al advertir sobre los riesgos concretos que implica la presencia física de tropas extranjeras en el suelo patrio. La legisladora bonaerense manifestó su preocupación por la capacidad de inteligencia militar que estos países pueden desplegar durante su permanencia, un aspecto que, a su entender, no está siendo considerado por el oficialismo. En respuesta a esta situación, Propato presentó un proyecto de ley que busca prohibir la estadía de fuerzas militares de aquellas naciones que integren alianzas con el Reino Unido, que hayan cuestionado los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas o que no reconozcan formalmente la soberanía nacional sobre dicho territorio. Sin embargo, esta iniciativa se encuentra actualmente estancada en las comisiones, donde el bloque de La Libertad Avanza se ha negado sistemáticamente a brindarle tratamiento, lo que para la oposición es otra muestra del afán gubernamental por desregular el acceso militar al país.
El contexto internacional en el que se producen estos movimientos tampoco pasa desapercibido para los denunciantes. El escrito presentado por Marino enfatiza que las actividades bélicas se desarrollan en el marco de la escalada bélica que Trump e Israel mantienen contra Irán, un conflicto al cual la Argentina se habría plegado tácitamente sin que mediara autorización legislativa alguna. Para el militante del Partido Piquetero, esta situación exige «recurrir a todos los instrumentos institucionales al alcance» para poner un freno a lo que considera una violación sistemática de la Constitución. La denuncia judicial se suma a una serie de acciones previas que incluyeron pedidos de informe que no obtuvieron respuesta por parte del gobierno y una ampliación del pedido de juicio político que ya se encontraba en curso en la Cámara de Diputados. Aún resta que el Ejecutivo se expida sobre un requerimiento de acceso a la información pública, lo que mantiene abierta la puerta a futuras presentaciones que podrían agregar más leña al fuego de un conflicto institucional que parece lejos de encontrar una solución.
