En una cumbre celebrada en el Salón Gregores, los titulares de las carteras de Economía y Gobierno encabezaron una mesa de trabajo con intendentes y comisionados de fomento para despejar incertidumbres jurídicas, establecer un canal de colaboración financiera y garantizar la estabilidad de las Cajas de Previsión y Servicios Sociales, en un contexto de restricciones que afecta tanto a la administración central como a las jurisdicciones locales.
En el marco de una agenda signada por la búsqueda de acuerdos duraderos, la provincia de Santa Cruz fue escenario de un relevante cónclave institucional que congregó a las máximas autoridades municipales y a los referentes del Poder Ejecutivo provincial, con el propósito de desentrañar los alcances de una reciente resolución judicial que había sembrado interrogantes en diversos puntos del territorio. El cónclave, que tuvo como sede el histórico Salón Gregores de la Casa de Gobierno, estuvo presidido por los ministros Ezequiel Verbes, al frente de la cartera de Economía, Finanzas e Infraestructura, y Belén Elmiger, titular del ministerio de Gobierno. La convocatoria tuvo como norte primordial despejar las nieblas interpretativas que habían generado zozobra en distintas comunas, al tiempo que se propuso erigir una instancia de cooperación mancomunada para abordar las urgencias financieras que aquejan tanto a los municipios como a las entidades previsionales y de servicios sociales.
El ambiente de diálogo franco y constructivo fue el denominador común de la jornada, tal como lo reflejaron las declaraciones posteriores del ministro Verbes, quien puso de relieve la vocación del gobierno provincial por anteponer la concertación como vía regia para alcanzar consensos. «Ha sido un encuentro sumamente clarificador porque esto es parte de lo que venimos pregonando y practicando permanentemente: sentarnos, dialogar y buscar alternativas de solución», afirmó el funcionario, subrayando que la coyuntura actual, caracterizada por una complejidad económica que no distingue entre niveles de gobierno, exige la construcción de respuestas colectivas. En esa línea, enfatizó que la provincia atraviesa un momento delicado en sus finanzas, realidad que se replica en numerosos distritos municipales, por lo que el sendero más acertado es el de la búsqueda de soluciones compartidas.
El fallo del Tribunal Superior de Justicia, que motivó esta convocatoria, fue caracterizado por el ministro no como un obstáculo, sino como un puntapié inicial que abre la puerta a un análisis más profundo de los mecanismos que permitan robustecer el entramado previsional, sin que ello implique desatender los variados escenarios económicos que enfrentan los gobiernos locales. Verbes insistió en la necesidad de transitar hacia remedios estructurales que aborden problemáticas arrastradas por años y que demandan pactos de larga duración, capaces de otorgar previsibilidad a un sistema que pertenece a la totalidad de los habitantes de la provincia.
Uno de los ejes centrales del debate giró en torno a la imperiosa necesidad de equilibrar las exigencias financieras de las municipalidades con la responsabilidad ineludible de mantener a flote el sistema previsional. El titular de la cartera económica fue contundente al reconocer las dificultades extremas que padecen algunas localidades, pero a la vez instó a administrar los recursos con la máxima prudencia y responsabilidad, buscando un punto de encuentro que armonice los requerimientos particulares de cada pueblo con el compromiso colectivo de sostener la Caja de Previsión Social, patrimonio de todos los santacruceños. En este sentido, confirmó que la mesa de diálogo se mantendrá abierta y que se sucederán nuevas rondas de trabajo con el objetivo de forjar un acuerdo marco que brinde certidumbre y fortalezca la sustentabilidad financiera del sistema en su conjunto.
Quizás uno de los aspectos más relevantes de la cumbre fue el mensaje de tranquilidad que el ministro Verbes se esmeró en transmitir respecto de la interpretación del fallo judicial. Con el ánimo de acallar especulaciones y rumores que habían circulado en el ámbito público, el funcionario aclaró categóricamente que la resolución del máximo tribunal provincial no guarda relación alguna con el abono de los salarios de los empleados municipales. «Esta cuestión no tiene absolutamente nada que ver con los haberes que cobra la gente en sus cuentas bancarias», sentenció, haciendo hincapié en la necesidad de desterrar lecturas sesgadas que únicamente alimentan la incertidumbre y la zozobra social.
El encuentro contó con una nutrida representación de los poderes locales, reflejando la importancia que el gobierno provincial otorga a la participación de todos los estamentos. Estuvieron presentes los intendentes Juan Manuel Borquez (Puerto Santa Cruz), Juan Martínez (Puerto Deseado), Pablo Carrizo (Caleta Olivia), Daniel Gardonio (Puerto San Julián), Analía Farías (Comandante Luis Piedra Buena) y Matías Treppo (Perito Moreno), quienes expusieron las realidades particulares de sus jurisdicciones. A la nómina se sumaron, a través de plataformas virtuales, los jefes comunales Pablo Anabalón (Pico Truncado) y Carina Bossio (Gobernador Gregores), demostrando la amplitud del convocatoria. Asimismo, participaron los comisionados de fomento Nayla Fernández (Tres Lagos), Ana María Urricelqui (Jaramillo y Fitz Roy), Tomás Cabral (Koluel Kayke) y Gabriel Galarza (Cañadón Seco), quienes aportaron la perspectiva de las localidades más pequeñas, muchas veces postergadas en el debate macro.
De esta manera, el gobierno de Santa Cruz sienta las bases de un proceso de diálogo institucional que aspira a trascender la coyuntura, sentando precedentes en la búsqueda de consensos que aseguren la gobernabilidad y el bienestar de todos los ciudadanos, en un contexto que exige sacrificios compartidos y una visión de futuro que contemple las necesidades de cada rincón de la provincia.
