Mientras el prototipo del reactor modular argentino, orgullo de la ingeniería nacional, permanece sumergido en agua y maleza, el Gobierno habilita visitas de empresas extranjeras a todas las instalaciones nucleares estratégicas. La fuga de cerebros se acelera ante salarios de hambre, y la soberanía tecnológica de seis décadas se negocia por monedas en un contexto de ajuste y desmantelamiento planificado.
En el corazón del predio de Lima, en el partido bonaerense de Zárate, un cilindro de acero que debía contener el alma energética del futuro argentino acumula ahora varios metros de agua en su interior. No hay bombas de achique, no hay presupuesto para mantenerlo seco, y tampoco hay ya técnicos que se ocupen de su cuidado. El edificio principal del Balance de Planta, que debía albergar la turbina más costosa del proyecto, apenas se protege con una lona raída mientras el agua corroe los cimientos de lo que alguna vez fue la gran apuesta tecnológica del país. Los pastizales crecen sin control alrededor de los cinco galpones donde aguardan componentes de alta precisión, comprados con fondos públicos, pero hoy sin la mano experta que garantice su conservación. La mayoría de esos especialistas fueron despedidos, y los pocos que permanecen lo hacen por una mezcla de vocación y resistencia, aunque sus bolsillos ya no den abasto.
Así se encuentra el Carem 25, el prototipo del primer reactor nuclear pequeño diseñado íntegramente en la Argentina, una obra que prometía abastecer de electricidad a una ciudad completa y que, cuando Javier Milei asumió la Presidencia, tenía el 80 por ciento de su obra civil concluida y el 65 por ciento del total avanzado. Los insumos principales estaban comprados, y el encendido estaba previsto para 2028. Pero hoy, el freno no es gratuito: mientras el material y la obra civil se deterioran sin mantenimiento, lo que se arruina no es solo el hormigón y el acero, sino también el capital intelectual acumulado durante décadas. Y, como si fuera poco, la orden oficial es mostrar todo lo que los visitantes extranjeros quieran ver, una suerte de vitrina del desmantelamiento que ha dejado a los trabajadores del sector atónitos y descreídos.
El escenario se agrava con el recuerdo del masivo hackeo que sufrió la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en diciembre pasado, un ciberataque que vulneró años de desarrollo propio y dejó expuesta información sensible de múltiples proyectos. Si bien no se perdieron datos, la puerta quedó abierta para que quien supiera lo que buscaba pudiera extraer soluciones de ingeniería que requirieron años de esfuerzo. Hoy, esa amenaza se combina con una política de puertas abiertas: una directiva interna, aprobada por la Presidencia de la CNEA y fechada el 8 de mayo, autoriza a recibir «visitas que guarden vinculación con la elaboración potencial de una Iniciativa Privada», sin restricciones de origen, nacionalidad o naturaleza jurídica del interesado. La circular, que define como «activo» cualquier bien, recurso, instalación o documentación técnica bajo la órbita del organismo, habilita el acceso irrestricto a laboratorios, plantas y archivos que hasta hace poco eran considerados reservados por su alto contenido estratégico.
Este movimiento no es casual, sino que se inscribe en una lógica más amplia de desmantelamiento del desarrollo atómico argentino, un área donde el país se había ganado un lugar privilegiado entre las ocho naciones capaces de completar todo el ciclo del uranio, desde su extracción hasta su enriquecimiento. La física Adriana Serquis, diputada por Río Negro y ex presidenta de la CNEA, califica la situación como «un crimen a cielo abierto» y advierte que la Argentina está renunciando a una carrera tecnológica en la que se ubicaba por delante de varios competidores internacionales, justo en un contexto geopolítico donde los recursos energéticos son moneda de cambio.
Mientras la obra civil del Carem se pudre, el Gobierno anuncia con bombo y platillo una millonaria inversión privada de la empresa Meitner Energy, de capitales iraníes radicados en Estados Unidos y con vínculos con la campaña de Donald Trump, que operará bajo los beneficios del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Lo paradójico es que muchos de los jefes de equipo que renunciaron a la CNEA por sus salarios destruidos, y también algunos gerentes, hoy trabajan en las oficinas que esa firma ya instaló en Bariloche y en la Ciudad de Buenos Aires. Y no se fueron solos: se llevaron a sus equipos completos, con un capital humano invaluable formado durante años en tareas específicas y con capacitaciones certificadas que solo dictan unas pocas empresas en el exterior. Esa fuga de talentos no es un accidente, sino el resultado de un doble movimiento de asfixia salarial por un lado y de ofertas tentadoras por el otro, un éxodo orquestado que vacía de inteligencia al sector público para engrosar las filas de la inversión foránea.
En los pasillos de los centros atómicos de Ezeiza, Constituyentes y Bariloche, el clima es de desolación y desconcierto. Una investigadora que prefiere resguardar su identidad relata cómo los actuales funcionarios ponen a disposición de las visitas «todo», incluyendo laboratorios vinculados al control del ciclo del combustible nuclear, un área de máxima confidencialidad. En una de esas recorridas, un grupo de la empresa Meitner ingresó como «pancho por su casa», y en la misma semana, la subgerenta de Diseño Nuclear y Mecánico se fue a trabajar a esa misma firma, repitiendo el patrón que ya habían seguido otros jefes de área. Cada uno de ellos se llevó a su grupo de ingenieros de confianza, todos con más de una década de experiencia, que pasaron de percibir sueldos miserables a cobrar entre cinco y diez veces más. Esa sangría de cerebros, combinada con la política de puertas abiertas, configura un escenario de «remate» que los propios trabajadores denuncian como una entrega deliberada de la soberanía tecnológica.
Carolina Ayala, investigadora del laboratorio de residuos nucleares en el Centro Atómico Bariloche, es una de las que resiste. Manipula material radiactivo, tiene dos personas a su cargo y cobra menos de un millón de pesos. «Si me quedo es porque amo y defiendo lo que hago, y porque no me quiero ir del país», dice con la voz entrecortada. En su laboratorio eran diecisiete investigadores; hoy solo quedan cuatro. Para ella, la orden de mostrar todo a los interesados es «grave», como si se abriera una feria para que cualquiera pueda llevarse lo que le guste, incluso en áreas sensibles que deberían estar vedadas. «Nos están diciendo que estamos de remate», sentencia con amargura.
La situación no es exclusiva del Carem 25. El reactor multipropósito RA10, destinado a la producción de radioisótopos para medicina, y el Complejo Tecnológico Pilcaniyeu, la planta de enriquecimiento de uranio en la Patagonia, también sufren el mismo destino de abandono y desfinanciamiento. En todos los casos, el mensaje del Gobierno es claro: la prioridad no es la soberanía energética ni el desarrollo tecnológico propio, sino la apertura total al capital privado, aunque ello implique desarmar décadas de esfuerzo colectivo. Los 690 millones de dólares invertidos por todos los argentinos en el Carem se esfuman lentamente, no solo por el deterioro físico, sino porque el conocimiento y la experiencia que lo hicieron posible están siendo despedazados y vendidos al mejor postor.
Los trabajadores de la CNEA, mientras tanto, viven bajo una custodia policial reforzada. Gendarmería, que antes resguardaba los perímetros como centinela de objetivos estratégicos, ahora firma el ingreso de los empleados, dispersa las reuniones y, cuando es necesario, reprime las manifestaciones contra los despidos. Esa presencia uniformada, lejos de proteger la soberanía, se ha convertido en el brazo ejecutor de un plan que vacía de contenido el saber atómico nacional. En ese clima de hostigamiento, los científicos, ingenieros y técnicos asisten al desmantelamiento de su obra con la impotencia de quien ve derrumbarse un castillo de naipes que costó construir durante generaciones.
La pregunta que flota en el aire es si la Argentina, al bajarse de la mesa de los países que dominan el ciclo del uranio, está condenando su futuro energético o si, por el contrario, está entregando su patrimonio más valioso a cambio de migajas. Mientras el agua sigue subiendo en el cilindro de acero del Carem y los pastizales engullen los galpones, el silencio oficial se vuelve cómplice de un desguace que no tiene precedentes en la historia de la ciencia nacional. Lo que está en juego no es solo un reactor, sino la capacidad de un país para soñar con un desarrollo autónomo en un mundo que corre hacia la transición energética. Y ese sueño, hoy, se oxida bajo la lona y la indiferencia.
