El Gobierno nacional envió al Senado las candidaturas de Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi para ocupar vacantes en el tribunal de alzada de Comodoro Py, en un movimiento que impacta directamente en causas sensibles como la investigación por la estafa con la criptomoneda $LIBRA, donde el Presidente se encuentra señalado. Mientras tanto, se define la continuidad del camarista Martín Irurzun, quien busca sortear el tope etario de 75 años en medio de una compleja trama judicial y política.
En las últimas horas, el Poder Ejecutivo desplegó una ofensiva de alto voltaje destinada a copar la Cámara Federal de la Capital Federal, un tribunal estratégico por el cual transitan los expedientes más resonantes que se tramitan en los juzgados de primera instancia de Comodoro Py. La movida, que incluye el envío al Senado de los pliegos de dos magistrados afines, se produce en un contexto de máxima tensión institucional, ya que esa misma Cámara deberá revisar en el corto plazo la controversial decisión del juez Marcelo Martínez de Giorgi de marginar a las querellas del proceso judicial vinculado al escándalo $LIBRA, en el que aparece involucrado el mandatario Javier Milei.
El primer movimiento del tablero oficial consistió en elevar a la Cámara Alta las postulaciones de Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi. El primero de ellos, actual juez en lo penal económico, ocuparía el sitial que dejará vacante Leopoldo Bruglia, siempre que consiga el respaldo del Senado. El segundo, Bertuzzi, pretende mantenerse en el cargo al que fue trasladado durante la gestión de Mauricio Macri, aunque su designación definitiva también requiere el visto bueno de los legisladores. Esta maniobra representa la apuesta más ambiciosa de Milei en materia judicial, luego de haber designado a setenta jueces en apenas algo más de un mes, y busca consolidar una mayoría propia en el tribunal de alzada, cuyas dos salas—integradas por tres miembros cada una—han sido tradicionalmente un bastión del macrismo.
La composición actual de la Cámara refleja esa herencia: la Sala I está conformada por Mariano Llorens, el propio Bertuzzi y Bruglia, todos ellos arribados al tribunal durante el ciclo de Cambiemos. La Sala II, por su parte, reúne a Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico. Sin embargo, el escenario se modificó radicalmente en 2020, cuando la Corte Suprema de Justicia estableció que los traslados de Bruglia y Bertuzzi desde un tribunal oral hacia la Cámara Federal carecían de carácter permanente, y que el único mecanismo legítimo para acceder a esos cargos era mediante un concurso público de antecedentes y oposición. No obstante, el máximo tribunal dispuso que ambos magistrados debían permanecer en sus funciones hasta que se designaran a sus reemplazantes naturales, lo que abrió un compás de espera que se prolongó durante años.
En febrero de 2021, el Consejo de la Magistratura puso en marcha el concurso para cubrir las dos vacantes en la Cámara Federal. Los resultados de ese proceso fueron, cuanto menos, elocuentes: ni Yadarola ni Bertuzzi lograron ubicarse entre los seis primeros puestos que integrarían las ternas finales. Bertuzzi, de hecho, aparecía en el vigésimo primer lugar del orden de mérito, aunque consiguió trepar quince posiciones para colarse en la nómina de los seleccionados, en una maniobra que despertó suspicacias en el ámbito judicial. Este antecedente no pasó inadvertido para el oficialismo, que desde hace meses viene acelerando los trámites para llenar los casilleros del Poder Judicial.
Con ese propósito, Milei firmó el 16 de junio pasado el decreto 467/2026, una norma que reduce significativamente la participación ciudadana en los procesos de selección de magistrados y acorta los plazos para la intervención del Ejecutivo. Inmediatamente después de la promulgación de esa herramienta reglamentaria, el Gobierno publicó los nombres de los seis aspirantes a ocupar los sitiales en la Cámara Federal, entre los que se destacan Yadarola y Bertuzzi. El primero, conocido por haber integrado la polémica comitiva que viajó a Lago Escondido, posee un profundo conocimiento del ecosistema de Comodoro Py, mientras que el segundo cuenta con el respaldo explícito del expresidente Macri, lo que le otorga un aval político de peso.
La postulación de Bertuzzi encierra, además, un doble juego estratégico para la Casa Rosada. Por un lado, desactiva el reclamo internacional que encabeza Bruglia, quien denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un presunto acto de discriminación, al considerar que el concurso se convocó únicamente para ocupar el cargo al que él había sido trasladado, dejándolo en una situación de desventaja. Por otro lado, la designación de Bertuzzi consolida una tendencia que ya había sido criticada por organizaciones de género: la ausencia de mujeres en la Cámara Federal. Esto resulta especialmente llamativo porque en las ternas finales figuraban dos candidatas de alto perfil, entre ellas la fiscal federal Cecilia Incardona, quien había obtenido una ubicación privilegiada en el orden de mérito y parecía tener serias posibilidades de ser elegida.
Si el Senado otorga su aprobación a los pliegos de Yadarola y Bertuzzi, ambos se integrarán a la Sala I junto a Mariano Llorens, conformando un bloque de tres magistrados que tendrá en sus manos la revisión de causas de enorme sensibilidad política. Entre ellas, el expediente $LIBRA, donde el juez Martínez de Giorgi decidió excluir a los querellantes y delegar el ritmo de la investigación en el fiscal Eduardo Taiano, cuya inacción fue denunciada por los diputados que participaron de la comisión investigadora del fraude. La nueva conformación de la Sala I podría modificar el rumbo de ese proceso, ya que los camaristas tendrán la facultad de ratificar o revocar la polémica resolución del magistrado de primera instancia.
Paralelamente, el Gobierno podría quedarse en los próximos días con una tercera vacante en el tribunal de alzada, esta vez en la Sala II, que actualmente entiende en el expediente sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). El 18 de julio, el camarista Martín Irurzun alcanzará los 75 años, la edad límite que establece la Constitución Nacional para ejercer la judicatura, a menos que obtenga un nuevo acuerdo del Senado que le permita extenderse hasta los 80 años. Irurzun, sin embargo, no ha recibido respuesta del Poder Ejecutivo a su solicitud de respaldo, por lo que decidió recurrir a la Justicia en busca de una medida cautelar que le impida la aplicación del tope etario. Su pedido fue rechazado en primera instancia por el juez Enrique Alonso Regueira y luego por la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, aunque el magistrado ya presentó un recurso extraordinario para llevar la discusión a la Corte Suprema.
La cuestión no es menor, ya que el máximo tribunal ya sentó precedente sobre este asunto en el fallo «Schiffrin», de marzo de 2017, donde declaró constitucional el límite de los 75 años incorporado con la reforma de 1994. Esa decisión fue adoptada por una mayoría integrada por Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, mientras que Carlos Rosenkrantz se pronunció en disidencia, al sostener que los constituyentes se habían excedido en sus competencias. Irurzun, en su presentación, argumenta que la mayoría que respaldó aquel fallo ya no existe debido al retiro de Maqueda, y se apoya en la postura de Rosenkrantz para justificar su pretensión de permanecer en el cargo. Además, solicita que Rosatti se excuse por haber sido convencional constituyente en 1994, lo que dejaría la decisión en manos de Lorenzetti y Rosenkrantz, dos magistrados con vínculos históricos con el camarista.
Fuentes consultadas por este diario confirmaron que Lorenzetti no estará presente esta semana en el Palacio de Tribunales, lo que podría derivar en la convocatoria de conjueces para resolver la situación de Irurzun, en un escenario que se presenta incierto y cargado de tensiones. Mientras tanto, otros jueces sí lograron el espaldarazo oficial para mantenerse más allá de los 75 años, como es el caso de Víctor Pesino, el camarista que respaldó la reforma laboral y ordenó la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Pesino, quien cumple 75 años el próximo 27 de julio, ya defendió su permanencia ante la Comisión de Acuerdos del Senado, donde recibió un fuerte respaldo de la senadora Patricia Bullrich. No obstante, el magistrado muestra signos de impaciencia ante el temor de que su pliego no sea tratado antes de la fecha límite, por lo que también presentó una medida cautelar para que el Ejecutivo se abstenga de notificar al Consejo de la Magistratura sobre su situación etaria. Todo indica que su pliego será debatido en la sesión del Senado programada para este jueves, en una jornada clave que definirá el futuro de varias piezas en el tablero judicial.
Más allá de estas movidas, el Gobierno continúa avanzando con otros nombramientos en los tribunales de Comodoro Py. Según confirmaron fuentes oficiales, Milei solicitó la designación de Ramiro Velasco y Santiago Schiopetto para el Tribunal Oral Federal (TOF) número 6, y de Valeria Alejandra Rico para el TOF número 4, en una clara señal de que la estrategia de cooptación del Poder Judicial no se detiene en la Cámara Federal, sino que se extiende a todos los estamentos de la justicia penal de la capital. Con estas designaciones, el oficialismo busca asegurar una influencia decisiva en causas de alto impacto político, mientras la oposición y las organizaciones de derechos humanos observan con recelo lo que consideran un avance sobre la independencia del Poder Judicial. La pulseada, sin duda, recién comienza.
