A doce meses de la sanción de la Emergencia en Discapacidad, el Gobierno sólo aplica a regañadientes la actualización de aranceles, mientras la deuda con los prestadores supera los 70 mil millones de pesos. Hogares, centros de día y transportistas sobreviven entre donaciones, juicios y una angustia que no cesa, en un escenario donde las pensiones se congelan y los expedientes duermen en los cajones judiciales.
Cuando el calendario marcaba los últimos días de abril y la montaña de vencimientos se tornó infranqueable, Marisa Agis acarició por vez primera la idea de echar el cerrojo para siempre. Al frente del Hogar Promover, una institución que lleva cuatro décadas ofreciendo cobijo y terapias de rehabilitación a menores con patologías severas, la directora se topó con el momento más crítico de su extensa trayectoria. El programa Incluir Salud, la obra social estatal destinada a personas con discapacidad que se convirtió en el epicentro del escándalo de coimas durante la gestión de Spagnuolo, no había desembolsado un solo peso desde diciembre previo. Desesperada, Marisa recurrió a los juzgados de menores que tienen bajo su tutela a los dieciocho niños que pernoctan en el establecimiento, y golpeó todas las puertas de donantes privados que encontró a su paso. La respuesta estatal llegó al fin, aunque de manera parcial y con cuentagotas, abonando una fracción de las prestaciones adeudadas. «Este gobierno nos maneja con una soga al cuello, aprieta, afloja y vuelve a asfixiar. La emergencia se ha vuelto un estado perpetuo», se lamenta la titular del hogar.
El sufrimiento de Promover no es una excepción en el vasto universo de prestadores que dependen del Incluir Salud. Los plazos de cancelación llegaron a extenderse hasta medio año en numerosos casos, y ya en febrero, con los últimos registros disponibles, la acreencia acumulada contra el sistema alcanzaba la escalofriante cifra de casi setenta mil millones de pesos, con la agravante de que el contador no deja de girar. El rigor del atraso castiga con mayor virulencia a aquellas entidades cuya subsistencia pende exclusivamente de los fondos de la obra social estatal, como ocurre con Promover, cuyos beneficiarios son, en su inmensa mayoría, pequeños de escasos recursos que reciben atención a través de ese mecanismo.
En las provincias del interior, la demora adquiere proporciones aún más alarmantes. En Córdoba, para mencionar otro caso emblemático, las organizaciones se vieron forzadas a acudir a los estrados judiciales y obtuvieron una medida precautoria que compelió al Gobierno a desbloquear las partidas, aunque la normalización dista de ser completa. Incluso se sucedieron manifestaciones callejeras para reclamar el cobro de los servicios brindados. «Apenas en julio nos abonaron lo correspondiente a marzo. Antes había demoras, pero jamás de esta magnitud», subraya Marisa, quien explica el mecanismo de supervivencia del hogar: «Recurrimos a limosnas, contraemos deudas propias, reducimos gastos al mínimo. Hacemos malabares para cubrir los salarios y honrar nuestros compromisos con los proveedores, aunque no siempre lo logramos».
Sin embargo, la morosidad en los desembolsos no constituye el único talón de Aquiles del sistema. A un año de que el Congreso sancionara la ley de Emergencia en Discapacidad, el horizonte lúgubre se extiende como una mancha de aceite sobre la mayoría de las entidades y continúa golpeando con dureza a las personas con discapacidad y a sus familias, que son, en última instancia, quienes requieren los apoyos para sostener una existencia digna. Doce meses después de aquel 10 de julio en que el Senado dio su visto bueno por mayoría absoluta, el Poder Ejecutivo solo acata, y de manera reticente, unos pocos artículos de la norma. Hasta el momento, lo único que se aplica con regularidad es la revisión mensual de los aranceles conforme al Índice de Precios al Consumidor que elabora el INDEC, pero esa actualización parte de una base que arrastra el congelamiento sufrido durante todo el bienio 2024 y 2025, cuando el costo de la hora de los profesionales y las sesiones terapéuticas permaneció inmutable. El texto legal contemplaba el reconocimiento expreso de esa deuda histórica y una recomposición con efectos retroactivos, que las organizaciones cifran en un piso del cuarenta por ciento. Ello provoca que los incrementos, aunque necesarios, resulten claramente insuficientes para paliar el daño causado.
Las secuelas de esta suerte de ajuste encubierto se traducen en una merma palpable en la calidad de las prestaciones, ya que los especialistas abandonan sus puestos y buscan horizontes más promisorios. Las instituciones, por su parte, se endeudan hasta el cuello con cualquier entidad crediticia que les otorgue un respiro, mientras se ven obligadas a cercenar sus servicios. «Los hogares están sumidos en una situación calamitosa. Los centros de día no logran sostener la infraestructura, muchos han echado el cierre y otros, en lugar de funcionar los cinco días hábiles, solo abren tres. Para las familias supone un descalabro monumental, pues uno necesita trabajar, intentar seguir con su vida cotidiana, pero se lo ponen cuesta arriba. ¿Qué más se puede agregar sobre esa insensibilidad a la que nos tiene habituados estos gobernantes?», sintetiza con amargura la actriz y activista Valentina Bassi, una de las voceras más visibles del colectivo.
Otro de los eslabones que cruje con fuerza es el de los transportistas. A ellos les complica especialmente otro incumplimiento gubernamental: la ley ordena a la Secretaría de Discapacidad, antes ANDIS y ahora Senadis, efectuar un estudio pormenorizado de los costos operativos (alimentación, viáticos, insumos, etc.), más allá de los salarios. Hasta la fecha, esa tarea no se ha concretado. En el rubro del transporte de personas con discapacidad, esa omisión se traduce en guarismos que hablan por sí solos: un chofer percibe 865 pesos por kilómetro recorrido, cuando el precio del combustible supera ampliamente los 2300 pesos. «Nosotros estamos realizando nuestro propio relevamiento de gastos, pero es la Senadis la que tiene la obligación de hacerlo y no lo cumple», denuncia Pablo Molero, representante de la sociedad civil en el directorio encargado de fijar el valor de los aranceles.
Pensiones entre el ajuste y la indiferencia
Uno de los capítulos más álgidos de la Emergencia fue el concerniente a las pensiones por discapacidad. La normativa choca de frente con los decretos previos de la administración libertaria, que habían restaurado el obsoleto «modelo médico» de la discapacidad, anterior a la convención de la ONU de los años noventa, y que endurecía los requisitos de acceso. Los cálculos de la Oficina de Presupuesto, durante el debate parlamentario, estimaron que al menos cuatrocientas mil nuevas prestaciones debían otorgarse en los próximos años. Lejos de esa proyección, el Ejecutivo ya ha cercenado unas ciento diez mil en apenas dos años y medio. Pero además, tal como destapó este diario, la gestión libertaria paralizó los trámites y dejó a un asombroso noventa y cinco por ciento de los solicitantes en un limbo administrativo: no los denegó, sino que directamente omitió responder.
Según un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) elaborado con datos oficiales, unas 227.354 personas ciegas, sordas o con discapacidad intelectual o motriz aún aguardan una resolución sobre su pedido de pensión. En algunos casos, la espera se remonta a 2020, lo que implica más de seis años de incertidumbre. De ese total de expedientes sin dictamen, más de noventa mil fueron iniciados durante la actual gestión. El Gobierno libertario apenas ha contestado diez mil. En plena vigencia del plan motosierra, y con anterioridad a la sanción legal, otras quinientas mil pensiones estuvieron en riesgo por la propia torpeza oficial: casi la mitad de las cartas documento enviadas por la auditoría a cargo de Spagnuolo tuvieron serios problemas para llegar a los domicilios de los afectados. Mientras tanto, el Gobierno sigue haciendo gala del discurso del «fraude» y promueve su propio proyecto para retornar al régimen vetusto.
Una batalla que no termina
Aquel 10 de julio, el colectivo de familias y organizaciones que impulsaron la ley, y que colmaron la plaza en señal de triunfo, creyeron haber tocado la meta. Habían conseguido, tras una lucha desgastante, una norma que blindaba recursos para impedir la quiebra de las entidades de apoyo y que restablecía un piso elemental de derechos, a salvo de la motosierra gubernamental. Esa sensación de alivio se desvaneció con rapidez: a la aprobación parlamentaria le siguió un veto total por parte de Javier Milei, luego la insistencia del Congreso con los dos tercios necesarios, y finalmente una reglamentación artera, desprovista de partidas presupuestarias. En medio, decenas de movilizaciones. No hubo caso: transcurrido un año, la ley permanece judicializada.
El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, falló a favor de un matrimonio con dos hijos con trastorno del espectro autista que exigieron la aplicación íntegra de la norma. El magistrado dictó una medida cautelar que obliga al Ejecutivo a dotar de fondos la emergencia, bajo apercibimiento de sanciones económicas para los funcionarios. El Gobierno presentó una apelación y desde marzo el expediente yace en la Sala II de la Cámara Federal de San Martín, sin que se avizore una pronta resolución. La administración libertaria, además, ya adelantó que, en paralelo a su propio proyecto de ley, intentará derogar la emergencia en el presupuesto de 2027, una maniobra que ya ensayó el año pasado sin éxito.
En ese escenario, organizaciones de la talla de REDI, la APDH y otras agrupaciones manifestaron su «profunda inquietud por el incumplimiento de la ley y demandaron que se garantice una respuesta judicial ágil y efectiva ante la grave situación que atraviesan las personas con discapacidad, sus familias y los servicios que las asisten». La pulseada, lejos de resolverse, se encona cada día, mientras los más vulnerables siguen pagando el costo de una indiferencia que se ha vuelto sistemática.
