La firma del decreto presidencial habilita la incorporación de Ana María Cristina Juan a la Justicia Federal, una medida impulsada por la Cámara de San Martín para descongestionar los juzgados de Moreno y Morón, que permanecen vacantes y operan bajo un agotador régimen de subrogancias en medio de una elevada carga de causas por narcotráfico y crimen organizado.
En un movimiento destinado a fortalecer la estructura judicial en una de las regiones más complejas y conflictivas de la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei estampó su firma en el decreto que oficializa la designación de Ana María Cristina Juan como jueza federal. La medida, formalizada este miércoles a través del Decreto 589/2026 y publicada en el Boletín Oficial, fue refrendada además por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y representa una respuesta concreta a la crítica situación que atraviesan los tribunales federales del oeste del conurbano, donde las vacantes en los juzgados de Moreno y Morón han obligado a mantener un precario esquema de cobertura temporal que recarga las espaldas de los magistrados existentes.
El trasfondo de esta resolución se remonta a un pedido formal que el presidente de la Cámara Federal de San Martín, Juan Pablo Salas, elevó al Ministerio de Justicia. En su presentación, el magistrado expuso con crudeza la realidad que padece esa jurisdicción: tanto el Juzgado Federal de Moreno como el de Morón carecen de titulares y son atendidos mediante subrogancias, un sistema provisorio que fuerza a otros jueces a asumir, además de la gestión de sus propios despachos, la conducción temporal de esos tribunales. Este esquema, lejos de ser una solución excepcional, se ha perpetuado en el tiempo y ha generado una sobrecarga laboral significativa para los magistrados que deben intervenir en esas dependencias, en un distrito que concentra uno de los volúmenes de expedientes más abultados de toda la provincia.
Lejos de tratarse de juzgados con actividad marginal, Moreno y Morón se han convertido en epicentros de investigaciones de alta sensibilidad. Por sus despachos transitan causas que abarcan delitos de la más variada y compleja naturaleza federal, desde el narcotráfico en sus diversas manifestaciones y la trata de personas con fines de explotación, hasta el lavado de activos, el contrabando, la evasión tributaria, los delitos contra la administración pública y las tramas del crimen organizado que han encontrado en esa franja del oeste bonaerense un territorio fértil para sus operaciones. Esta realidad, lejos de ser un dato menor, constituyó uno de los argumentos centrales esgrimidos por la Cámara Federal de San Martín para justificar la imperiosa necesidad de reforzar la estructura judicial y dotar de estabilidad a un fuero que se encuentra en la primera línea de combate contra las estructuras criminales más poderosas del país.
En ese contexto, fuentes judiciales consultadas por este medio señalaron que si bien las subrogancias constituyen un recurso válido para sortear emergencias, su prolongación en el tiempo termina por minar la eficiencia del sistema. La acumulación de causas, sumada a la intrincada naturaleza de las pesquisas y la urgencia de muchas de las medidas solicitadas, tornan imperiosa la cobertura de las vacantes con magistrados titulares que puedan abocarse de lleno a la tarea. En la práctica diaria, los jueces que cubren estas suplencias deben compatibilizar el seguimiento de expedientes de alta sensibilidad institucional con la atención de audiencias y la resolución de medidas cautelares urgentes, todo ello mientras mantienen a flote sus propias obligaciones en los juzgados de origen. Este escenario de desgaste profesional y riesgo de retrasos procesales fue el que motivó a la Cámara a impulsar una solución innovadora.
La propuesta de Salas consistió en capitalizar una situación particular: la doctora Ana María Juan, esposa del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 8 de Comodoro Py, ya contaba con el pliego aprobado por el Senado para ocupar el Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham. Sin embargo, ese tribunal aún no ha sido puesto en funcionamiento, lo que mantenía a la magistrada en un limbo administrativo, a la espera de poder asumir sus funciones. Ante esta demora, la Cámara de San Martín propuso aprovechar esa circunstancia para incorporar a Juan al fuero federal de manera inmediata, con el objetivo de aliviar la crítica situación de Moreno y Morón mientras se ultiman los detalles para la apertura efectiva del nuevo juzgado en Hurlingham. La firma del decreto presidencial viene ahora a completar el procedimiento constitucional, allanando el camino para que la nueva jueza pueda tomar posesión de su cargo y comenzar a trabajar en la descongestión de los tribunales más afectados.
El texto del Decreto 589/2026, rubricado por Milei y Mahiques, es escueto pero contundente en su artículo primero, donde se establece el nombramiento de la doctora Ana María Cristina Juan como Jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham, en la provincia de Buenos Aires. Con este acto formal, el Poder Ejecutivo da curso a una designación que, si bien estaba pendiente de la firma final, se enmarca en una política más amplia de cobertura de cargos vacantes que el Ministerio de Justicia ha acelerado desde la asunción de Mahiques. En los últimos meses, la cartera ha intensificado el envío de pliegos al Senado y ha comenzado a completar las designaciones de aquellos postulantes que ya habían obtenido el acuerdo parlamentario, con el claro objetivo de reducir el número de tribunales federales que operan en un régimen de subrogancia, una meta que se antoja fundamental para garantizar la celeridad y eficacia de la justicia federal en todo el territorio.
Cabe destacar que la designación de Ana María Juan se produce en un momento en que otra postulación judicial, la de María Verónica Michelli, permanece en un compás de espera. El 4 de junio pasado, la Cámara alta había aprobado el pliego de Michelli para integrar el Tribunal Oral Federal N.º 3 de La Plata, con 44 votos a favor y 18 en contra, a pesar de que la Casa Rosada había intentado retirar su candidatura del Congreso. Según pudo saber este diario, el Gobierno mantenía objeciones respecto de esa postulación, aunque finalmente no pudo evitar que el Senado avanzara con la votación. No obstante, a diferencia de lo ocurrido con Juan, cuyo decreto ya fue firmado, el Poder Ejecutivo aún no ha dado el paso final para concretar la designación de Michelli, por lo que su incorporación al tribunal platense sigue pendiente. En círculos judiciales se señala que ambos casos responden a situaciones disímiles: mientras la de Juan fue una decisión basada en una necesidad operativa y funcional planteada por la Cámara de San Martín, el caso de Michelli continúa siendo evaluado por el Gobierno luego de la controversia política que rodeó su tratamiento en el Senado.
Con la publicación del decreto en el Boletín Oficial, Ana María Cristina Juan queda formalmente integrada a la Justicia Federal, y su incorporación se perfila como un alivio inmediato para el funcionamiento de una jurisdicción que es estratégica para la investigación de los delitos federales más complejos del conurbano bonaerense. La medida, además de atender una demanda concreta de los tribunales de Moreno y Morón, envía una señal sobre la intención del Gobierno de dotar de mayor estabilidad y capacidad de respuesta a un fuero que se enfrenta a desafíos crecientes en materia de criminalidad organizada, mientras se aguarda la puesta en marcha del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham, que en el futuro ampliará la estructura judicial en la región.
