La administración de Javier Milei impulsa una reforma que busca otorgar autonomía al ente estadístico, aunque la iniciativa choca con recientes decisiones oficiales que generaron dudas sobre la transparencia en el cálculo del IPC. Especialistas y organismos internacionales observan con cautela el proyecto.
En un giro inesperado dentro de la agenda de reformas del Estado, el vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó que el Poder Ejecutivo se encuentra evaluando seriamente la posibilidad de instrumentar un mecanismo de “blindaje” institucional para el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La medida, que todavía no tiene forma de proyecto concreto, responde a una iniciativa impulsada por el diputado nacional de La Libertad Avanza Santiago Santurio, y que habría recibido el explícito respaldo del propio presidente Javier Milei, quien ve en esta propuesta un pilar para fortalecer la credibilidad de los datos oficiales.
La esencia de la iniciativa radica en sustraer al organismo de la órbita de discrecionalidad del Ejecutivo en lo que respecta a su funcionamiento cotidiano y la producción de sus estadísticas clave. Para alcanzar ese objetivo, se requeriría la sanción de una nueva ley de estadística que redefina por completo la estructura jurídica del Indec, transformándolo en una entidad autónoma y autárquica, con independencia presupuestaria y de gestión, en lugar del actual carácter de organismo descentralizado que mantiene vínculos orgánicos con la Casa Rosada. De esta manera, se buscaría resguardar la continuidad de los funcionarios de carrera, proteger la idoneidad técnica de sus cuadros y asegurar que las metodologías empleadas queden a salvo de vaivenes políticos, consolidando así una suerte de muralla contra cualquier intento de manipulación de los índices sensibles para la economía doméstica.
Sin embargo, la anunciada intención de erigir un escudo protector para el Indec tropieza de manera frontal con las prácticas que el propio gobierno ha desplegado en los últimos meses sobre el mismo organismo. La contradicción se vuelve evidente al observar la gestión cotidiana del ente, donde las decisiones políticas han primado sobre los consensos técnicos, generando un clima de inquietud entre los especialistas. El caso paradigmático de esta tensión es la actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC), una de las variables más vigiladas por los mercados, los acreedores internacionales y la ciudadanía en general. La modificación de la ponderación de la canasta básica, un asunto que había alcanzado un amplio acuerdo entre los técnicos del organismo y que incluso contaba con el visto bueno de altas esferas del gobierno, se topó con un freno repentino cuando se vislumbró que la nueva metodología podría reflejar un incremento en la inflación debido al mayor peso asignado a los servicios.
Ante la inminente posibilidad de que las cifras mostraran un deterioro en el poder adquisitivo, la administración optó por postergar sine die la implementación de esa mejora técnica y, en un movimiento que encendió todas las alarmas, dispuso la remoción de su director, Marco Lavagna, un funcionario que había sido garante de la continuidad de los estándares profesionales en el instituto. Esta decisión, leída en clave política, desnuda una contradicción insalvable: mientras desde el discurso oficial se pregona la necesidad de aislar al Indec de la injerencia externa, en la práctica se evidencia un manejo discrecional que condiciona la producción de estadísticas en función de los efectos comunicacionales que estas puedan generar. Organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional ya se habían pronunciado previamente a favor de actualizar los mecanismos de medición para incorporar bienes y servicios más representativos de los hábitos de consumo actuales, lo que otorgaba un respaldo técnico a la reforma que ahora ha sido congelada por motivos políticos.
Por todo ello, antes de embarcarse en la titánica tarea de redactar una nueva carta orgánica que garantice la autonomía del ente, numerosos analistas y economistas advierten que el gobierno debería, en primer término, remover el cerrojo que la propia política ha impuesto sobre las entrañas del Indec. La transparencia no se decreta con leyes, sino con hechos concretos que demuestren la voluntad de anteponer el rigor técnico a la conveniencia electoral. El proyecto de blindaje, en lugar de ser recibido como una garantía de pureza estadística, corre el riesgo de ser interpretado como una maniobra para desviar la atención sobre las injerencias ya consumadas, a menos que venga acompañado de gestos inequívocos de rectificación, comenzando por la reversión de las decisiones que han socavado la credibilidad de las mediciones oficiales en el último tiempo. La coherencia entre el discurso y la praxis será, en definitiva, el verdadero termómetro que mida el compromiso del gobierno con la integridad de sus datos.
