Adrián Ravier, portavoz de la Casa Rosada, evidenció un notable desfasaje informativo al intentar replicar las recientes revelaciones sobre la petrolera Navitas en aguas malvinenses. Tras titubeos y la lectura de un documento añejo de Cancillería, el funcionario admitió su desconocimiento, dejando al descubierto la fragilidad del discurso diplomático oficial en un tema neurálgico para la soberanía nacional.
En el marco de una conferencia de prensa que prometía esclarecer la postura gubernamental ante la creciente actividad hidrocarburífera en el Atlántico Sur, el vocero presidencial, Adrián Ravier, protagonizó un episodio que, lejos de aportar certezas, profundizó la percepción de desorientación dentro del Poder Ejecutivo. La situación se desencadenó a raíz de una investigación publicada por este medio, la cual evidenciaba la omisión y la falta de reacción del gobierno frente al avasallamiento soberano perpetrado por la firma israelí Navitas en el archipiélago. Lejos de ofrecer una postura firme o actualizada, el reemplazante de Manuel Adorni se enredó en un laberinto burocrático, recurriendo a un comunicado de Cancillería que databa de hace más de siete meses, como si se tratara de la última palabra en la materia.
El desconcierto fue palpable desde los primeros instantes de su intervención. Ravier, visiblemente inseguro, inició su alocución con una serie de confusiones que delataban su escaso conocimiento del dossier. En un primer movimiento, extrajo una hoja que hacía alusión a un incidente naval con un buque británico, un asunto tangencial que nada tenía que ver con el núcleo del cuestionamiento periodístico. Al percatarse del equívoco, el funcionario cambió abruptamente de página, justificando su error con una excusa que sonó a improvisación: «era una respuesta a otra pregunta», espetó, aunque ningún reportero había indagado sobre ese episodio marítimo en particular. Este tropiezo inicial presagiaba lo que sería una performance marcada por la falta de precisión y la ausencia de datos concretos.
El meollo de la cuestión residía en la autorización, otorgada en diciembre del año anterior por las autoridades coloniales británicas en Malvinas, para que Navitas llevara adelante el proyecto de explotación en el yacimiento Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte, a escasos 200 kilómetros de Puerto Argentino. Dicha aprobación, que se produjo sin la más mínima consulta a los representantes argentinos, fue respondida en su momento por el ministerio de Relaciones Exteriores con un escueto y tibio repudio, el cual careció de consecuencias fácticas. Sin embargo, la reciente filtración de un informe anual de la propia petrolera israelí, que revelaba maniobras contables para maquillar pérdidas millonarias mediante un artificio fiscal británico, exigía una actualización urgente de la postura nacional. Ante esta coyuntura, la respuesta de Ravier fue, cuanto menos, decepcionante.
Con una cadencia vacilante, similar a la de un estudiante que lee en voz alta un texto desconocido, el portavoz comenzó a desgranar las líneas del comunicado emitido por Cancillería el 11 de diciembre de 2025. El texto, que iniciaba con un «enérgico rechazo» a la «pretendida Decisión Final de Inversión» de las firmas Rockhopper y Navitas, sonó a disco rayado en la sala de prensa. El funcionario se esforzó por articular los nombres propios, haciendo pausas forzadas que evidenciaban su ajenidad al contenido, y al concluir la lectura, realizó una confesión que heló el ambiente: «Es lo que sé en este momento sobre este tema. Tendríamos que profundizar con Cancillería». Con estas palabras, Ravier no solo admitió su ignorancia, sino que delegó la responsabilidad en una cartera que, paradójicamente, ya había demostrado su ineficacia al no haber actualizado su postura en los últimos siete meses, a pesar de que el mundo entero observa con lupa el conflicto por la soberanía de las islas.
Más allá de la torpeza personal del vocero, el incidente pone de manifiesto una preocupante falta de cohesión en la estrategia diplomática del gobierno de Javier Milei. El comunicado leído en la conferencia, aunque retoma la histórica Resolución 2065 de Naciones Unidas que insta a la negociación bilateral, es un documento inerte que no ha sido acompañado de ninguna acción formal ni de una actualización que contemple las nuevas pruebas de la maniobra financiera de Navitas. El silencio cómplice durante todo este tiempo, roto únicamente por la presión de las autoridades fueguinas en diciembre pasado, ha permitido que la empresa israelí, con fuertes lazos con su gobierno y con la británica Rockhopper, consolide su posición en el territorio en disputa.
El contraste con el pasado reciente resulta inevitable. En 2015, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner impulsó una demanda penal contra las petroleras que operaban en la cuenca malvinense, logrando el secuestro de activos y una multa millonaria que disuadió a varias compañías de continuar con sus proyectos. Sin embargo, aquella postura firme se diluyó tras el acuerdo Foradori-Duncan durante la gestión de Mauricio Macri, y las administraciones posteriores no han mostrado el menor interés en reactivar la causa judicial. Hoy, el espectáculo de un vocero que lee un papel amarillento en lugar de anunciar medidas concretas no hace más que confirmar la pasividad de un Estado que parece haber abdicado de su rol en la defensa de los recursos naturales y la integridad territorial.
La promesa de Ravier de ampliar la información tras una consulta a Cancillería suena a un parche temporal que difícilmente disipe la desazón. La pregunta que queda flotando en el ambiente es si el Gobierno nacional es consciente de la gravedad de permitir que una empresa extranjera, amparada por el Reino Unido, explote hidrocarburos en un área que nos pertenece, y si existe la voluntad política de traducir el discurso de repudio en acciones jurídicas y diplomáticas efectivas. Por ahora, la única certeza es que la desinformación y la improvisación se han instalado en la cúspide del aparato estatal, dejando a la soberanía nacional a merced de los intereses foráneos y de la inercia burocrática.
