A pesar de la vigencia de una ley que limita la propiedad rural extranjera al 15% del territorio, decenas de departamentos superan ampliamente ese umbral. En un contexto de embestida oficial por desregular sin restricciones, un informe revela que Estados Unidos, Italia y España concentran más de la mitad de las tierras en poder de no residentes, enclavadas en zonas fronterizas, cuencas hídricas y corredores mineros. La maquinaria del despojo silencioso avanza mientras el Congreso asiste como espectador de un proceso que ya había comenzado bajo la administración de Mauricio Macri.
La administración que conduce Javier Milei persevera en su cometido de facilitar el traspaso de porciones sustanciales del suelo patrio a inversores foráneos, sin atender a cortapisa alguna que limite esa cesión. Los reiterados traspiés legislativos que ha sufrido el oficialismo en el recinto no han sido óbice para que La Libertad Avanza insista en profundizar un fenómeno que, durante la gestión de Mauricio Macri, ya había adquirido una inquietante dinámica expansiva. Lejos de claudicar, el Poder Ejecutivo redobla su apuesta por un modelo de apertura absoluta, que en la práctica se traduce en la progresiva pérdida de soberanía sobre activos que resultan vitales para el desarrollo nacional.
Un minucioso relevamiento elaborado por el Observatorio de Tierras, con base en datos oficiales obtenidos mediante solicitudes de acceso a la información pública, permite dimensionar la magnitud del fenómeno. En la actualidad, las compañías de origen estadounidense, italiano y español encabezan el ranking de potencias con mayor injerencia en el agro argentino, acumulando en conjunto más de la mitad de las 13 millones de hectáreas que permanecen en poder de firmas foráneas. A este trío dominante se suman consorcios radicados en Suiza, Chile, Uruguay, los Emiratos Árabes Unidos y el Estado de Qatar, además de un nutrido grupo de sociedades anónimas inscriptas en paraísos fiscales, que operan en las sombras y dificultan cualquier intento de trazabilidad. En su totalidad, estos actores controlan ya más del 5 por ciento de la extensión rural argentina, una superficie equivalente a la totalidad del territorio de Inglaterra, aunque con una diferencia sustancial: el suelo patrio no es un páramo yermo, sino un reservorio colmado de recursos hídricos, minerales críticos, bosques nativos y enclaves naturales destinados a la exportación.
Aunque desde 2011 se encuentra vigente la Ley de Tierras Rurales, que fija un tope del 15 por ciento para la propiedad extranjera tanto a nivel nacional como provincial, lo cierto es que al menos 36 departamentos transgreden holgadamente ese límite. Tal como se desprende del informe confeccionado por los investigadores Matías Oberlin y Julieta Caggiano, en localidades como Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja), Molinos y San Carlos (Salta), la proporción de suelo en manos no nacionales supera el 50 por ciento. No se trata de una casualidad geográfica, sino de una deliberada elección de enclaves que concentran dos factores esenciales: agua dulce en abundancia y vetas minerales de alto valor comercial.
El patrón de asentamiento de estos capitales trasciende las fronteras provinciales y obedece a una lógica depredadora perfectamente delineada. Las propiedades adquiridas por inversores externos se localizan, en su abrumadora mayoría, en zonas limítrofes —tanto en el norte argentino como a lo largo de la cordillera de los Andes— y en territorios que atesoran cuencas hidrográficas, yacimientos mineros o ventajas logísticas irremplazables, como puertos fluviales o vías navegables. Un ejemplo elocuente es la cuenca del Río Paraná, donde tres municipios —Iguazú (Misiones), Ituzaingó y Berón de Astrada (Corrientes), y Campana (Buenos Aires)— exhiben porcentajes de extranjerización que superan el 30 por ciento, lo que evidencia la codicia por controlar los corredores de salida de la producción primaria.
Matías Oberlin, investigador del Conicet y coautor del mapa junto a la socióloga Julieta Caggiano, sintetiza la mecánica imperante con una claridad meridiana: «Son tierras de frontera o ricas en recursos minerales e hídricos. Se ubican donde hay elementos finitos, como en la zona de la Cordillera, que alberga glaciares y minerales críticos, o en la hidrovía del Paraná». El historiador añade que esta geografía del despojo no es fortuita, sino que responde a una planificación que prioriza el acceso a bienes escasos y estratégicos, en detrimento de las comunidades locales y de la soberanía nacional sobre sus propias riquezas.
El caso de la provincia de Misiones resulta paradigmático dentro de este escenario. Con una extranjerización que roza el techo del 15 por ciento, y cinco departamentos que ya lo han sobrepasado, el territorio misionero se ha convertido en un bastión del capital chileno, representado casi en su totalidad por la empresa Arauco, dedicada al monocultivo intensivo de pinos. Esta multinacional, surgida de una privatización durante la dictadura de Augusto Pinochet, posee más de 230.000 hectáreas y, según investigaciones de Fernando Romero Wimer y Paula Fernández Hellmund, su expansión ha abarcado el 48 por ciento de los bosques nativos y controla más del 40 por ciento de nueve cuencas hidrográficas provinciales. Oberlin advierte sobre las consecuencias sociales de esta avanzada: «Van desplazando poblaciones, generando presión sobre las tierras y complicando, por ejemplo, la producción de los yerbateros de esa provincia. La mayoría de estos departamentos están en zonas de frontera».
En la Patagonia, el departamento de Cushamen, dentro de la provincia de Chubut, presenta un 23 por ciento de sus tierras en poder de extranjeros, con un predominio abrumador de capitales italianos. El grupo Benetton es el principal actor, con 900.000 hectáreas bajo su dominio, en una región que ha sido escenario de incendios reiterados y de agudos conflictos sociales, como el que involucra a la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia, a la cual acompañaba el joven Santiago Maldonado antes de su desaparición. Los especialistas del Observatorio subrayan que la disputa con los grandes consorcios ha desencadenado un proceso de expulsión sistemática de las comunidades originarias, que ven cercenado su hábitat ancestral en favor de intereses foráneos. Una dinámica similar se reproduce en Bariloche, que ya roza el límite legal con un 14 por ciento de tierras extranjerizadas, y en el departamento de Lácar.
El corredor del Río Paraná no escapa a esta lógica de acaparamiento. En localidades como Zárate y Campana (Buenos Aires), así como en varios distritos de Santa Fe y Corrientes, se ha consolidado un núcleo de extranjerización estrechamente vinculado al modelo primario-exportador. Allí confluyen capitales chilenos, españoles, italianos y de otros orígenes, atraídos por la ventaja estratégica de asentarse a la vera de la principal vía fluvial del país, con acceso directo a nodos logísticos y puertos que facilitan la salida de la producción sojera y ganadera. Oberlin explica que, en las últimas décadas, se ha producido una expansión de la frontera agrícola y del monocultivo de soja hacia las provincias del Norte, que antes estaban ocupadas por bosques nativos, y que han ido reconvirtiendo sus actividades para abastecer la demanda externa.
En la provincia de Salta, el 11 por ciento de las tierras rurales pertenece ya a consorcios transnacionales. Entre los actores más relevantes figura la china High Luck Group Limited, que opera 300.000 hectáreas en Juan Solá y Tartagal Oriental, con concesiones petrolíferas y gasíferas tanto en Argentina como en Estados Unidos. Le sigue la firma Quebracho Colorado S.A., con más de 150.000 hectáreas en General Pizarro, El Quebrachal y El Bobadal, cuyos propietarios son dos hermanos oriundos de Texas, Paul David Gabel y David Kent Gabel, dedicados al cultivo de soja, trigo, maíz y a la cría de ganado bovino, y que ya han protagonizado conflictos ambientales por desmontes indiscriminados. La estadounidense Golden Minerals Company cierra el podio con 67.000 hectáreas en San Antonio de Los Cobres, donde explota yacimientos de oro, plata y cobre.
La provincia de Mendoza, por su parte, roza el límite legal en el departamento de Malargüe, con un 14,73 por ciento de su superficie en manos foráneas, lo que equivale a más de 600 mil hectáreas. Según el Observatorio, en esa zona opera una empresa minera con proyectos de extracción de uranio, potasio, oro, cobre y hierro, en una región que además posee más de 11 mil hectáreas de área glaciar. El proyecto de extracción de cobre controlado por la firma Wincul S.A. se suma a esta constelación de intereses, en su mayoría de capital español, vinculados directamente a la gran minería. Oberlin destaca la desproporción que implica esta concentración: «En el departamento de Malargüe son más de tres millones de hectáreas y hay 600.000 que están extranjerizadas. Una proporción muy alta si se compara con Buenos Aires, que tiene 800.000 extranjerizadas y es la provincia continental más grande del país».
En San Juan, el departamento de Iglesia presenta un alarmante 25 por ciento de tierras en poder de no residentes. Alrededor de 11.000 hectáreas de superficie glaciar, junto con dos proyectos mineros en operación y once previstos, convierten a esta área cordillerana en uno de los espacios donde con mayor claridad se superponen recursos hídricos estratégicos, intereses extractivos y procesos de concentración y extranjerización de la tierra, según consigna el informe. Catamarca no se queda atrás: en Tinogasta, el 27 por ciento de la superficie rural ha sido adquirida por inversores externos, con proyectos mineros ubicados a solo 4500 hectáreas de ambientes glaciares o periglaciares, lo que genera graves tensiones en la gestión del agua y la protección de estos ecosistemas de alta montaña.
Finalmente, en General Lamadrid, provincia de La Rioja, el porcentaje de extranjerización se eleva al 57 por ciento, el más alto del país, con seis proyectos mineros previstos, varios de ellos vinculados a capitales canadienses, localizados en zonas con presencia de glaciares. Este panorama, lejos de ser un inventario estático, se perfila como una dinámica en constante expansión, alimentada por un contexto normativo que, de la mano del actual Gobierno, busca eliminar cualquier traba remanente a la inversión foránea, desprotegiendo aún más los recursos naturales y las comunidades que dependen de ellos. La pregunta que sobrevuela es si la dirigencia política estará a la altura de frenar este avance silencioso que, hectárea a hectárea, va desdibujando los límites de la soberanía argentina.
