El Departamento de Estado habla abiertamente de una «coalición» de más de 60 países para combatir al denominado «terrorismo político de izquierda». El canciller argentino, Pablo Quirno, y el número dos de la SIDE tuvieron un rol protagónico en la cumbre de Washington, mientras organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición advierten sobre una peligrosa reminiscencia de la Doctrina de la Seguridad Nacional y piden explicaciones al Gobierno de Javier Milei.
En las últimas horas, la diplomacia estadounidense ha dejado de lado los eufemismos para definir su nueva ofensiva hemisférica. Lo que en apariencia pudo haber sido una reunión multilateral más, con la participación de representantes de más de seis decenas de países, ha sido calificado por el Departamento de Estado como el pilar fundacional de una «coalición» internacional cuyo objetivo explícito es la derrota de lo que denominan «terrorismo político de izquierda». Así se desprende de la información oficial a la que accedió este diario, y que revela un giro radical en la política de seguridad de la administración republicana, ahora alineada con la visión maximalista del presidente Donald Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio.
El canciller argentino, Pablo Quirno, junto al segundo en la línea de mando de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), José Lago Rodríguez, no solo asistieron al cónclave celebrado en Washington el pasado 16 de julio, sino que ocuparon un lugar de excepción en el evento. Fuentes de la Cancillería argentina destacaron con orgullo que el representante del gobierno de Javier Milei fue designado para pronunciar el discurso central durante el almuerzo de la cumbre, un gesto que subraya la sintonía ideológica entre la Casa Rosada y la nueva administración norteamericana. Paralelamente, la SIDE difundió en sus redes sociales que Argentina fue uno de los apenas cinco países seleccionados por la potencia del norte para exponer sus experiencias en la materia, dejando entrever un compromiso que trasciende lo meramente formal y se instala en el terreno de la alianza estratégica.
Sin embargo, este protagonismo ha despertado una profunda inquietud en los sectores progresistas y defensores de los derechos humanos, que ven en esta iniciativa una inquietante actualización de la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN) y del Plan Cóndor, los mecanismos represivos que articularon la persecución y exterminio de opositores durante las dictaduras del Cono Sur en las décadas de 1970 y 1980. La abogada Myriam Bregman, con una vasta trayectoria en juicios por crímenes de lesa humanidad, fue contundente al advertir que el Gobierno argentino no solo reivindica aquella etapa oscura, sino que está dispuesto a instrumentar sus estrategias más letales. «La SIDE no solo participó siempre de los sótanos de la política, sino que es uno de los pilares de la persecución a opositores», sostuvo Bregman, en referencia al rol clave que tuvo la inteligencia argentina en la coordinación represiva regional.
El discurso de Marco Rubio ante los delegados fue explícito y carente de ambigüedades. El secretario de Estado estadounidense arengó a los presentes afirmando que ya habían derrotado a esta amenaza en el pasado, mencionando sin titubeos a organizaciones como Montoneros en Argentina o los Tupamaros en Uruguay, grupos que fueron salvajemente reprimidos por las dictaduras militares. La receta propuesta por Rubio para la nueva «cruzada» se asienta sobre viejos y conocidos pilares: el intercambio de inteligencia sin cortapisas y el trabajo coordinado entre las agencias de seguridad de los países miembros, con el FBI y el Departamento de Estado como articuladores centrales. Esta lógica ya ha comenzado a materializarse en el terreno, tal como lo demuestra la reciente visita a Buenos Aires del número dos del Buró Federal de Investigaciones, Andrew Bailey, quien se reunió con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el embajador estadounidense, Peter Lamelas, para «profundizar las investigaciones, la inteligencia criminal y las operaciones coordinadas».
La implementación de este plan en Argentina ya tiene un eslabón concreto: el Centro Nacional Antiterrorista (CNA), creado el año pasado por la SIDE y el Ministerio de Seguridad en alianza con el FBI. Este organismo se ha convertido en el principal foco de alerta para los organismos de derechos humanos, que denuncian que su verdadera función no es combatir el crimen organizado, sino criminalizar la protesta social y la disidencia política. En este sentido, la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky, subrayó que «la instrumentalización política de la definición de terrorismo es una característica del actual gobierno de los Estados Unidos y de varios de sus aliados en la región», y recordó que definiciones análogas fueron utilizadas históricamente para perseguir al anarquismo o al movimiento antifascista.
En el plano doméstico, la reacción de la oposición no se hizo esperar. Diversos bloques legislativos, encabezados por Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, ya han presentado proyectos para citar al canciller Quirno al Congreso, con el fin de que explique detalladamente los alcances de los compromisos asumidos en Washington y si se remitieron informes de inteligencia argentina al Departamento de Estado. El diputado Juan Marino impulsó una iniciativa que exige saber si se firmó algún tipo de declaración conjunta que vincule al país con esta cruzada ideológica. Por su parte, el exministro de Defensa Agustín Rossi presentó un pedido de acceso a la información pública para que el Gobierno explicite qué entiende por terrorismo político y desclasifique el discurso que brindó Quirno en la cumbre. «Es una caza de brujas», sentenció Rossi, advirtiendo que se persigue a activistas progresistas y de izquierda en toda la región.
El temor a una reedición del macartismo no es un exabrupto retórico. El abogado Eduardo Tavani, referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), calificó la iniciativa como una «reedición a escala global del macartismo de los años 50», donde se promueve la persecución de quienes piensan distinto, y señaló la gravedad de que el Departamento de Estado vuelva a erigirse en gendarme mundial. Graciela Lois, presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, fue aún más lejos al afirmar que el Gobierno de Milei no solo reivindica la dictadura, sino que está dispuesto a usar algunas de sus estrategias represivas más infames.
Desde la administración estadounidense, el entusiasmo por la convocatoria es creciente. Gregory LoGerfo, embajador para temas de contraterrorismo, ya anunció que el próximo encuentro de esta «coalición» se realizará en Alemania, y espera una participación aún mayor. Mientras tanto, en Argentina, el fantasma de la Doctrina de la Seguridad Nacional vuelve a recorrer los pasillos de la política y la sociedad civil, con la certeza de que la lucha contra el terrorismo se ha convertido en un comodín para legitimar la violencia estatal y cercenar las libertades ciudadanas.
