Mientras una tormenta de desinformación, impulsada por intereses comerciales y políticos, juzgaba a los argentinos en el plano digital, en el mundo físico la administración nacional libraba una silenciosa batalla en el Congreso para asegurar los votos que le permitan aprobar proyectos controvertidos y, de paso, garantizar la reelección presidencial.
La percepción de vulnerabilidad volvió a instalarse en el tejido social argentino, esta vez no por una crisis económica o un revés diplomático, sino por el embate de una nube tóxica de virtualidad. Una suerte de tribunal digital de alcance global, montado sobre la dinámica efímera y punzante de las redes sociales, juzgó al país con el estigma del racismo, arrastrando en su vorágine a periodistas que, en el ejercicio de la mentira, cayeron en la abyección al señalar al titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y al plantel de la selección nacional.
Este fenómeno no es un mero episodio de narcisismo digital, sino el reflejo de una nación que se percibe lejana, insegura y diminuta ante la mirada del extranjero, una debilidad que los expuso sin resguardo a la tormenta desatada por los ecos del Mundial de fútbol. La efímera gesta deportiva fue el caldo de cultivo perfecto para que millones de interacciones fueran capitalizadas por actores anónimos pero poderosos, quienes transformaron ese torrente de menciones en propaganda gratuita. La lógica de supervivencia en ese flujo infinito impuso una máxima perversa: para sobresalir, no bastaba con estar a favor; era menester putear, odiar y humillar. El agravio a lo argentino se erigió como la herramienta más eficaz para aprovechar el impulso masivo.
En ese lodazal virtual, confluyeron los intereses más dispares. Hubo marcas comerciales que insinuaron que una firma rival había comprado el título mundial para favorecer a la selección que patrocinaban; sectores políticos intentaron demostrar que la oposición repudiaba al combinado nacional, buscando convertir a Lionel Messi en un ícono de la derecha, al punto que el director de un medio afín persiguió al astro hasta lograr una foto que hizo circular con profusión, aunque el jugador probablemente ignorara quién era su acompañante. La efervescencia se mantuvo hasta que Messi mostró su costado más humano, dedicando el triunfo sobre Inglaterra a la bandera de Malvinas y a la «gente trabajadora que la está pasando mal y le cuesta llegar a fin de mes», un gesto que humanizó la epopeya deportiva.
Paralelamente, los defensores de la privatización del fútbol argentino veían en la derrota del seleccionado un camino para socavar la autoridad de Claudio «Chiqui» Tapia, quien resiste el negocio de la venta de los clubes. Incapaces de manifestarlo abiertamente, recurrieron a una gigantesca noticia falsa que atribuía un eventual revés ante España a una supuesta intervención del FBI contra el dirigente, o a amenazas a las familias de los jugadores. Esta sopa de mentiras, amplificada por supuestos periodistas profesionales, generó un clima de furia irracional, evidenciando la necesidad imperiosa de que las sociedades aprendan a navegar estas aguas y los gobiernos regulen un espacio donde la estupidez humana alcanza grados extremos.
Pero mientras la atención pública se dispersaba en esa selva imaginaria, en el terreno de lo tangible, el gobierno nacional enfrentaba un escollo mayúsculo para sortear la resistencia de sus propios aliados. Las dos propuestas de ley que el Ejecutivo busca impulsar no son menores: la llamada «inocencia fiscal», un proyecto que premia la evasión y, en sus peores aristas, podría beneficiar al narcotráfico; y la normativa que establece la inviolabilidad de la propiedad privada, allanando el camino para la extranjerización de la tierra en zonas fronterizas, nacientes de agua y áreas estratégicas. Los gobernadores, tradicionales socios del oficialismo, se pusieron los moños y atascaron el tratamiento de estas iniciativas, que no tienen parangón en el derecho comparado.
El nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, se ha sumergido de lleno en la negociación, donde la regla no escrita dicta que los votos tienen un precio, incluso para respaldar medidas tan degradantes. El toma y daca se ha naturalizado como una suerte de «habilidad política», donde un mandatario provincial puede exhibir con orgullo la obtención de fondos para una ruta, quizás la misma que sirve al comercio del narcotráfico, a cambio de su apoyo en el Congreso. Si bien el gobierno ha cumplido a medias con las promesas de obra pública para comprar voluntades, en los pasillos del poder se da por descontado que el superávit fiscal no será obstáculo para el gasto electoral, y los gobernadores esperan una disposición más generosa desde la Casa Rosada para destrabar los proyectos.
Sin embargo, no todos se pliegan a este mecanismo corruptor. Mandatarios de Tierra del Fuego, Formosa, Buenos Aires, La Pampa, Santiago del Estero y La Rioja, enrolados en Unión por la Patria, han mantenido una prudente distancia de esta lógica que corrompe el federalismo. La ley de extranjerización, que será presentada nuevamente el 6 de agosto, ya tuvo un traspié en el Senado de la mano de Patricia Bullrich, quien pagó un costo político frente a la hermana del Presidente por intentar diferenciarse del oficialismo, aunque ahora asegura tener los votos necesarios.
Esta pulseada legislativa transcurre mientras el calendario electoral se acerca inexorablemente. El gobierno negocia el respaldo para sus proyectos deshonrosos al tiempo que busca el apoyo de los gobernadores para la reelección de Javier Milei, en un tablero donde el convencimiento es un lujo que no se pueden permitir y donde el pago y la cobranza son la moneda corriente. La oposición, por su parte, ha convocado a un acto en la Plaza de los Congresos para frenar estas leyes y recuperar el clima de defensa del interés nacional que se avivó cuando la selección mostró el cartel de Malvinas, buscando tejer un contrapeso a la avanzada oficialista.
A este escenario incierto se suma el descontento social. El miércoles, la CGT movilizó junto a jubilados, las dos CTA y movimientos sociales, una marcha que, si bien no fue multitudinaria, dejó como saldo represión en el Puente Pueyrredón y el reconocimiento de una conducción sindical moderada de que no ha habido ni una sola medida que favorezca a los trabajadores. En medio de esta realidad volátil, algunas consultoras se aventuran a predecir que, si el oficialismo logra frenar la inflación y mantener el poder adquisitivo del salario, Milei podría tener un camino hacia la reelección. Sin embargo, la incertidumbre es la única certeza, y las metas macroeconómicas parecen un espejismo difícil de alcanzar en un país que, atrapado entre la mentira viral y la especulación política, asiste a un espectáculo donde la suerte de la nación se dirime en el mostrador de los miserables.
