Una legisladora libertaria disidente acusa al Gobierno de usar a un jubilado como testaferro para facturar más de 600 millones de pesos y sospecha que los alimentos premium comprados para la residencia presidencial terminaban en un negocio privado de catering. La trama involucra a familiares de una funcionaria clave y a la empresa que provee carne y verduras. El Ejecutivo guarda silencio sobre cuántas personas comen allí.
Las recientes acusaciones sobre presuntos actos de corrupción en la Quinta de Olivos colocan bajo la lupa al entorno más cercano de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Marcela Pagano, diputada electa por La Libertad Avanza y hoy distanciada de la gestión libertaria, sostiene que el Gobierno utilizó a un jubilado residente en un barrio humilde para inscribirlo como proveedor del Estado. A nombre de esa persona se habrían emitido facturas por más de 600 millones de pesos que, según insinuó la legisladora, habrían sido cobrados por el círculo íntimo de la hermana del presidente. Pagano anticipó que este lunes ampliará ante la justicia la denuncia que ya presentó.
A través de sus redes sociales, la diputada también cuestionó la compra de carritos de golf eléctricos para el traslado interno en el predio presidencial, operaciones que se multiplicaron sin justificación aparente y que habrían beneficiado de manera exclusiva a la firma Melex. Asimismo, habló de desembolsos exorbitantes en aromatizantes de ambiente. Sus revelaciones cobraron mayor fuerza después de que el presidente Milei decidiera despedir a los trabajadores civiles de la residencia de Olivos y encomendarle a la Casa Militar las tareas operativas en la Quinta.
Hasta el momento se desconocen los motivos reales de esas desvinculaciones. La versión oficial indica que la medida buscó reforzar la seguridad del predio, en un comunicado que menciona “la escalada de la inseguridad a nivel global y la visita del Papa León XIV a la Argentina”. Sin embargo, esa explicación no resultó convincente y comenzaron a circular otras conjeturas. Una de ellas sugiere que uno de los perros de Milei se habría intoxicado y que el mandatario sospecha un intento de envenenamiento. Otra apunta a que Milei estalló de furia cuando un artículo periodístico reveló que el gobierno licitó la adquisición de 29 toneladas de carne de calidad premium para abastecer la Casa de Gobierno y la Residencia de Olivos por un monto de 500 millones de pesos. Las compras de carne, frutas y verduras para Olivos aumentaron en volumen y el Ejecutivo nunca respondió cuántas personas comen diariamente en ese lugar.
Para la diputada Pagano, el verdadero propósito de los despidos fue “disimular los curros con los proveedores y el afano de mercadería”. En sus publicaciones señaló que la cocina de la residencia de Olivos estaba a cargo de Analía Agudiez, hermana de Belén Agudiez, subsecretaria general de la Presidencia y persona de máxima confianza de Karina Milei. Analía Agudiez era además pareja del intendente de la residencia de Olivos, Osvaldo Sosa. La familia Agudiez es propietaria de una empresa de catering. “La carne que se compraba ¿iba toda a Olivos o se desviaba a los caterings?”, se preguntó la legisladora.
En la denuncia que llevó a la justicia, Pagano pidió que se investigue a Karina Milei, a la subsecretaria de la Presidencia, Belén Agudiez, al ex intendente de la Residencia de Olivos, Javier Sosa, y a otros funcionarios por los presuntos delitos de administración fraudulenta, peculado, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. También incluyó en la presentación a la empresa Fransro, proveedora de alimentos.
“No se denuncia que el Estado compre alimentos para sus dependencias; se denuncia que compra cantidades que ninguna estimación razonable puede explicar, con estándares de calidad superiores a los que puede permitirse cualquier familia argentina”, afirma el escrito judicial. La denuncia agrega que, aun computando el personal de la Residencia, la custodia y los eventos oficiales, se trata de volúmenes que exceden por mucho lo que un hogar presidencial puede consumir, y que el Poder Ejecutivo, que dispone del dato, se niega a informar cuántas personas comen allí. Además del elevado consumo de carne, la presentación sostiene que una compra de vegetales para seis meses se renovó a los cuatro meses y medio, lo que implicaría que la residencia presidencial habría recibido más de 150 kilos diarios de frutas y verduras.
La demanda también denuncia nepotismo en las designaciones: cuestiona a la subsecretaria Belén Agudiez por haber nombrado en la administración presidencial a diversos familiares, entre ellos su primo, Javier Sosa, designado como intendente de la Quinta de Olivos. La hipótesis principal de la denunciante es que los alimentos premium adquiridos con fondos públicos eran desviados al emprendimiento privado de catering perteneciente a Javier Sosa y su pareja, la hermana de Belén Agudiez, para ser comercializados en eventos particulares.
La solicitud a la justicia contempla medidas de preservación de prueba, como el resguardo de registros informáticos y filmaciones de las cámaras de seguridad, una constatación e inventario judicial en los depósitos de Olivos, y la citación a declarar de los trabajadores civiles despedidos. La denunciante consideró que el desplazamiento de los empleados, que son testigos clave, y la transferencia de todas las actividades a la Casa Militar generan un alto riesgo de alteración, extravío o destrucción de las pruebas.
