El exjefe de gabinete asegura haber acumulado casi 600 mil dólares en criptomonedas sin declarar, pero su relato presenta fisuras que especialistas y la propia Justicia ponen en duda
A escasas horas de que venciera el plazo fijado por la Justicia, el exjefe de gabinete Manuel Adorni presentó un escrito de 78 páginas mediante el cual intentó justificar el origen de sus cuantiosos gastos durante su paso por la función pública. La estrategia defensiva, diseñada por su abogado Matías Ledesma, se sustenta en una afirmación tan llamativa como difícil de comprobar: haber acumulado casi 600 mil dólares en ocho direcciones de Bitcoin que, según su versión, adquirió entre 2014 y 2018 y mantuvo fuera del sistema financiero formal, en una época en la que las plataformas de intercambio de criptoactivos operaban sin regulación alguna.
El relato del exfuncionario sostiene que, junto a su esposa Bettina Angeletti, invirtió fondos que conservaba al margen del circuito bancario y que, mediante sucesivas operaciones de compra y venta, logró reunir 591.544,61 dólares distribuidos en ocho cuentas cripto. Sin embargo, el propio letrado que lo representa reconoció que el matrimonio optó por «vivir como si no tuvieran» ese dinero, una frase que, lejos de fortalecer su posición, abre un abanico de sospechas sobre la verdadera titularidad de los fondos y sobre la existencia misma de esas ganancias.
Una defensa que confunde acceso con propiedad
El eje central sobre el que gira la explicación de Adorni consiste en afirmar que la posesión de las claves privadas de una billetera virtual equivale a su titularidad. Según su abogado, dado que las billeteras de criptomonedas carecen de datos que identifiquen a su dueño, sería la tenencia de la clave lo que permitiría acreditar la propiedad. Para respaldar esta tesis, el exvocero concurrió ante un escribano público y firmó un mensaje en cada una de las ocho billeteras, ingresando con las claves correspondientes, que no fueron divulgadas. Incluso dejó un sobre cerrado y lacrado con esas claves a disposición de su representante legal, por si la Justicia considerara insuficiente la constatación notarial.
No obstante, especialistas en tecnología y ciberseguridad consultados coinciden en que este argumento carece de sustento lógico y técnico. Maximiliano Firtman, periodista especializado en tecnología y director de Codemia, explicó que lo que Adorni demuestra es que tiene las llaves privadas en la actualidad, lo cual no implica que fuera el titular entre 2014 y 2018. «Eso no tiene sentido lógico ni técnico», afirmó. Julio López, experto en ciberseguridad, fue aún más gráfico al señalar que tener las llaves de apertura de una cuenta garantiza el acceso, pero no la titularidad, del mismo modo que poseer la llave de un automóvil no convierte a quien la sostiene en su propietario registral.
La confusión entre accesibilidad y propiedad constituye, según los entendidos, el punto más vulnerable de la estrategia defensiva. Que una persona tenga acceso hoy a esas cuentas no significa que lo tuviera durante el período en que supuestamente se generaron los fondos, y mucho menos que haya sido su dueño a lo largo de esos años.
Transacciones cara a cara, sin rastros ni testigos
El escrito presentado ante el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo describe un circuito completamente informal. Adorni asegura que sus primeras inversiones en Bitcoin comenzaron en octubre de 2014, con compras que en conjunto ascendieron a 1.897,20 dólares. Dado que en aquel entonces no existían las múltiples plataformas de intercambio actuales, y que el dinero provenía de fondos mantenidos al margen del sistema financiero, el exfuncionario se encontraba personalmente con quienes le vendían las criptomonedas en lugares públicos, sin que ninguna de las partes se identificara, manteniendo estricta reserva y anonimato.
La liquidación de esos activos, según su versión, se concretó de idéntica manera: mediante encuentros personales con compradores anónimos, pactados previamente, en los que se acordaba el precio y se entregaban los Bitcoin a cambio de efectivo. Todo secreto, todo sin rastro, todo sin documentos, recibos ni testigos. Cuatro de las ocho direcciones habrían sido liquidadas el mismo día, el 5 de agosto de 2017, en operaciones que totalizaron casi 300.000 dólares en efectivo, entregados en mano por compradores cuya identidad jamás será posible rastrear.
Firtman calificó este relato como exagerado y difícil de creer. Señaló que, aunque este tipo de intercambios uno a uno existían, no era común en aquella época disponer de semejante liquidez para ir a un lugar público con 100 mil dólares y contarlos. «Es raro», sintetizó. El propio especialista, que invirtió en Bitcoin en las mismas fechas que Adorni dice haber amasado su fortuna, recordó que en ese entonces nadie ponía casi todo su capital en criptomonedas porque era una verdadera ruleta rusa. «Los que hicieron mucha plata pusieron un poquito. Pero Adorni dice que puso todo su capital. Es difícil de creer», agregó, destacando además que él sí conserva recibos y transferencias que pueden probar sus operaciones, mientras que el exjefe de gabinete no exhibe ningún elemento verificable.
El cruce que desmorona el relato
A las inconsistencias señaladas por los especialistas se sumó un dato revelador aportado por Martín Romeo, especialista en temas cripto y damnificado del caso $LIBRA. Romeo cruzó las ocho billeteras Bitcoin mencionadas en el relato de Adorni con la línea de tiempo de sus publicaciones en redes sociales y encontró una incompatibilidad flagrante. El 15 de abril de 2017, a las 21:54, Adorni tuiteó: «Estoy por Chile». Menos de tres horas después, su supuesta billetera número uno recibió cerca de 1,1 Bitcoin. Si el exfuncionario se encontraba fuera del país en ese momento, resulta imposible que esa misma operación se haya concretado mediante un encuentro personal en Buenos Aires, como sostiene su defensa.
«Acá no hace falta inventar una novela. Él mismo se ubica fuera de la Argentina en el mismo momento en que una de las ocho wallets del relato recibe capital», señaló Romeo. Y agregó: «Se puede recibir Bitcoin estando en Chile, sí, con el celular, con una clave, con un tercero. Lo que no cierra, si uno toma en serio su propia declaración, es el cuento del encuentro personal en el país para esa operación». La contradicción entre la ubicación geográfica declarada y la mecánica de las transacciones descriptas constituye un golpe difícil de sortear para la estrategia defensiva.
Ganancias que se esfuman, gastos que aparecen
El aspecto más controvertido del relato de Adorni radica en la aparente contradicción entre el supuesto ahorro y el destino final de esos fondos. Según su abogado, el matrimonio optó deliberadamente por «vivir como si no tuviera» el dinero, privilegiando el ahorro y la prudencia patrimonial por sobre cualquier cambio en su nivel de consumo, con la mira puesta en garantizar la educación de sus hijos y su propia jubilación. Sin embargo, ese dinero supuestamente reservado durante años fue gastado casi en su totalidad apenas Adorni asumió en la Casa Rosada.
Desde su ingreso a la función pública, el exvocero adquirió un departamento en Caballito, compró una casa en el barrio privado Indio Cuá en Exaltación de la Cruz que reformó a nuevo con una inversión que el contratista Matías Tobar declaró bajo juramento en 245 mil dólares, y realizó diversos viajes al exterior, entre ellos a Aruba, Brasil y Punta del Este en avión privado, además de escapadas de descanso por el país con estadías en hoteles de lujo. La defensa justificó la mudanza al departamento de Miró 550 por razones de seguridad, alegando que el anterior inmueble no contaba con cochera y que los vecinos arrojaban objetos al patio, y la adquisición de la casa de fin de semana en Indio Cuá como una medida para preservar a sus hijos menores tras un altercado en la vía pública. Lo que nunca explicó es por qué, si se trataba meramente de una cuestión de seguridad, era necesario invertir 245 mil dólares en refacciones de lujo.
El propio abogado defensor reconoció la contradicción al afirmar que «mi asistido y su cónyuge fueron conscientes de que, con esas decisiones, el dinero que venían ahorrando con miras al futuro de sus hijos pasó a destinarse, en cambio, a la adquisición y refacción de la casa de Indio Cuá y a la adquisición del departamento de Miró». Acto seguido, sostuvo que igualmente podrían vender esas propiedades y recuperar el dinero. La pregunta que sobrevuela es inevitable: si el dinero existía y estaba destinado a fines tan nobles, por qué se gastó de manera tan ostentosa y tan oportunamente al llegar al poder.
Las dudas que persisten y el futuro de la causa
La presentación de Adorni incluyó la incorporación de más de 500 mil dólares en las rectificaciones de sus declaraciones juradas de 2023 y 2024, realizadas el 11 de junio pasado, cuando también presentó la declaración jurada de 2025. Estas correcciones se produjeron después de que diversas investigaciones periodísticas dieran cuenta de sus gastos durante la función pública, lo que motivó la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito que derivó en la causa judicial que hoy lo tiene como investigado.
Para la defensa, la evolución patrimonial de Adorni entre diciembre de 2023 y junio de 2026 encuentra sustento razonable y verificable en la prueba documental, contable y técnica acompañada, sin que exista enriquecimiento apreciable alguno que no admita explicación. Sostienen que no se verificó que el incremento patrimonial cuestionado haya ocurrido durante el ejercicio de la función pública, al menos en su tramo más significativo, ni que exista una desproporción injustificada respecto de los ingresos lícitos comprobados, por lo que la conducta investigada deviene atípica respecto del artículo 268 del Código Penal. Incluso plantearon que, de considerarse que hubo alguna infracción tributaria, el caso debería pasar al fuero Penal Económico.
Ahora la pelota está en el tejado del fiscal Gerardo Pollicita, quien tiene delegada la investigación y deberá analizar si la última contestación de Adorni resulta suficiente o si, por el contrario, solicita su citación a indagatoria. Quien tendrá la última palabra será el juez Ariel Lijo, el mismo que fue candidato del gobierno para la Corte Suprema de Justicia pero no logró reunir los dos tercios de los votos del Senado, una relación que despierta todo tipo de suspicacias sobre la imparcialidad de su decisión.
El caso presenta aristas que exceden la mera cuestión patrimonial. La combinación de un relato inverosímil, la falta absoluta de documentación respaldatoria, las contradicciones geográficas y temporales, y la coincidencia entre el supuesto ahorro y los gastos suntuosos realizados durante la función pública configuran un cuadro cuando menos sospechoso. Los especialistas coinciden en que Adorni podría haber aportado otros elementos para demostrar la titularidad de las ocho billeteras, como el flujo del dinero desde esas cuentas hacia una cuenta bancaria propia y de allí a una cuenta en dólares, pero en su declaración afirma que el intercambio se hizo de forma informal, cara a cara con una persona, lo que imposibilita cualquier verificación.
La pregunta que queda flotando es si Pollicita y Lijo le darán la razón al exjefe de Gabinete o si, por el contrario, lo llamarán a indagatoria para que explique ante la Justicia las múltiples inconsistencias de un relato que, por ahora, se sostiene sobre la nada misma.
