El mandatario estadounidense asegura que Teherán «no ha sufrido lo suficiente» para negociar, mientras la escalada bélica en el mar Rojo y el estrecho de Ormuz dispara el precio del petróleo y enciende las alarmas en Naciones Unidas. En paralelo, la Casa Blanca vincula el desarrollo de un programa nuclear civil saudí con el reconocimiento del Estado hebreo, en una movida geopolítica que ya cosecha duras críticas en el Congreso.
En una jornada que ha tensado al máximo los resortes de la diplomacia internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a agitar el tablero de Medio Oriente al manifestar abiertamente su disposición a ordenar una ofensiva de magnitud extraordinaria contra la República Islámica, una operación que, según sus propias palabras, superaría con creces los bombardeos del pasado 28 de febrero, los cuales marcaron el inicio del actual conflicto bélico. La declaración, efectuada en el marco de una brevísima comunicación telefónica con el medio digital Axios, no solo ha encendido las alertas en los foros multilaterales, sino que ha puesto de manifiesto la volátil estrategia de la Casa Blanca, donde la coerción militar se entrelaza con complejas negociaciones diplomáticas en las que Israel y Arabia Saudita emergen como piezas clave.
El gobernante republicano, lejos de matizar sus intenciones, enfatizó que la eventual arremetida sería «más grande que nunca», y se mostró tan convencido de la capacidad operativa de su nación que desestimó cualquier necesidad de apoyo externo, aunque no dudó en señalar que, en caso de solicitar su intervención, el Estado hebreo se sumaría al esfuerzo bélico «en dos minutos». Esta presunción de respaldo inmediato por parte de Israel subraya la alineación estratégica entre ambas potencias frente al enemigo común persa, pero también revela la unilateralidad con que Trump concibe la proyección de fuerza estadounidense. El mandatario justificó su postura al calificar a los iraníes como una parte que, pese a manifestar su deseo de entablar diálogos para alcanzar un pacto que ponga fin a las hostilidades, aún no ha experimentado el castigo suficiente como para ceder en sus pretensiones nucleares, un criterio que ha sido interpretado por analistas como una invitación a profundizar la presión bélica y económica antes de retomar la mesa de negociaciones.
Mientras estas declaraciones resonaban en los principales centros de poder, el terreno físico de la contienda se expandía peligrosamente. Las hostilidades, que parecían haber encontrado un respiro tras un efímero cese al fuego de apenas unas semanas, se reavivaron con una virulencia inusitada a principios de mes, sumiendo al estratégico estrecho de Ormuz en un clima de caos y zozobra. La tensión se ha trasladado incluso hacia el mar Rojo, donde los rebeldes hutíes de Yemen, en un movimiento que ha sido interpretado como una extensión del conflicto por delegación, han declarado un bloqueo contra los puertos saudíes y han reivindicado el ataque con misiles y drones contra dos buques petroleros de la nación árabe, los navíos Encelia y Layla. Esta amenaza, aún de alcance incierto, ha exacerbado los temores sobre la estabilidad de las rutas energéticas globales, llevando al barril de Brent del mar del Norte a superar la barrera de los 100 dólares en la jornada, ante el pánico suscitado por una posible interrupción del suministro en una vía marítima que se ha consolidado como la alternativa principal para sortear el cuello de botella de Ormuz.
La comunidad internacional ha reaccionado con estupor y preocupación ante esta espiral de violencia. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha lanzado una severa advertencia durante una sesión del Consejo de Seguridad, al afirmar que la situación en Medio Oriente se encuentra «fuera de control», en una dinámica perversa donde «una crisis alimenta a otra». Este diagnóstico se ve corroborado por los últimos movimientos militares: Jordania y Kuwait han confirmado la interceptación de proyectiles en su espacio aéreo, mientras que las fuerzas armadas de Irán y los Guardianes de la Revolución han proclamado haber asestado duros golpes a objetivos estadounidenses en ambos países. El portavoz castrense iraní, Mohamad Akraminia, ha advertido a través de los medios estatales que las represalias proseguirán mientras Washington continúe sus ataques contra la infraestructura y las áreas costeras de la nación persa, en una clara muestra de que la disuasión mutua ha cedido paso a una dinámica de agresión recíproca sin cuartel.
En el terreno de las operaciones, la decimosegunda noche consecutiva de bombardeos estadounidenses contra instalaciones militares iraníes ha dejado un saldo trágico, con informes de medios oficiales de Teherán que señalan la muerte de dos personas en la localidad fronteriza de Shalamcheh, en la divisoria con Irak. Al mismo tiempo, se ha reportado el impacto de dos proyectiles estadounidenses en la región de Bushehr, donde se erige la única planta de energía nuclear civil del país, un enclave que ha sido un blanco recurrente de la estrategia de presión estadounidense. El canciller iraní, Abbas Araqchi, ha sido contundente al responder que la doctrina defensiva de su país se rige por el principio de reciprocidad, es decir, «ojo por ojo», una máxima que augura una prolongación de la confrontación en todos los frentes.
En este contexto de beligerancia, la política interna de Estados Unidos también ha reflejado las fisuras que genera el conflicto. La Cámara de Representantes, en un movimiento de naturaleza simbólica pero políticamente significativo, ha aprobado un nuevo texto que exige la retirada de las tropas estadounidenses de la guerra contra Irán, una iniciativa que contó con el respaldo de cuatro legisladores republicanos que se desmarcaron de la línea oficial para sumarse a la oposición demócrata. La congresista Pramila Jayapal, principal impulsora de la resolución, ha calificado este respaldo como una «gran victoria» que refleja el sentir de la mayoría de la ciudadanía, contraria a una contienda que muchos consideran ilegal. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara, el republicano Brian Mast, ha defendido la postura de la administración al tildar la operación de un «ajuste de cuentas» necesario por los ataques previos de Irán, y ha cuestionado el conocimiento de los críticos sobre el sacrificio de los militares caídos en combate.
En un giro que entrelaza la geopolítica regional con los intereses domésticos de Washington, Trump ha condicionado de manera explícita el esperado acuerdo para que Arabia Saudita desarrolle un programa nuclear civil a que el reino saudí se sume a los Acuerdos de Abraham, un conjunto de tratados que han normalizado las relaciones de varias naciones árabes con Israel. El mandatario ha sido enfático al descartar que el pacto incluya el enriquecimiento de material fisible, una actividad que ha sido el núcleo de las preocupaciones internacionales respecto a Teherán. No obstante, la iniciativa ha generado una tormenta de críticas, especialmente desde el ala progresista del espectro político estadounidense. El senador Bernie Sanders no ha dudado en calificar la postura de Trump como «absurda», señalando la contradicción inherente en librar una guerra para impedir que un régimen autoritario enriquezca uranio mientras se permite que otra dictadura, como la saudí, acceda a esa misma tecnología, todo ello sin la contrapartida de la normalización con Israel, que ahora se erige como el precio político a pagar por Riad.
Se prevé que este acuerdo, que significaría un flujo multimillonario de dólares para las empresas estadounidenses, sea revisado por el Congreso, aunque el control republicano de la cámara legislativa hace poco probable que se obstaculice su implementación. Mientras tanto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha celebrado la posibilidad de un reconocimiento saudita como un «avance histórico para la paz en Medio Oriente», aunque las condiciones actuales, marcadas por el fragor de la guerra y la desconfianza mutua, parecen alejar cualquier escenario de estabilidad inmediata. La comunidad internacional, con la ONU a la cabeza, observa con creciente inquietud cómo la región se encamina hacia un precipicio, donde la amenaza de un ataque masivo y la competencia por el control de las rutas energéticas dibujan un panorama de incertidumbre y peligro constante.
