La movilización ciudadana y el bloqueo parlamentario del interbloque Popular forzaron al Gobierno a desguazar su iniciativa estrella, al dejar sin efecto las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego que acortaban drásticamente los plazos de resguardo sobre bosques nativos y humedales, en una nueva jornada de tensión institucional que evidenció las fisuras del oficialismo.
En una nueva demostración de que la ebullición social y el cerco político no son meros episodios aislados sino fuerzas con capacidad de torcer el rumbo de las decisiones estatales, la oposición volvió a infligir un revés significativo al proyecto gubernamental que pretendía reescribir las reglas de juego sobre la propiedad territorial. Lo que comenzó como una jornada de álgida represión en los alrededores del Palacio Legislativo, con manifestantes resistiendo el embate de las fuerzas de seguridad, encontró su correlato en el interior del recinto, donde el interbloque Popular orquestó una estrategia de desgaste que terminó por mutilar el articulado original de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, arrancándole un capítulo entero que habilitaba peligrosos resquicios para la especulación inmobiliaria en zonas devastadas por el fuego.
La sesión, que se prolongó con evidentes signos de nerviosismo entre las filas oficialistas, concluyó con un saldo amargo para la Casa Rosada: apenas lograron convalidarse los artículos referidos a los desalojos relámpago y a las nuevas cortapisas para las expropiaciones, mientras que el núcleo más polémico de la iniciativa –aquel que diluía las restricciones temporales sobre los suelos incendiados– fue retirado de la discusión en un acto de claudicación que ningún funcionario quiso reconocer como tal. La propia titular de la cartera de Seguridad, Patricia Bullrich, quien ofició como oradora de cierre, no pudo esquivar el malestar y debió rendir cuentas ante los legisladores por la asombrosa cantidad de más de una decena de enmiendas que sufrió el dictamen primigenio, evidenciando un proceso de gestación caótico y contradictorio. «Quieren que todo termine en un fracaso, anhelan que el proyecto se desmorone», espetó la ministra con visible irritación, aunque sus palabras sonaron más a un intento de autoconvencimiento que a una réplica contundente frente a la evidencia del retroceso.
El encargado de oficializar la amputación del capítulo cuarto fue el senador Agustín Coto, quien fungió como miembro informante de la iniciativa y debió tragar saliva al anunciar la sustracción de los artículos que habían concitado las mayores resistencias. No obstante, el nombre que resonó con mayor fuerza como el artífice intelectual del fracaso parcial fue el del economista Federico Sturzenegger, autor intelectual del texto original, cuya pluma quedó señalada por la audacia de pretender introducir cambios que, a juicio de los críticos, vulneraban décadas de protección ambiental y abrían la puerta a negocios espurios con tierras arrasadas por el fuego.
Según pudo reconstruir este diario a partir de las confidencias vertidas desde el bloque peronista, las modificaciones de último minuto que desataron la alarma institucional afectaban de manera directa los artículos 22 bis, 22 ter y 22 quater de la Ley de Manejo del Fuego, un cuerpo normativo sancionado en 2020 que había establecido un riguroso cerco temporal para evitar el cambio de destino de los predios afectados por incendios. La legislación vigente, defendida por ambientalistas y organizaciones territoriales, fijaba un plazo perentorio de seis décadas para los bosques autóctonos, humedales y ecosistemas frágiles, y de treinta años para las zonas agropecuarias, pastizales y áreas periurbanas, impidiendo cualquier reconversión urbanística o agroindustrial durante ese lapso. La redacción propuesta por el oficialismo, en cambio, barría de un plumazo esos candados cronológicos, dejando la normativa reducida a declaraciones vacuas de buenas intenciones, sin anclaje temporal ni mecanismos de control efectivo. «Lo que hicieron fue desguazar la ley por completo, eliminar los años de veda y convertirla en un conjunto de enunciados retóricos que, en un contexto de presupuesto menguante y organismos de control desfinanciados, jamás se cumplirán», denunciaron con crudeza los asesores del despacho que encabeza el dirigente Wado de Pedro, quien se erigió como uno de los artífices de la resistencia parlamentaria.
El propio De Pedro, utilizando su cuenta en la red social X, lanzó una andanada de críticas que sintetizó el espíritu de la jornada: «Intentaron colar de contrabando una norma para rematar el territorio argentino y entregar la soberanía a intereses foráneos en el interregno entre la semifinal y la final del Mundial. Hoy quedó al desnudo que es inviable: han postergado su tratamiento en tres ocasiones. Es tan indefendible que ni siquiera se animan a mencionarla por su nombre», escribió el senador, en un mensaje que rápidamente se viralizó y contribuyó a tensar aún más el clima previo a la votación.
La jornada legislativa encontró a De Pedro en el centro de una intensa tarea de persuasión, tejiendo alianzas con un arco diverso de senadores que incluía a las experimentadas Beatriz Ávila y Flavia Royón, las patagónicas Edith Terenzi y Alejandra Vigo, así como a los radicales Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger, y la puntana Julieta Corroza. Con el peronismo sosteniendo una bancada sólida de treinta y seis voluntades, el oficialismo calculó rápidamente que cualquier intento de someter a votación el capítulo cuestionado derivaría en una derrota estrepitosa que no podría ocultar. Así, la decisión de sustraer el articulado controvertido no fue sino un cálculo pragmático para evitar la humillación pública, una retirada estratégica que, sin embargo, deja al descubierto la fragilidad del oficialismo para imponer su agenda en un Congreso donde la oposición ha aprendido a capitalizar el descontento ciudadano. La movilización en las calles, que resistió con tenacidad la represión desplegada en los alrededores del Congreso, encontró así su eco en los pasillos del poder, demostrando una vez más que la presión combinada de la plaza y el recinto puede doblegar los designios del Ejecutivo, al menos en esta batalla por la integridad de los ecosistemas y la propiedad del suelo patrio.
