El ministro de Economía reedita los agravios del macrismo contra el sector productivo, pero en un contexto de recesión industrial mucho más severa que la de 2018. Mientras la UIA se fragmenta y no logra un pronunciamiento unánime, los empresarios santafesinos alzan la voz con dureza, reclamando respeto y políticas de desarrollo ante un modelo que desmantela el aparato productivo.
La historia, en su perpetuo retorno, se manifiesta una vez más como un eco deformado de aquella máxima que reza que la vida se repite, primero en clave de tragedia y luego en clave de farsa. En el mes de marzo del año 2018, Francisco «Pancho» Cabrera, entonces titular de la cartera de Producción durante la administración de Mauricio Macri, calificó a los miembros de la Unión Industrial Argentina (UIA) con el despectivo término de «llorones», en un clima de franca destrucción de la trama productiva nacional. Apenas unas horas atrás, la escena se ha reeditado con un libreto similar pero con un protagonista que ya había sido testigo de aquel episodio: Luis «Toto» Caputo, actual ministro de Economía de Javier Milei, quien también integró aquel gabinete del PRO, ha escalado la agresión al calificar a los mismos industriales con una palabra aún más gruesa: «tarados».
El contraste entre ambas reacciones resulta, sin embargo, elocuente de la degradación del vínculo entre el poder político y el sector productivo. En la primera ocasión, la respuesta del empresariado fue tibia, cautelosa, propia de quien aún confía en los canales institucionales. En la presente, la reacción institucional ha sido prácticamente nula, y a nivel individual, predominantemente gélida, como si el termómetro del diálogo hubiera estallado ante la crudeza de un invierno económico que, vale subrayarlo, es mucho más riguroso que el que se vivió durante el gobierno de Cambiemos. La crisis fabril actual no admite comparación: los niveles de producción, el empleo sectorial y la competitividad externa se encuentran en un estado de postración que supera con creces los malos augurios de aquel entonces.
El mapa de las reacciones en el seno de la cúpula empresarial revela, además, una fragmentación inquietante. Salvo tres o cuatro voluntades díscolas que manifestaron un enojo profundo y genuino por los exabruptos del ministro, la mayoría de los referentes optó por la autocontención o por declaraciones de una liviandad asombrosa, en un intento deliberado por esquivar cualquier roce directo con un gobierno que no duda en arrasarlos verbalmente. Tal es la magnitud de la discordia interna que la propia UIA, el coloso que aglutina al sector, fue incapaz de sellar un comunicado oficial de repudio. La entidad quedó así paralizada, dejando en la soledad de su voz a las cámaras del interior del país, entre las cuales la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) irrumpió con una contundencia que contrasta con el silencio cómplice del resto. Lo hizo apelando a una premisa tan lógica como demoledora: la agresión verbal no es un hecho aislado ni menor, sino que se monta sobre una crisis de desindustrialización tan profunda que debería tener a cada uno de los industriales argentinos en estado de alerta permanente y con el grito en la garganta.
El detonante de esta nueva polémica se produjo cuando «Toto» Caputo, en una conferencia de prensa, esgrimió un argumento que buscaba demoler cualquier vestigio de defensa del tejido industrial. «Parece que veníamos de un boom de la industria», ironizó el ministro, «que desde 2011 a 2023 la economía venía espectacular, que la industria era competitiva y crecía de manera extraordinaria. Era exactamente lo contrario». Y, en un giro que encendió todas las alarmas, añadió un dardo envenenado: «La industria en esos años, en el modelo de los cracks anteriores, cayó un 10% a pesar de estar subsidiada en tarifas por todos los argentinos, porque todos los boludos como nosotros pagábamos las cosas diez veces lo que valían. Para todos los tarados que hablan de la industria…».
Según pudo reconstruir este diario, ante semejante afrenta, apenas dos o tres integrantes de la mesa chica de la UIA, aquella que conforma el Comité Ejecutivo, elevaron su descontento en los canales privados de comunicación entre los principales ejecutivos fabriles. Sin embargo, la falta de consenso fue absoluta y determinante para impedir la emisión de un pronunciamiento oficial de la entidad matriz. Con el ánimo de arrojarse sobre la granada humeante y evitar que el vacío institucional se convirtiera en un acto de sumisión, el presidente de la UIA, Martín Rappallini, salió al cruce en una entrevista radial con una corrección política que, para el contexto de violencia verbal desplegado, resultó casi admirable por su mesura. Lo primero que esgrimió fue un «no voy a entrar en polémicas», para luego, con una prudencia rayana en la autoflagelación, sostener que las declaraciones de Caputo «no son declaraciones felices que ayudan al diálogo que tanto se necesita para sacar a este país adelante».
En un ejercicio de ecuanimidad que rozó la concesión, Rappallini no solo no confrontó el fondo del discurso oficial, sino que casi acarició el relato del ministro al reflexionar, tras recibir el agravio, que la industria «no es incompatible con defender la estabilidad macroeconómica, la baja de la inflación, el equilibrio fiscal y la normalización de la economía». Estas palabras, que resonaron como música celestial para los oídos del Palacio de Hacienda, significaron una validación implícita del ajuste y una ofrenda de la otra mejilla, sintetizando a la perfección el drama histórico de la burguesía nacional y su relación de dependencia y temor con el poder político de turno.
En una sintonía similar a la de Rappallini se manifestó Elio del Re, el histórico referente de los metalúrgicos agrupados en ADIMRA. Acostumbrado a la crítica frontal y al señalamiento de los desmanes oficiales, esta vez el dirigente optó por un tono inusualmente moderado. «No voy a polemizar con el ministro, no tiene sentido. Él es el ministro de Economía de la Argentina; yo soy un simple dirigente industrial», se excusó, para luego puntualizar, casi como un susurro en medio del vendaval, que «no hay país desarrollado del mundo que no tenga un sistema industrial fuerte, que colabore con el sistema de ciencia, tecnología y educación». Una obviedad que, en el contexto actual, adquiere la dimensión de una denuncia silenciosa.
Los santafecinos, con los tapones de punta
Mientras la cúpula porteña optaba por la prudencia o el silencio cómplice, desde el interior del país llegó la réplica más vigorosa. Bajo el título elocuente de «La industria argentina merece respeto y diálogo», la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) no solo salió a los medios de comunicación, sino que redactó un comunicado oficial de contundencia inusual, algo que la UIA demostró ser incapaz de construir. «Nuevamente, manifestamos nuestro más enérgico rechazo a las expresiones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien calificó de manera despectiva a quienes expresan preocupación por la situación de la industria nacional», rezaba el texto inicial, que no dejaba lugar a dudas sobre la postura de los empresarios del norte del país.
En el desarrollo de su prontuario de quejas, los industriales santafesinos subrayaron con claridad que «la descalificación y el agravio no constituyen una respuesta a los problemas que atraviesa el aparato productivo». Acto seguido, realizaron un retrato descarnado de la realidad que atraviesa el sector: «Las industrias argentinas enfrentan una realidad compleja, caracterizada por la caída de la actividad, la pérdida de competitividad, el aumento de los costos y la incertidumbre para invertir y sostener el empleo». Una enumeración de males que, lejos de ser una mera catarsis, constituye un diagnóstico certero de la agonía fabril.
Los empresarios de FISFE resaltaron, además, la responsabilidad que les cabe como representantes del sector, señalando que «quienes representamos al sector industrial tenemos la responsabilidad de advertir sobre estas dificultades y de proponer soluciones». Y en un párrafo que pareció estar dedicado a los oídos sordos del ministro, sentenciaron que «descalificar esas voces no contribuye al debate democrático ni a la construcción de políticas públicas que permitan recuperar el crecimiento».
Para cerrar su intervención, la federación santafecina realizó una declaración de principios que opera como un recordatorio de lo que está en juego: «La industria es un pilar fundamental del desarrollo nacional. Genera empleo de calidad, impulsa la innovación, agrega valor a la producción y fortalece las economías regionales. Por ello, merece ser escuchada con respeto, independientemente de las diferencias que puedan existir». Finalmente, reafirmaron su vocación de diálogo institucional y convocaron a todos los actores, públicos y privados, a sostener un intercambio basado en el respeto mutuo, los datos objetivos y la búsqueda de consensos. «La industria no necesita agravios. Necesita políticas que promuevan el desarrollo y un diálogo serio entre el sector público y el sector privado», concluyeron, en un aldabonazo que resonó en el vacío de la política oficial.
