El rostro oculto tras la escopeta táctica. La fotografía de un efectivo de civil apuntando a los manifestantes durante la protesta contra la ley de propiedad desató una crisis política y judicial. Mientras el gobierno justifica el accionar asegurando que se trataba de «perdigones de estruendo», las denuncias penales crecen y los organismos de derechos humanos advierten sobre la normalización de la violencia institucional.
En el vértigo de una tarde gris y tormentosa, mientras el Congreso de la Nación devenía en una fortaleza sitiada, una imagen congeló el instante y se transformó en el símbolo de una jornada que dejaría cicatrices profundas en el cuerpo social y político del país. La figura de un hombre, envuelto en un sobretodo oscuro y una bufanda que ocultaba parte de su rostro, emergió entre la niebla de los gases lacrimógenos. Su postura era inconfundible: firme, con una escopeta táctica en ristre, apuntando directamente hacia la multitud que, horas antes, se había congregado pacíficamente para alzar la voz contra un proyecto de ley que consideraban lesivo para sus derechos fundamentales. Aquel individuo, que inicialmente navegó en el anonimato de la multitud uniformada, fue desenmascarado por la sagacidad de la prensa independiente y la militancia ciudadana, revelándose como el comisario inspector Gustavo Antonio Gauna, un veterano de la fuerza con más de tres décadas de servicio, quien aquel jueves decidió abandonar las sombras de la inteligencia para convertirse en el ejecutor visible de una represión que dejaría un saldo de más de mil quinientos heridos y una treintena de detenidos.
La instantánea, que rápidamente se viralizó en las redes sociales y ocupó las portadas de los principales medios gráficos, no solo capturó la tensión del momento sino que puso en jaque la narrativa oficial del gobierno, que desde el primer instante intentó desviar la atención hacia la supuesta violencia de los manifestantes. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, en una conferencia de prensa en Córdoba que pretendía ser un acto de gestión, se vio acorralada por las preguntas de los periodistas y esbozó una defensa que, lejos de aclarar el panorama, sembró más dudas. Con una naturalidad que provocó el estupor de los presentes, la funcionaria calificó el disparo del comisario como un acto inocuo, argumentando que «era un perdigón de estruendo, solo sale ruido», una declaración que los especialistas en balística y derechos humanos calificaron de temeraria y peligrosa, pues minimiza el potencial lesivo de las postas de goma, las cuales, aunque consideradas de «baja letalidad», han causado pérdidas de visión, fracturas óseas y, en casos extremos, la muerte.
Lejos de detenerse en la gravedad del hecho, la titular de la cartera de seguridad profundizó su embestida discursiva contra los damnificados, sugiriendo con un cinismo difícil de disimular que aquellos que portaban herramientas como martillos o masas no podían estar regresando de sus lugares de trabajo, insinuando de manera artera que la protesta era un caldo de cultivo para la delincuencia y la subversión. Este exabrupto verbal, sumado a la imagen del comisario Gauna, actuó como un catalizador para la indignación social y aceleró la maquinaria judicial. El reconocido abogado Gregorio Dalbón, tomando el guante de la gravedad institucional, presentó una denuncia penal en los tribunales de Comodoro Py que no solo apunta al efectivo que apretó el gatillo, sino que se extiende como una sombra acusatoria hacia la cúpula del ministerio, solicitando una investigación exhaustiva de la cadena de mando para determinar quién dio la orden de utilizar a agentes sin identificación visible en un operativo de control de multitudes.
El escrito de Dalbón, que cayó en manos de la jueza federal María Servini y el fiscal Carlos Rívolo, sostiene que la actuación de Gauna constituye un claro abuso de autoridad y una violación flagrante de los deberes de funcionario público, agravados por la comisión de vejámenes y apremios ilegales. El letrado fue enfático en su argumentación, señalando que no se trataba de una mera crítica a una fotografía, sino de la denuncia de un hecho de enorme gravedad que socava los cimientos del sistema democrático. La interrogante que planea sobre el expediente es inquietante: ¿cómo es posible que un comisario inspector, con el peso de su rango y la responsabilidad de dirigir la Dirección General de Organizaciones Criminales, se encuentre en la primera línea de fuego, sin su identificación reglamentaria, efectuando disparos con un arma larga contra ciudadanos que ejercían su derecho constitucional a la protesta? Dalbón, en su exposición, trazó un paralelismo perturbador al recordar que el mismo Gauna que hoy es señalado como el brazo ejecutor de la represión, había sido considerado un testigo valioso en el juicio por el asesinato del joven futbolista Lucas González, un caso donde su declaración contribuyó al esclarecimiento de un crimen perpetrado por la policía porteña, lo que evidencia un doble estándar en el comportamiento de la fuerza según el signo político del gobierno de turno y las órdenes recibidas desde la cúspide del poder ejecutivo.
Mientras la justicia federal comenzaba a movilizar sus engranajes, la comisión provincial por la memoria (CPM) ampliaba su propia denuncia contra el dispositivo represivo, aportando detalles estremecedores sobre la magnitud de la violencia desplegada. El secretario ejecutivo del organismo, Roberto Cipriano García, detalló un arsenal que incluía más de un centenar de granadas de gas lacrimógeno, cuatro hidrantes de agua a presión, cientos de postas de goma y disparos de balas con gas pimienta, proyectiles estos últimos que se sumaron a la tormenta de plomo que asoló las avenidas 9 de Julio y de Mayo. Un agravante particularmente siniestro, según los especialistas, fue la decisión de lanzar los gases en medio de una tormenta eléctrica, una circunstancia climática que, por la baja presión atmosférica, impide la correcta disipación de las toxinas, convirtiendo el ambiente en una cámara de gas para los manifestantes y transeúntes que no lograron escapar a tiempo de la zona de conflicto.
El eco de la represión resonó con especial crudeza en el ámbito del periodismo, donde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) dio una noticia que, aunque aliviaba la angustia, no hacía más que subrayar los riesgos que corrieron los profesionales de la información. La fotoperiodista Patri, quien había sido alcanzada por los proyectiles durante la cobertura de los hechos, fue dada de alta tras cuatro días de internación en el hospital Argerich, donde los médicos constataron una fractura y un hematoma craneal que pusieron en riesgo su vida, y que aún requieren seguimiento por las afecciones en su oído izquierdo. Su colega Pablo Grillo, otro de los damnificados por la ráfaga de disparos, compartió la misma suerte de ser víctima de una munición que el gobierno se empeña en calificar como inofensiva. La presencia de los periodistas, lejos de ser un escudo, se convirtió en un blanco más para los efectivos que, como Gauna, operaban bajo la lógica de la impunidad y la falta de identificación.
El régimen de excepción que pareció imperar aquella jornada tiene raíces profundas en las políticas de seguridad implementadas en los últimos años. Fuentes consultadas en el ministerio y cercanas a las fuerzas de seguridad revelaron que la presencia de agentes de civil en manifestaciones fue una práctica vedada durante la gestión de Nilda Garré, quien entendía que la identificación era un requisito esencial para garantizar el control democrático de las fuerzas. Sin embargo, esta normativa fue una de las primeras en ser desechada por Patricia Bullrich, actual funcionaria del gobierno libertario, quien no solo levantó la prohibición sino que consolidó un «comando unificado» que articula a todas las fuerzas federales con un objetivo claro: la criminalización de la protesta social. Bajo este paraguas, se conformaron grupos de operaciones de infantería y brigadas de civil, estos últimos encargados de la observación y la infiltración, pero que en la práctica, como evidenció la fotografía de Gauna, terminan participando activamente en la represión física, saltándose cualquier protocolo de transparencia.
En las entrañas de la redacción de un medio digital independiente, la identificación del comisario no fue fruto del azar sino de una paciente y meticulosa reconstrucción colectiva. Periodistas como Kaloian Santos, Martín Vega y Susi Maresca, quienes capturaron las imágenes más nítidas del operativo, cotejaron sus archivos con las fotos de Gauna en otros procedimientos, confirmando su identidad a través de fuentes confiables dentro de la fuerza. El misterio que rodeaba al hombre de la bufanda se diluyó rápidamente, revelando que el director de organizaciones criminales no era un extraño en la escena pública; había sido pieza clave en la investigación del caso Loan Peña y había declarado en el expediente por el crimen de González, lo que subraya el alto rango de la figura que el gobierno puso en la primera línea de fuego.
En el plano político, las repercusiones no se hicieron esperar. El diputado socialista Esteban Paulón, basándose en la imagen viralizada, presentó una denuncia formal ante la justicia y solicitó la citación inmediata de la ministra Monteoliva al Congreso para que brinde explicaciones exhaustivas sobre el operativo y la actuación de Gauna. Paulón fue tajante al exigir la renuncia de la funcionaria, argumentando que su gestión ha demostrado una incapacidad manifiesta para garantizar la seguridad y el orden dentro del marco de la ley. Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de las organizaciones de derechos humanos más prestigiosas del continente, se alzó la voz para recordar que el estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la protesta, y que las imágenes del 6 de agosto evidencian un accionar estatal que convirtió el espacio público en un escenario de violencia, poniendo en riesgo la vida y la salud de quienes solo buscaban hacerse escuchar. La organización subrayó que la escopeta utilizada por Gauna puede cargar munición de plomo, un tipo de proyectil que está prohibido su uso contra manifestaciones pacíficas, lo que agrega un elemento de gravedad adicional a la conducta del comisario.
Mientras tanto, la defensa de los detenidos, que fueron liberados pero aún enfrentan cargos por atentado y resistencia a la autoridad, fue asumida por la red federal por la defensa de los derechos humanos, cuyos abogados denunciaron que todos los aprehendidos fueron víctimas de golpizas durante su traslado y permanencia en las comisarías. El escenario que se dibuja es el de una institucionalidad en jaque, donde la justicia federal tiene en sus manos la posibilidad de establecer un precedente crucial para el futuro de la democracia. La pregunta que flota en el ambiente es si los tribunales estarán a la altura de las circunstancias o si, por el contrario, la impunidad se consolidará como la moneda corriente de un gobierno que ha hecho de la mano dura su principal estandarte. La figura del comisario Gauna, que surgió de la niebla de los gases para ser el rostro de la represión, se ha convertido en el símbolo de una batalla cultural y política que trasciende la anécdota, instalando en el debate público la discusión sobre los límites del poder, el rol de las fuerzas de seguridad y la vigencia de los derechos constitucionales en un contexto de creciente autoritarismo.
