El marco normativo sigue vigente y las prácticas no se interrumpieron, pero el desmantelamiento de la política federal de medicamentos, el desfinanciamiento de programas clave y la creciente desigualdad entre provincias transformaron la discusión: ya no se debate la legalidad del derecho, sino las condiciones reales para ejercerlo en cada rincón del país.
Cada 28 de septiembre, cuando se conmemora el Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, la efeméride argentina llega con una particularidad que la distingue de épocas anteriores. La Ley 27.610, sancionada a fines de 2020 y operativa desde 2021, continúa integrando el ordenamiento jurídico nacional y garantiza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana catorce inclusive, así como la interrupción legal cuando el embarazo es consecuencia de una violación o pone en peligro la vida o la salud de la persona gestante. Sin embargo, la pregunta que atraviesa hoy el debate público ya no gira en torno a su legitimidad, sino a la posibilidad concreta de ejercer ese derecho a lo largo y a lo ancho del territorio argentino.
La respuesta, según los propios organismos que monitorean la implementación, es ambivalente. Las prácticas se siguen realizando y el número de interrupciones registradas en el sector público se mantiene estable, pero el andamiaje institucional que durante los primeros años había construido una política sanitaria de alcance federal se fue desarmando de manera progresiva. Para visibilizar este deterioro, esta tarde a las 16 horas se realizará un pañuelazo frente al Congreso de la Nación.
El repliegue del Estado nacional
Desde su entrada en vigor, la implementación de la norma estuvo acompañada de resistencias, protestas y contramedidas en la arena pública. No obstante, con la llegada de Javier Milei a la Presidencia ese proceso se profundizó hasta convertir los retrocesos en materia de derechos sexuales y reproductivos en uno de los blancos predilectos de la gestión libertaria.
A partir de 2024, el Estado nacional dejó de adquirir y distribuir de manera centralizada los fármacos que hacen posibles las interrupciones, el misoprostol y la mifepristona, y trasladó a las provincias una responsabilidad que antes asumía la Nación, sin transferir los recursos necesarios para sostenerla. Las capacidades para afrontar esa prestación distan mucho de ser homogéneas en todo el país: algunas jurisdicciones lograron compensar la retirada de recursos nacionales, mientras que la mayoría encontró serias dificultades para hacerlo.
El contraste con los primeros años de vigencia de la ley resulta elocuente. Entre 2021 y 2023 se fortalecieron los equipos de salud, se amplió la red de efectores y se consolidó un esquema federal de compra y distribución de medicamentos. En 2023, por ejemplo, el Estado nacional distribuyó 88.578 tratamientos de misoprostol y 77.586 tratamientos combinados de misoprostol y mifepristona. Desde entonces, ese sistema dejó de funcionar como antes.
Un dato clave para dimensionar la importancia de aquellos dos primeros años es la evolución de la mortalidad materna por embarazo terminado en aborto, que descendió de 23 casos en 2020 a 13 en 2021, una reducción del 43,5 por ciento. El propio Ministerio de Salud señaló entonces que la implementación de la Ley 27.610 había generado condiciones para el acceso a abortos seguros y vinculó ese descenso con el nuevo marco de acceso, aunque la mortalidad materna responde a múltiples factores.
Provincias desiguales, derechos desiguales
El nuevo escenario no produjo un derrumbe de las prácticas, pero sí una desigualdad creciente en las condiciones para acceder a ellas. El último reporte anual de Proyecto Mirar, elaborado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad junto con Ibis Reproductive Health, releva la implementación de la política de aborto durante 2025 y parte de 2026 a partir de información solicitada a las autoridades sanitarias.
Según ese relevamiento, cuyos datos se difunden hoy por tratarse del 28 de septiembre, en veinte provincias se realizaron 87.603 interrupciones voluntarias y legales del embarazo en el sector público durante 2025. La cifra no muestra variaciones respecto del año anterior. La tasa de abortos también se mantuvo prácticamente estable, al situarse en 7,45 por cada mil mujeres de entre 15 y 49 años, frente a 7,49 en 2023.
«Que se hayan realizado más de 87 mil interrupciones del embarazo en el sistema público, en veinte provincias argentinas, similar a lo observado el año anterior, es un buen indicador», explicó Mariana Romero, médica epidemióloga e investigadora del CEDES y del CONICET, integrante de Proyecto Mirar, cuyo objetivo es monitorear la implementación de la ley. Frente a la discontinuidad de la compra nacional de misoprostol y mifepristona, trece provincias sostienen el acceso con presupuesto propio, según la investigadora.
La red de atención tampoco desapareció. En el sector público se registraron 1.846 efectores que garantizan interrupciones voluntarias y legales del embarazo, una cifra similar a la de 2023, cuando eran 1.862. Es decir, la infraestructura construida durante los primeros años de vigencia de la ley continúa funcionando, pero lo hace en un contexto de mayor presión sobre los sistemas sanitarios provinciales.
Un informe de Amnistía Internacional publicado en 2026 señala que durante 2025 más de la mitad de las provincias reportaron faltantes de misoprostol y casi todas informaron problemas de abastecimiento de mifepristona. Ese mismo año, la línea 0800 de Salud Sexual del Ministerio de Salud de la Nación registró 191 secuencias vinculadas con falta de medicación, y Salta concentró el 46,1 por ciento de esos casos.
La retirada del Estado nacional no supone solamente dejar de comprar medicamentos. También modifica quién debe resolver los problemas que aparecen en el territorio. Las provincias ya financian más del 75 por ciento del gasto público en salud, según datos citados por Amnistía Internacional. Cuando la compra de fármacos y el sostenimiento de las políticas de salud sexual y reproductiva pasan a depender de presupuestos provinciales muy dispares entre sí, también se profundizan las brechas territoriales.
Amnistía registró durante 2025 unas 406 consultas y denuncias por obstáculos para acceder al aborto, frente a 102 en 2024, un aumento superior al 300 por ciento. La organización advierte que el registro de su formulario, disponible en línea para recibir estas denuncias, no es representativo de todo el país, pero considera que permite aproximarse al agravamiento de las barreras en un contexto de falta de información oficial.
El caso de San Isidro
El problema no siempre adopta la forma de una prohibición. A veces se presenta como un obstáculo administrativo, una derivación, una consulta innecesaria o una demora que, en una práctica tan sensible al paso del tiempo como ésta, incide en las condiciones de acceso.
El caso de San Isidro es paradigmático. En ese municipio bonaerense comenzó a funcionar un protocolo que, según la presentación realizada por Amnistía Internacional junto con otras organizaciones, incorporaba requisitos y condiciones no contemplados por la Ley 27.610: exigía, entre otras cosas, una consulta psicológica previa, nuevas instancias para ratificar una decisión ya expresada, restricciones adicionales para el acceso por la causal salud y circuitos que podían comprometer la confidencialidad. También concentraba la prestación en el Hospital Materno Infantil y excluía del circuito a los Centros de Atención Primaria de la Salud.
El objetivo era hacer más largo, más incierto o más desgastante el camino hacia una práctica que la ley garantiza. En agosto de 2026, el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N.º 2 de San Isidro, a cargo de la jueza María Paula Vénere, hizo lugar a la mayor parte de una medida cautelar presentada por Amnistía Internacional y ordenó suspender el protocolo cuestionado. El municipio deberá garantizar las prácticas dentro de los plazos establecidos por la legislación vigente y resguardar la intimidad de quienes soliciten la atención.
Amenazas jurídicas y políticas
En el plano estrictamente jurídico, el panorama es diferente. El reporte del observatorio Proyecto Mirar señala que entre agosto de 2025 y julio de 2026 se presentaron 75 proyectos vinculados con aborto y salud sexual y reproductiva. Algunos buscaron limitar la aplicación de la Ley 27.610 en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, pero ninguno obtuvo dictamen ni llegó al recinto.
Desde la sanción de la ley se iniciaron, además, 38 causas judiciales en su contra: 35 fueron rechazadas y tres todavía están en trámite ante la Corte Suprema. Eso significa que la Ley 27.610 no fue derogada ni modificada sustancialmente. La disputa se desplazó, en buena medida, hacia otros terrenos: el presupuesto, los medicamentos, la información, la organización de los servicios de salud y las decisiones administrativas que pueden facilitar u obstaculizar el acceso.
En paralelo, el Gobierno nacional profundizó una agenda política contraria a varios de los consensos construidos alrededor de los derechos sexuales y reproductivos, y de los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTI en general. En agosto de este año, la Argentina adhirió a la Declaración del Consenso de Ginebra, un documento que sostiene, entre otras cuestiones, que no existe un derecho internacional al aborto ni una obligación internacional de los Estados de financiarlo o facilitarlo. La Cancillería argentina presentó la adhesión como parte de una agenda fundada en la «dignidad humana» y la soberanía de los Estados.
La declaración no modifica por sí misma la legislación argentina: la Ley 27.610 continúa vigente. Pero la adhesión forma parte de un escenario político internacional en el que el Gobierno argentino se acerca a Estados y organizaciones que cuestionan el reconocimiento del aborto como derecho.
Resistencias en red
El deterioro del acceso al aborto tampoco puede separarse del debilitamiento de otras políticas de salud sexual y reproductiva. El Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, que había contribuido a reducir de manera significativa el embarazo adolescente, quedó prácticamente sin financiamiento: para 2026 se proyectó una inversión inferior al 3 por ciento de la realizada en 2023, según un análisis presupuestario de ACIJ y ELA.
«Si bien el Estado nacional ha desfinanciado por completo las políticas de salud sexual y reproductiva, corriéndose de su rol de rectoría sanitaria, son los equipos de salud quienes están garantizando el derecho al aborto en todo el país», sostuvo Lucía De La Vega, coordinadora de la Agenda Transversal Feminista del CELS, consultada por este diario. De La Vega, junto con el colectivo de Abogadxs La CIEGA, impulsa además una acción judicial contra el Estado nacional por la falta de mifepristona y misoprostol.
Para la referente, el sostenimiento del derecho está ocurriendo hoy en buena medida a través de una red conformada por los sistemas provinciales de salud, profesionales, organizaciones y equipos que continúan garantizando las prácticas. En ese entramado, sostiene, reside la principal resistencia frente a un Estado nacional que se corrió de su función de rectoría y dejó librado a la buena voluntad de las jurisdicciones el ejercicio efectivo de un derecho consagrado por ley.
