El exvocero presidencial y su cónyuge registraron egresos que superaron en más de 43 millones de pesos sus ingresos lícitos durante su paso por el Gobierno, a lo que se suman desembolsos en dólares por la compra de propiedades y una trama de criptomonedas y préstamos que mantienen en vilo al expediente. El fiscal Pollicita le otorgó quince días para que acredite la procedencia de una fortuna que irrumpió en su vida de manera súbita.
A lo largo de los dos años y medio que permaneció al frente de la vocería y, posteriormente, como jefe de Gabinete durante la administración de Javier Milei, Manuel Adorni enfrentó una realidad financiera que, según los números oficiales, sencillamente no lograba equilibrarse. La suma de su remuneración estatal y los ingresos debidamente documentados de su esposa no bastaban para cubrir los desembolsos ordinarios de su hogar, generando un desfase contable que hoy se ha convertido en el epicentro de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. El punto de partida del expediente revela que el exfuncionario habría utilizado recursos no declarados para afrontar un gasto corriente que ascendió a 272.820.832,20 pesos, una cifra que supera en 43.068.549 pesos el total de los ingresos lícitos de su grupo familiar, los cuales fueron estimados en 229.752.283,20 pesos.
Esta anomalía no es la única que ha despertado el interés de la fiscalía. El rompecabezas financiero se complejiza aún más con la aparición de 402.578 dólares estadounidenses que no encuentran correspondencia en las fuentes de dinero declaradas por el exfuncionario. Con esos billetes, Adorni habría concretado una parte significativa de la adquisición de su vivienda dentro del exclusivo country Indio Cuá, así como el departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito, sin olvidar las respectivas reformas y el amueblamiento de ambos inmuebles. El fiscal Gerardo Pollicita, tras analizar la voluminosa documentación, determinó un plazo perentorio de quince días para que el exjefe de gabinete se presente ante los estrados judiciales y brinde una explicación convincente sobre la procedencia de esa repentina holgura económica que le posibilitó dar un salto cualitativo en su tren de vida, bajo la lupa de veinte puntos específicos que deberán ser esclarecidos en su totalidad.
La investigación tomó un nuevo impulso cuando Adorni, en su declaración jurada patrimonial correspondiente al año 2025, introdujo rectificaciones sorpresivas para los dos períodos anteriores, sacando aparentemente de la galera un monto cercano al medio millón de dólares. Para justificar este incremento, el exfuncionario ofreció una versión que intentaba anclar esos recursos en el tiempo, afirmando en una entrevista televisiva que el dinero provenía de exitosas inversiones en el volátil mundo de las criptomonedas, operaciones que, según su relato, se remontaban al año 2014, una época en la que colocar fondos en Bitcoin implicaba asumir un riesgo considerable. «Invertimos unos 200.000 dólares y ganamos aproximadamente 300.000», argumentó, añadiendo un dato aún más extraño sobre un hallazgo de dinero en efectivo dentro de la vivienda de su padre fallecido, ocurrido en el lejano 2002. Sin embargo, esta narrativa contrasta con sus propias y reiteradas manifestaciones públicas en las conferencias de prensa y en el Congreso, donde aseguraba tener todos sus activos debidamente registrados, hasta que una seguidilla de errores y contradicciones comenzó a resquebrajar su relato.
Uno de los aspectos más reveladores del extenso requerimiento fiscal se centra en la actividad oculta del exvocero en el ecosistema de los activos digitales. A pesar de que en sus formularios oficiales consignó operaciones puntuales con criptomonedas en 2021 y 2023, la pesquisa determinó que durante el tiempo en que ejerció su cargo, Adorni manejó activamente al menos cuatro billeteras virtuales en plataformas como Binance, Lemon, BUENBIT y Satoshi Tango. Los movimientos en estas cuentas, que incluyeron ingresos, retiros y conversiones por decenas de miles de dólares, jamás fueron comunicados a la Oficina Anticorrupción, según advierte el dictamen fiscal, que califica la operatoria como un circuito financiero paralelo cuyo monto total habría alcanzado los 269.550,36 dólares. El interrogante central que ahora se plantea Pollicita es el origen de estos fondos, que evidentemente no provenían de su salario estatal, y que permanecen al margen del análisis patrimonial general hasta tanto el exfuncionario brinde las explicaciones correspondientes.
El expediente también pone el foco sobre una serie de operaciones crediticias y de financiamiento que presentan características por lo menos singulares. Adorni deberá justificar deudas declaradas con su propia madre y con la sucesión de su abuela, así como operaciones con el Banco Galicia que inicialmente consignó y luego omitió misteriosamente. Pero los préstamos más llamativos son aquellos que le permitieron acceder a las propiedades en cuestión: las dos jubiladas que le vendieron el departamento de Caballito aceptaron un pago inicial de apenas 30.000 dólares por un inmueble tasado en 200.000, difiriendo el resto sin intereses hasta finales de 2026, una operación facilitada por un conocido del colegio de sus hijos. Este mismo interlocutor le habría financiado, además, las reformas por 65.000 dólares. Para la compra en el country Indio Cuá, el exjefe de gabinete recurrió a un préstamo privado de 100.000 dólares otorgado por dos mujeres policías, con un interés del 11 por ciento, una gestión que realizó a través de la escribana que participó en la transacción. La disparidad entre los ingresos comprobados y estos desembolsos obliga a la fiscalía a exigir una reconstrucción detallada del origen de los fondos, especialmente considerando que los gastos del exfuncionario se incrementaron en un 119 por ciento durante el año 2024.
El cronograma judicial ya está en marcha. El exvocero de Milei tiene quince días para presentar su descargo y convencer al fiscal Pollicita y al juez federal Ariel Lijo de que todos sus movimientos financieros tienen una explicación lícita y documentada. De no lograrlo, el siguiente paso natural en el proceso será su citación a indagatoria, quedando formalmente imputado como sospechoso del delito de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, una figura que contempla penas de prisión de dos a seis años. La confesión de una fortuna repentina que no encuentra correlato con los ingresos preexistentes, sumada a la maraña de rectificaciones tardías y a la opacidad de sus operaciones con criptomonedas, configuran un escenario complejo para la defensa del exfuncionario, que ahora deberá demostrar que su salto patrimonial no fue más que el fruto de una planificación financiera que supo mantenerse en las sombras durante años.
