El anuncio oficial de concesionar un espacio funerario para transformarlo en un punto de venta de souvenires y gastronomía desató la ira y la angustia de los descendientes de quienes descansan en el lugar. Ante la falta de notificaciones y el misterioso paradero de los restos, la familia eleva su voz contra la administración porteña, denunciando que el valor patrimonial y el respeto por los muertos quedaron subordinados al negocio turístico.
El histórico paisaje de silencio y mármol del Cementerio de la Recoleta, uno de los polos turísticos más emblemáticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha visto sacudido en las últimas horas por una controversia que trasciende lo arquitectónico para adentrarse en lo más profundo de la ética y el sentimiento familiar. La decisión del Gobierno de la Ciudad de poner en concesión una antigua bóveda funeraria para transformarla en un comercio de recuerdos y un espacio de expendio de alimentos y bebidas ha generado un rechazo contundente por parte de los parientes de los individuos que allí yacen, quienes denuncian haber sido marginados del proceso y desconocer el destino final de los cuerpos que estaban depositados en el sitio.
La iniciativa oficial, que se enmarca dentro de un plan más amplio para potenciar el atractivo turístico del cementerio y diversificar su oferta, fue comunicada a través de los canales formales habituales, como el Boletín Oficial, bajo la Disposición N° 278/DGCOYP/26. Sin embargo, ese hermetismo administrativo chocó de frente con la realidad de una familia que, según sus propios testimonios, se ha visto sorprendida por el curso de los acontecimientos sin haber recibido una sola notificación directa. El proyecto consiste en la restauración y puesta en valor de la bóveda ubicada en la Sección 17, Tablón 201, abarcando las Sepulturas 1 a 12, para luego ser explotada comercialmente durante un período de cinco años por un privado, que deberá abonar un canon mensual base de $1.600.000 y ceder el 20% de los ingresos brutos generados por las visitas nocturnas que se organicen.
La primera y más enérgica voz de alerta la dio Lucía Girado, una artista plástica oriunda de Tandil, que reside en el barrio de Recoleta y que pertenece a una estirpe patricia de la pampa húmeda. Su indignación surge de la misma médula del conflicto: supo de la iniciativa gubernamental no por una carta, un llamado telefónico o un correo electrónico, sino navegando en las redes sociales, donde la información se viralizó antes de que la administración se tomara el trabajo de contactar a los afectados directos. «Me enteré por las redes, no fui notificada», expresó Girado con contundencia, al tiempo que remarcó la magnitud de la bóveda en cuestión, un espacio de gran tamaño donde descansan, además de sus abuelos y su padre, una larga lista de integrantes de su extenso linaje familiar.
En una entrevista concedida a Página/12, la descendiente profundizó en su desazón y su desconcierto. La elección de esa bóveda en particular, bajo el argumento esgrimido por el Gobierno de la Ciudad de que se hallaba en un estado de abandono y deterioro, le resulta, como mínimo, sospechoso. Girado sostiene que el estado de abandono es un factor común a muchas otras construcciones dentro del camposanto, por lo que no justifica la selección de la suya. La verdadera razón, a su juicio, radica en una cuestión de pura geografía comercial: la bóveda se erige como la primera estructura visible al ingresar por el nuevo acceso peatonal habilitado sobre la calle Junín, una puerta que ha redirigido el flujo de miles de turistas que recorren el cementerio a diario. «Quieren la mía porque quedó en la entrada nueva», sentenció Girado, desbaratando la justificación oficial de la falta de mantenimiento.
La situación se torna aún más sombría cuando se aborda el tema de los restos humanos. Los documentos de la licitación no contienen un apartado que explicite con claridad y transparencia el procedimiento llevado a cabo con los restos, ni señalan el lugar de su nuevo destino. Ante esta omisión, los interrogantes se multiplican. Girado relató que, al notar las modificaciones en la bóveda que había estado visitando durante años, en un principio sintió alegría al pensar que se había resuelto el problema de mantenimiento que ella misma había intentado gestionar. No obstante, esa alegría se trocó rápidamente en horror al comprender que las mejoras no eran más que la antesala de su conversión en un local de venta de souvenirs y café. «Un día paso y ahora resulta que está arreglado. Y me parece un espanto que pongan un café arriba de una bóveda de nuestros familiares», disparó con el dolor aún fresco.
La artista plástica detalló que, lejos del abandono que alegan las autoridades, ella había iniciado en 2023 los trámites de dominio para determinar a nombre de quién se encontraba el espacio, con el firme propósito de llegar a los titulares y poder hacerse cargo de las refacciones necesarias. Sin embargo, un problema de salud truncó esa búsqueda. Ahora, al ver que el Gobierno se adelantó y realizó una intervención que califica como superficial y chapucera, pintando con cemento ladrillos y escaleras, Girado siente que su derecho fue violentado. La complejidad se acrecienta por el sistema de herencia de la titularidad, una madeja difícil de desenredar con el paso de las generaciones, que convierte a la bóveda en un panteón familiar donde reposan primos lejanos, tíos y una multitud de parientes que no han tenido ninguna voz en el asunto.
La comunicación fallida es el segundo pilar del escándalo. Girado es enfática al señalar que, a pesar de vivir a pocas cuadras del cementerio, ni ella ni el resto de su familia fueron convocados o consultados. La única respuesta que obtuvieron de la burocracia estatal fue que el llamado a licitación había sido publicado en el Boletín Oficial, un argumento que considera una absoluta falta de respeto. «Yo me ocupo de ir a visitar a mi papá», afirmó, contrastando su cuidado diario con la desidia de un gobierno que, a sus ojos, ha convertido el espacio sagrado en un negocio. En sus declaraciones a AM 750, recordó cómo el cementerio ha transitado una metamorfosis desde aquellos años en que era «tierra de nadie» hasta la actualidad, donde la fiebre turística parece haber atropellado cualquier otra consideración.
Más allá del relato de la indignación, la pregunta sobre el paradero de los restos se vuelve acuciante. Los descendientes exigen saber dónde fueron trasladados sus familiares, un reclamo que hasta el momento no ha tenido una respuesta oficial por parte de los voceros del Gobierno de la Ciudad, a quienes Página/12 intentó contactar sin éxito. La incertidumbre respecto a la localización de los restos mortales de sus antepasados añade una capa de angustia a la pelea, transformando una cuestión de uso de suelo en un profundo drama humano que involucra la memoria y el duelo.
El pliego de concesión establece que el adjudicatario deberá realizar una puesta en valor, permitiendo solo modificaciones estructurales reversibles y sujetas a la aprobación de los organismos de control, y el espacio servirá como base para las excursiones nocturnas. Pero para la familia Girado, esas palabras no hacen más que maquillar un acto de desposesión. La apertura de las ofertas está pautada para el 9 de septiembre de 2026 en el sistema Buenos Aires Compras, pero mientras tanto, el conflicto escalada. La sensación que prevalece entre los afectados es la de haber sido despojados de la posibilidad de honrar a sus muertos en el lugar que ellos eligieron, todo en pos de un negocio que convierte una tumba en una tienda. El reclamo de Lucía Girado no es solo por su derecho a saber, es un alegato por el respeto a la memoria y un llamado de atención sobre la voracidad de un turismo que parece no tener límites.
