El abogado Gregorio Dalbón solicitó ante el juez federal Ariel Lijo la captura del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad tras la confirmación de su procesamiento y la difusión de una auditoría oficial que reveló irregularidades millonarias en el organismo.
La solicitud de detención de Diego Spagnuolo, exresponsable de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), fue presentada por el letrado Gregorio Dalbón con el argumento de que su permanencia en libertad pone en peligro tanto la continuidad de la pesquisa como la posibilidad de que el imputado eluda la acción de la justicia o interfiera en el desarrollo del expediente. Según expresó el propio patrocinante, la única forma de garantizar que la investigación llegue a buen puerto consiste en privar de su libertad al exfuncionario libertario.
La presentación se produjo luego de que se confirmara el procesamiento de Spagnuolo y de que saliera a la luz una auditoría llevada a cabo por el propio Gobierno nacional, la cual puso en evidencia lo que el abogado describió como desvíos que resultan técnicamente indefendibles. Dalbón subrayó la envergadura de las anomalías detectadas y enfatizó que, frente a los nuevos elementos sumados al expediente, el extitular del organismo representa un riesgo cierto de fuga y de entorpecimiento de la causa.
El escrito fue dirigido al juez federal Ariel Lijo y se sustenta en las nuevas pruebas de convicción incorporadas que agravan el cuadro de irregularidades denunciadas. Entre los hallazgos más relevantes aparecen sobreprecios que superan el cuatro mil por ciento en el rubro de ortopedia, facturas de montos elevados que habrían sido abonadas en dos oportunidades, entregas que nunca arribaron a su destino y discrepancias millonarias entre los registros de distintas dependencias del organismo. Un informe técnico agregado a la causa detectó, a modo de ejemplo, una diferencia del 4239 por ciento en la adquisición de un andador.
La magnitud de las cifras y la naturaleza de las maniobras descriptas refuerzan la posición del querellante, quien insiste en que la libertad del imputado constituye un obstáculo para el esclarecimiento de los hechos. La decisión sobre el pedido de captura queda ahora en manos del magistrado interviniente, mientras la causa continúa sumando elementos que complican la situación del exfuncionario.
