La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos calificó la medida como un retroceso que contraviene la Constitución Nacional y los tratados internacionales, en tanto que organizaciones feministas alertan sobre el avance de una agenda conservadora que pone en jaque conquistas como la Educación Sexual Integral y la legalización del aborto.
En una jornada que encendió todas las alarmas entre los defensores de las garantías fundamentales, la reciente suscripción de la Argentina al Consenso de Ginebra sobre la Promoción de la Salud de la Mujer y el Fortalecimiento de la Familia desató una ola de críticas contundentes por parte de los organismos dedicados a la protección de los derechos humanos. El malestar no se hizo esperar y encontró su máxima expresión en un comunicado difundido este martes por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), una de las entidades con mayor trayectoria y legitimidad en la defensa de las libertades en el país. En su pronunciamiento, la organización no solo expresó su rechazo frontal a la iniciativa, sino que trazó una línea en el suelo al afirmar con rotundidad: «No vamos a retroceder», en clara alusión a la voluntad de resistencia frente a lo que perciben como un embate directo contra los derechos adquiridos.
El foco de la controversia se centra en la alianza estratégica que el gobierno nacional, bajo la administración de Javier Milei, ha forjado con la Political Network for Values (PNfV), una coalición de alcance global que promueve una visión profundamente conservadora en materias sensibles como la interrupción voluntaria del embarazo, el concepto de familia, la orientación sexual y los lineamientos educativos. La firma del canciller Pablo Quirno estampó la rúbrica definitiva que incorpora al país en este pacto internacional, creado en el año 2020, cuyos postulados reivindican a la familia como la «unidad natural y fundamental de la sociedad» y sostienen de manera explícita la inexistencia de un derecho internacional que avale la práctica del aborto. Esta decisión, lejos de ser un mero gesto diplomático, se inscribe en una hoja de ruta doméstica que el oficialismo viene trazando sistemáticamente en contra de las políticas de salud reproductiva, al mismo tiempo que se observa un preocupante desfinanciamiento de los programas vinculados a la Educación Sexual Integral (ESI).
Desde la APDH, el rechazo fue categórico y sin ambages. El organismo calificó al Consenso de Ginebra como una declaración principista que no solo resulta lesiva para el acervo normativo nacional, sino que además «contraviene tratados internacionales de derechos humanos y la propia Constitución argentina», en una clara advertencia sobre la posible inconstitucionalidad de los compromisos asumidos. Pero la crítica no se detuvo en el plano jurídico; los activistas señalaron con vehemencia la peligrosa conexión entre esta adhesión internacional y la articulación de una red política de arraigo local, cuyo objetivo sería socavar los pilares del Estado laico y laicista que históricamente caracterizó a la sociedad argentina. En este sentido, recordaron el reciente foro organizado por la PNfV en la Legislatura porteña, un evento que contó con la activa participación de referentes de La Libertad Avanza y el PRO, donde se debatieron abiertamente temas como la legalización del aborto y la vigencia de la ESI.
Detrás de los eufemismos que apelan a la «protección de la infancia», el «fortalecimiento de la natalidad» o la «defensa de la familia», la APDH advierte que se esconde un intento deliberado por coartar la autonomía de las personas y someter los cuerpos a un férreo control que entrelaza lo político, lo religioso y lo estatal. La organización sostiene que lo que está en juego es la posibilidad de que las mujeres, las niñas, los adolescentes y las diversidades puedan seguir ejerciendo sus derechos sin injerencias externas. El escenario se torna aún más complejo al constatar que la avanzada conservadora no se limita a la rúbrica de un documento, sino que se materializa en un entramado de influencia que busca permear todas las capas del Estado. La PNfV, que se jacta de agrupar a dirigentes políticos y cívicos de 45 naciones, ya ha sembrado sus redes en el territorio argentino, tejiendo alianzas con legisladores, funcionarios y organizaciones afines.
El mencionado cónclave en la Ciudad de Buenos Aires, bautizado como «Libertad para el Futuro», congregó a más de doscientas personas y contó con la presencia estelar de figuras como la vicejefa de Gobierno porteño, Clara Muzzio; el ministro de Desarrollo Humano y Hábitat, Gabriel Mraida; la exvicepresidenta Gabriela Michetti, así como numerosos legisladores nacionales, provinciales e intendentes. Durante ese encuentro, la red internacional delineó sus propuestas programáticas, que incluyen la creación de un índice para medir el impacto de las políticas públicas en el núcleo familiar, la implementación de una «perspectiva transversal de familia» en todas las áreas del Estado y el fortalecimiento de los denominados «derechos parentales», una figura que en la práctica busca otorgar a los padres un poder de veto sobre los contenidos educativos que reciben sus hijos.
Este accionar se produce en un contexto normativo donde la Argentina aún mantiene vigente la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, sancionada en 2020, y cuenta con un marco legal robusto que reconoce a la ESI como un derecho inalienable. Sin embargo, la APDH enciende las luces de alarma al considerar que estos logros históricos, fruto de décadas de lucha y organización feminista, están siendo puestos en la picota y utilizados como moneda de cambio en el tablero de una agenda internacional que desconoce las particularidades y conquistas del país. La entidad defensora de los derechos humanos enfatiza que la Educación Sexual Integral no es un capricho ideológico, sino una herramienta pedagógica fundamental que proporciona a las personas los conocimientos necesarios para comprender su propio cuerpo, establecer vínculos afectivos respetuosos, prevenir situaciones de abuso y violencia, y ejercer una sexualidad plena y responsable.
En la misma sintonía, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito expresó su enérgico repudio a la incorporación argentina al Consenso de Ginebra, sumando su voz al coro de críticas que provienen del movimiento feminista y de los sectores progresistas. Estos colectivos observan con estupor cómo el gobierno de Milei, en sintonía con las corrientes más reaccionarias del continente y del mundo, intenta desmantelar años de avances en materia de igualdad de género y salud pública. La APDH, en su rol de bastión histórico, fue taxativa al señalar que existe una clara intención de imponer un modelo único de familia y de vida, cercenando la diversidad y la libertad de elección que caracterizan a las sociedades democráticas y modernas.
El contrapunto entre ambas visiones del mundo es abismal. Mientras que para la Political Network for Values, la disminución de la tasa de natalidad y la supuesta fragilidad de los lazos familiares justifican la necesidad de colocar a la institución familiar en el centro de todas las políticas estatales, para las organizaciones de derechos humanos y feministas, este discurso encubre una maniobra reaccionaria que busca reeditar viejos patrones de dominación patriarcal. El pronóstico de la APDH es sombrío: advierten que estos conceptos funcionan como una suerte de caballo de Troya para reabrir debates que la sociedad argentina ya saldó a través de las leyes y las instituciones democráticas.
En el cierre de su contundente comunicado, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos emitió tres definiciones que resumen el espíritu de su resistencia: «La ESI y el aborto legal se defienden. La autonomía sobre nuestros cuerpos también». Con estas palabras, el organismo buscó transmitir un mensaje de firmeza y determinación a la ciudadanía, dejando en claro que los años de militancia y conquistas no han sido en vano. La APDH concluyó su declaración con una frase que resuena como un mandato ético y político: «Nuestros derechos no se negocian», una sentencia que sintetiza la postura de un movimiento que se prepara para librar una batalla cultural y legal con el objetivo de preservar el legado de igualdad que caracteriza a la nación austral.
