El organismo provincial documentó un salto del 13% en heridos por represión, un 77% más de detenciones y un récord de 141 muertes bajo custodia estatal. El sistema penal, la salud mental y la niñez aparecen como eslabones de una maquinaria punitiva que no distingue colores políticos ni fronteras jurisdiccionales.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) desempolvó este jueves su radiografía anual sobre el devenir de las políticas de seguridad y su impacto en el tejido social, tanto en el plano nacional como en el territorio bonaerense. El documento, presentado en el edificio Sergio Karakachoff de la Universidad Nacional de La Plata con la presencia de Adolfo Pérez Esquivel y Dora Barrancos, no solo actualiza cifras escalofriantes sino que disecciona las entrañas de un modelo que, lejos de atenuarse, se profundiza con cada estación del año.
A nivel nacional, el organismo detectó una escalada represiva sostenida en torno a la protesta social, acompañada por una persecución penal contra organizaciones populares que alcanza cotas inéditas en la historia reciente. Ese andamiaje coercitivo se nutre, advierten, de un discurso presidencial que exalta la violencia como herramienta legítima y que ha normalizado el uso desmedido de la fuerza en el espacio público. El monitoreo sistemático que la CPM realiza desde la implementación del protocolo antipiquetes revela, en su tercer informe especial sobre fuerzas federales, que durante 2025 se registraron 1.369 personas lesionadas —un 13% más que el año previo— mientras que las aprehensiones se dispararon un 77%, pasando de 93 a 165 en ese mismo lapso.
En la provincia de Buenos Aires, el escenario adquiere contornos aún más lúgubres: 141 fallecimientos bajo intervención estatal, de los cuales 100 corresponden a jóvenes menores de 30 años. La Policía Bonaerense concentra el mayor número de esos decesos (90), seguida por la fuerza porteña (25), la Federal (19) y en menor medida Gendarmería y Prefectura. Un dato que estremece por su recurrencia es que 87 de esos homicidios fueron perpetrados por agentes en actividad pero fuera de servicio, muchos de ellos alegando defensa de bienes propios, lo que para la CPM subraya la urgencia de desmontar el denominado “estado policial”. A esa tragedia se suma la cadena de impunidad: apenas el 14% de las detenciones deriva en una causa judicial, lo que evidencia que el arresto opera más como mecanismo de disciplinamiento social que como herramienta de justicia.
El informe no se queda en la superficie de los números y se adentra en el laberinto del sistema penal a través de casos como el de Cristian Mallorca, un vecino de Rafael Calzada que permaneció cinco meses privado de libertad en la Unidad Penitenciaria 9 acusado de un robo ocurrido en Saladillo, a más de 200 kilómetros de su hogar. Durante ese período, ni la policía, ni la fiscalía, ni el juzgado repararon en un dato esencial que obraba en la causa: Mallorca padece pie equino, una discapacidad motriz que le imposibilita desplazarse por sus propios medios. El expediente, según la CPM, se construyó sobre testimonios y fotografías que demostraban su presencia en un encuentro familiar a la hora del ilícito, pero el aparato judicial prefirió no ver.
Roberto Cipriano García, secretario ejecutivo de la Comisión, sintetizó ante Página/12 el espíritu del documento: “Este anuario da cuenta de la continuidad de las políticas de mano dura en la provincia y de las graves violaciones a los derechos humanos que persisten en el despliegue territorial y en los lugares de encierro. Todo eso se sostiene sobre la tortura como práctica sistemática y sobre muertes que podrían evitarse con políticas sanitarias adecuadas”. El dirigente amplió el diagnóstico hacia otros frentes, como el colapso de las políticas de niñez y salud mental, y apuntó contra la complicidad de los tres poderes del Estado: “No solo el Ejecutivo es responsable, sino también un Judicial que no garantiza derechos y un Legislativo que mira hacia otro lado”.
La irrupción de las patrullas municipales, creadas al margen de la ley provincial de seguridad, aparece como un nuevo eslabón en esa cadena punitiva. El informe menciona episodios paradigmáticos: la persecución violenta contra personas en situación de calle en Mar del Plata y el homicidio de Octavio Buscafusco en Vicente López, cometido por efectivos de la Patrulla Municipal. Cipriano García señaló que ese fenómeno atraviesa el arco político, ya que “en la mayoría de los municipios, sin importar el signo partidario —Pro, LLA, UCR o variantes peronistas— se recurre a la misma receta: endurecer el castigo sobre los más pobres, sobre aquellos que buscan subsistir o que directamente no tienen techo”.
El documento también pone el foco en la violencia estructural que subyace a esos episodios, y sostiene que no se trata de desbordes ocasionales ni de fallas de diseño, sino de la expresión de un sistema que el Estado produce y reproduce en sus prácticas cotidianas. Esa lógica, afirman, se mantiene inmutable más allá de los cambios de gestión, y se alimenta de discursos mediáticos que construyen sensaciones de inseguridad sin asidero estadístico. Como contrapunto, la CPM subraya que los homicidios dolosos en Argentina alcanzan 3,8 por cada 100.000 habitantes —y solo la mitad ocurre en ocasión de robo—, mientras que los accidentes viales (7,7) y los suicidios (11) duplican o triplican esa cifra, sin que esos problemas conciten la misma atención pública ni política.
El organismo advierte además que la mayoría de las aprehensiones no guardan relación con delitos consumados, sino con el control de poblaciones excluidas y estigmatizadas. En ese marco, la CPM documentó 1.639 hechos de violencia policial que afectaron a 641 víctimas, y en el 20% de los casos se registraron agresiones físicas con palos, bastones, patadas y puñetazos. Ese clima de hostilidad institucional, denuncian, crea las condiciones propicias para el armado de causas fraguadas, como la de Mallorca.
El informe no elude el contexto histórico y político, y enmarca sus conclusiones en el cincuentenario del golpe de Estado de 1976. A pesar del avance en el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad —365 sentencias que condenaron a 1.245 represores entre 2006 y 2026—, la CPM insiste en que persiste un proyecto regresivo que socava los derechos conquistados. La política criminal actual, sostienen, “viola derechos humanos y construye un sistema de crueldad contra los más pobres”, y exige una transformación estructural que coloque la dignidad de las mayorías por encima de los intereses de los sectores de poder.
En el plano penitenciario, la fotografía es desoladora: al cierre de 2025, había 63.934 personas detenidas en la provincia, un 5% más que el año anterior, con una tasa de encarcelamiento de 367 cada 100.000 habitantes, muy por encima de la media nacional (289) y mundial (176). Ese hacinamiento alimenta un ciclo de violencia que incluye 87.614 vulneraciones relevadas en cárceles y alcaidías, de las cuales 70.008 corresponden a torturas o malos tratos. La falta de acceso a la salud, el aislamiento, el hambre, los traslados gravosos y las requisas vejatorias son parte del repertorio cotidiano, y el Poder Judicial, lejos de frenarlo, lo convalida: el 90% de las detenciones se realizan sin orden judicial previa, y luego la justicia las confirma casi automáticamente.
La prisión preventiva sigue siendo moneda corriente —47% del total— y afecta desproporcionadamente a mujeres (56%) y personas trans (53%). Durante 2025, 684 personas murieron bajo custodia estatal o por uso letal de las fuerzas: 224 en cárceles, 59 con monitoreo electrónico, 30 en comisarías, 141 por violencia policial y 230 en establecimientos de salud mental. La impunidad es la regla: en nueve de cada diez casos, las denuncias por torturas y muertes son desestimadas o archivadas sin investigación sustancial.
La franja más joven tampoco escapa a esa lógica. La reciente rebaja de la edad de punibilidad a 14 años, sancionada en el Congreso, cristaliza una tendencia que ya venía en marcha: desde 2021, la cantidad de niños no punibles detenidos se triplicó. En 2025, ingresaron a centros de reclusión 842 adolescentes, de los cuales 168 tenían 15 años o menos. En la provincia, los menores de 18 años cometieron 88 homicidios dolosos, pero solo 25 de esos hechos fueron perpetrados por chicos de 16 años o menos, lo que evidencia que la baja de la edad responde más a una demanda punitiva que a una necesidad real de seguridad.
El informe cierra con un llamado a la memoria y a la acción colectiva. “Exacerbar la violencia y el odio hacia los sectores más vulnerabilizados, construir la idea de que son los responsables del delito, nos deshumaniza y fortalece una sociedad autoritaria y antidemocrática”, sentencia el texto, que también reivindica la resistencia popular frente a las embestidas neoliberales. La CPM, en ese sentido, no solo denuncia sino que ofrece herramientas de consulta pública a través de su plataforma Datos Abiertos, un intento por romper el cerco de opacidad que envuelve a la política criminal.
La presentación de este anuario, en vísperas de una nueva conmemoración del golpe, no es un mero ejercicio de actualización estadística. Es, antes bien, una interpelación ética y política a una sociedad que, según la Comisión, parece haberse acostumbrado a la crueldad como paisaje cotidiano.
