Con el respaldo mayoritario de la Cámara alta, el Gobierno nacional logró sellar un avance estratégico en los tribunales federales de la capital, al aprobar los pliegos de Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi. La movida, que despertó resquemores en el peronismo, asegura al oficialismo una influencia decisiva en causas sensibles para la Rosada, como la investigación por la criptomoneda $LIBRA y los presuntos ilícitos en la Agencia Nacional de Discapacidad.
En una jugada que consolida el poder del Ejecutivo en el corazón de la justicia federal, la Cámara de Senadores dio luz verde a los nombramientos de Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi como integrantes de la Cámara Federal porteña, un tribunal que concentra los expedientes más espinosos para la administración libertaria. La aprobación, alcanzada en una sesión con escasos sobresaltos, representa para el oficialismo la conquista de un bastión judicial que hasta ahora se le resistía, y que le permitirá tener voz y voto en causas de alto voltaje político.
El respaldo a Yadarola resultó prácticamente unánime: cosechó 66 voluntades positivas, sin que ningún senador objetara su postulación. Sin embargo, la suerte de Bertuzzi fue muy distinta. El bloque peronista, a través de la voz de José Mayans, anticipó su rechazo al magistrado, señalando su designación irregular durante la gestión de Mauricio Macri, cuando fue trasladado sin concurso previo. Esa mancha en su expediente profesional, sumada a su actuación en causas de lesa humanidad y su presunta inclinación a frenar investigaciones contra el macrismo, le valieron solo 44 sufragios a favor y 23 en contra. Pese a ello, desde el Ministerio de Justicia celebraron el resultado como un triunfo, convencidos de que ahora cuentan con una bancada propia en un espacio judicial que durante dos décadas permaneció esquivo a sus intereses.
La operación no se limitó a esos dos nombres. En paralelo, el Senado dio curso a otros 65 pliegos, entre los que se cuentan dos jueces y una jueza para los tribunales orales federales de Comodoro Py. De este modo, el Gobierno asegura una renovación sustancial en los estrados porteños, que le permitirá influir en causas de gran relevancia mediática y política, como la que involucra a la fallida criptomoneda $LIBRA, promocionada por el propio Presidente, y las denuncias por irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad.
Ahora, el paso siguiente recae en Javier Milei, quien en los próximos días deberá rubricar los nombramientos. Según fuentes oficiales, las firmas no se estamparán antes del lunes, pero en los pasillos de la Rosada ya se especula con que Yadarola y Bertuzzi podrían jurar sus cargos antes de que finalice la semana entrante.
La nueva configuración de la Sala I de la Cámara Federal será particularmente significativa. Allí, Yadarola y Bertuzzi compartirán banco con Mariano Llorens, cuyo nombre suena con fuerza como posible candidato a la Corte Suprema en los planes de Milei. En la Sala II, en tanto, se mantienen Roberto Boico y Eduardo Farah, mientras que el tercer puesto, ocupado hasta julio por Martín Irurzun, permanece vacante desde que el magistrado alcanzara la edad límite para ejercer el cargo. Irurzun, de perfil discreto pero de gran influencia durante el macrismo —cuando comandó la oficina de escuchas de la Corte y forjó una doctrina que permitió prisiones preventivas contra exfuncionarios kirchneristas—, intentó permanecer en su puesto mediante una medida cautelar que duerme sin avances en la Suprema Corte desde hace más de veinte días.
Con la llegada de Yadarola, se producirá un efecto dominó: Leopoldo Bruglia, quien fuera trasladado durante la administración de Macri, deberá regresar al Tribunal Oral Federal 4, desde donde ha denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un trato discriminatorio que, según alega, vulnera sus garantías judiciales.
Los perfiles de los nuevos camaristas también despiertan controversias. Ambos quedaron rezagados en el concurso 461 del Consejo de la Magistratura, pero el organismo salió en su rescate para incluirlos en las ternas finales, allanando así el camino para su elección por parte del Presidente. Bertuzzi, que acumula tres décadas de presencia en Comodoro Py, comenzó su carrera como auxiliar mientras estudiaba Derecho en la Universidad Católica Argentina, donde registra un promedio de 5,28. Su trayectoria incluye pasos por el juzgado federal 3 y el 12, así como una fugaz incursión en la Procuración General, donde trabajó junto al fallecido fiscal Alberto Nisman. Ya como juez en el Tribunal Oral 1 de La Plata, protagonizó enfrentamientos con Carlos Rozanski, a quien acusó de priorizar unilateralmente las causas por delitos de lesa humanidad, mientras que organizaciones de derechos humanos le reprochan haber intentado beneficiar a represores condenados.
Yadarola, en cambio, construyó su carrera en la justicia de instrucción, con escalas en Quilmes y en el juzgado de Sergio Torres, y luego como secretario federal a cargo de la investigación por los crímenes de la ESMA, donde tejió vínculos estrechos con víctimas y organismos de derechos humanos. Sin embargo, su designación como juez en lo penal económico en 2015 se vio empañada por su involucramiento en el polémico viaje a Lago Escondido, hecho que motivó el rechazo del actual senador Martín Soria, quien prefirió retirarse del recinto antes de votar su pliego.
El cambio de rumbo del Gobierno en materia judicial resulta evidente. Durante los primeros dos años de gestión, la Cámara Federal no figuró entre las prioridades de Milei, y su entonces ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, impulsaba la continuidad de Bertuzzi y Bruglia. Pero la llegada de Mahiques al frente de la cartera y de Santiago Viola como número dos reactivó el concurso 461 y dotó de nuevo impulso a la estrategia oficial.
En total, el Ejecutivo ha remitido 215 pliegos al Senado en lo que va del año, de los cuales 167 ya obtuvieron el visto bueno de la Cámara alta. Este caudal de designaciones no solo asegura al oficialismo una presencia inédita en los estrados federales, sino que también sienta las bases para una justicia alineada con los postulados libertarios, que promete ser un actor central en los próximos capítulos de la vida política y judicial del país.
