La gestión libertaria enfrenta su crisis más aguda. Ministros cuestionan el ajuste, el comercio minorista se desmorona y los sondeos anticipan un escenario electoral adverso. Mientras el establishment busca resguardar sus intereses, el Presidente se aferra a la motosierra en medio de presiones sociales y políticas que amenazan con redefinir su mandato.
El gobierno de Javier Milei atraviesa una de sus horas más críticas, no solo por el desgaste natural de la gestión, sino por una fractura interna que pocos imaginaban: la discusión ya no gira en torno a la lealtad ideológica, sino a la supervivencia política. El modelo de ajuste y recesión, defendido con fervor hasta hace semanas, ahora es puesto en tela de juicio desde las propias filas del oficialismo, donde ministros con perfiles disímiles comienzan a exigir correctivos que alivien el creciente malestar social. Lo que alguna vez fue un monolito discursivo se ha convertido en un campo de batalla de interpretaciones encontradas, y el propio jefe de Estado parece navegar en soledad, empuñando su célebre motosierra mientras el ruido de fondo se intensifica.
El diagnóstico que circula en los pasillos del poder es contundente: si el programa económico se mantiene incólume, el escenario electoral del año próximo se tornará prácticamente inaccesible. El Presidente, sin embargo, se resiste a ceder. A su lado, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, ejerce como guardián de la ortodoxia, aconsejándole no prestar oído a los cantos de sirena de aquellos funcionarios que impulsan medidas contracíclicas para recomponer el poder adquisitivo de la población. “Romper el ajuste es perder identidad”, le reitera el economista, mientras le recuerda que cualquier concesión en materia fiscal o cambiaria pondría en riesgo los pilares del plan: el superávit, el dólar controlado y la desaceleración inflacionaria. Pero la presión social no admite demoras, y la evidencia cotidiana desmiente las estadísticas oficiales.
El comercio, termómetro ineludible de la realidad económica, refleja un panorama desolador. Según fuentes del sector mercantil, grandes cadenas de supermercados han visto quebrarse su cadena de pagos, al punto de solicitar a sus proveedores que detengan los envíos por incapacidad de afrontar las deudas. En encuentros reservados de la Coordinadora de Productores de Alimentos, ejecutivos de gigantes como Coca Cola, Danone, Unilever o La Serenísima coincidieron en encender todas las alarmas: hay bocas de expendio, tanto en el interior como en el Área Metropolitana, donde el flujo de mercadería se ha interrumpido por falta de liquidez. El dato más elocuente, sin embargo, lo aportó la consultora Scentia al advertir que el 41% de las compras en hipermercados y almacenes de barrio no supera los cinco productos por visita, un incremento de 4,4 puntos respecto al mes anterior, mientras que las compras de más de quince ítems retrocedieron un 7,6%. El “shopper” —como denominan los analistas al consumidor— se limita a adquirir lo estrictamente indispensable, y los changos rebosantes de abastecimiento parecen ya un recuerdo.
Ante este escenario, el ministro de Economía, Luis Caputo, ensayó un movimiento inesperado al ofrecer créditos hipotecarios con fondos de la ANSES, una decisión que sus propios colaboradores definieron como un gesto de preocupación más que como una estrategia estructural. El funcionario, hábil operador financiero, convocó a un grupo de banqueros para explorar alternativas que permitan oxigenar la calle, aunque sus críticos sostienen que su mirada sigue anclada en la lógica de los mercados y no en la urgencia social. Mientras tanto, figuras como Patricia Bullrich, Diego Santilli y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, coinciden en que las iniciativas de Caputo resultan insuficientes y hasta inocuas. Bullrich, con su habitual franqueza, llegó a admitir ante empresarios reunidos en la comisión de Energía del Senado que, de no mediar un viraje sustancial, la derrota en 2027 es casi un hecho. La funcionaria, sin embargo, se cuida de hablar del Gobierno en tercera persona, como si buscara construir su propio capital político de cara al futuro, mientras Santilli, más cauto pero igual de crítico, observa la misma debacle con la vista puesta en el territorio bonaerense, donde su imagen se encuentra seriamente deteriorada.
El malestar, además, se ha instalado en las filas de la seguridad. La ministra Alejandra Monteoliva debió hacer frente a reclamos salariales de efectivos que, en más de un caso, arrastran moras en sus créditos personales, un fenómeno que el Presidente había atribuido con liviandad al consumo de electrodomésticos, pero que ahora revela la fragilidad de los ingresos estatales. La inflación, el dólar y el empleo se han convertido en un triángulo de hierro que oprime a los sectores medios y bajos, y la descomposición del tejido comercial es solo la punta de un iceberg que amenaza con hundir cualquier expectativa de recuperación rápida.
Mientras el Gobierno se debate entre la rigidez ideológica y la necesidad de dar señales de contención, el establishment empresario observa con atención el tablero. En el Hotel Alvear, escenario de encuentros de alto voltaje, la dirigencia corporativa se ha dividido en dos corrientes. Por un lado, quienes apuestan a sostener a Milei para garantizar un mar de negocios sin regulaciones; por el otro, quienes ya comienzan a tejer vínculos con figuras del peronismo, como el gobernador bonaerense Axel Kicillof o el reaparecido Sergio Massa. La presencia de la embajadora de Estados Unidos, Susan Segal, y el respaldo explícito de ejecutivos de PAE, Google, Apple y Mercado Libre en encuentros privados demuestran que el poder económico no quiere un colapso prematuro, pero tampoco descarta otras alternativas. La reciente asunción de Alejandro Gentile al frente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, con el claro objetivo de eliminar el impuesto a los Ingresos Brutos, es una señal de que el sector productivo ya está diseñando un esquema de poder que trascienda al actual mandatario, condicionando tanto a Milei como a sus posibles sucesores.
El cuadro de situación revela, en definitiva, a un oficialismo acorralado por sus propias contradicciones. La motosierra, emblema de la campaña, se ha vuelto un símbolo de aislamiento. Los sondeos anticipan un costo electoral altísimo si el ajuste no se matiza, y las voces internas que reclaman un giro se multiplican, aunque sin lograr aún que el Presidente abandone su trinchera. La pregunta que sobrevuela cada reunión de gabinete, cada encuentro empresarial y cada sondeo de opinión es hasta dónde llegará la resistencia libertaria antes de que la realidad imponga su propio curso. Lo que está en juego no es solo la continuidad de un modelo, sino la gobernabilidad misma y la posibilidad de que el oficialismo llegue con vida a la contienda electoral del próximo año. El tiempo, sin embargo, corre en contra, y cada día que pasa sin respuestas concretas agrava la sensación de que el sepelio del programa económico, aunque doloroso, ya ha comenzado.
