En una declaración clave como testigo protegida, la letrada sobreviviente de un atentado revelará presuntos vínculos de Fernando Cerimedo con la esposa del presidente de Bolivia, Lourdes “Bibi” Urquidi, en una compleja estructura ilegal que abarca desde el desvío de combustible hasta intentos de fuga de oro y operaciones en zonas amazónicas vinculadas al narcotráfico.
En el centro de un escándalo que sacude los cimientos políticos y judiciales de Bolivia, la abogada Nadia Beller se apresta a brindar su testimonio en calidad de testigo resguardada durante la semana que comienza, con revelaciones que amenazan con exponer una intrincada madeja de corrupción y poder. Según fuentes cercanas a la investigación, la declaración de Beller —quien fuera víctima de un frustrado femicidio— pondrá el foco en la relación entre Fernando Cerimedo, exasesor del presidente argentino Javier Milei, y Lourdes “Bibi” Urquidi, cónyuge del mandatario boliviano Rodrigo Paz. La denuncia central sostiene que ambos articularon un esquema paralelo de comercialización ilegal de hidrocarburos, mediante el cual se desviaban diariamente dos millones de litros de combustible de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) hacia el mercado negro, generando una ganancia ilícita de un peso boliviano por litro, equivalentes a unos 150 mil dólares por jornada que, según Beller, engrosaban las arcas de la primera dama y del consultor argentino.
Pero el relato de la letrada no se agota allí. En su exposición, también hará mención a otro episodio de resonancia mayúscula: el frustrado intento de extraer 189 kilogramos de oro con destino a Dubái, operación que derivó en la detención del joven Adrián Lema Roca, de apenas 22 años, a quien Beller identifica como un frecuente acompañante de Catalina Paz, hija del gobernante boliviano. La abogada sostiene que el vínculo entre Lema Roca y la joven Paz —quien además mantiene una estrecha relación con Cerimedo desde hace al menos dos años— habría facilitado la gestación de aquel envío valuado en 25 millones de dólares, pese a que las empresas mencionadas en la documentación resultaron ser ficticias y los papeles de embarque, apócrifos. La fiscalía, por ahora, no ha logrado corroborar plenamente esas aseveraciones, pero la sola mención alimenta las sospechas sobre una red que operaría con total impunidad desde los pasillos del poder.
El testimonio de Beller, que se enmarca en la causa por enriquecimiento ilícito que se instruye en La Paz, también abordará una tercera arista igualmente perturbadora: la posible participación de Cerimedo en maniobras vinculadas al narcotráfico en el departamento de Beni, en la norteña región amazónica limítrofe con Brasil. Según el relato que la abogada transmitirá a los fiscales, el consultor argentino habría facilitado el aterrizaje y despegue de aeronaves presuntamente cargadas con estupefacientes, mediante un mecanismo perverso que consistía en liberar los aviones a cambio de la instalación de transpondedores —dispositivos similares a un GPS— que permiten su rastreo, aunque nunca se habrían colocado efectivamente. Esta denuncia se suma a una nueva investigación por narcotráfico abierta recientemente por el fiscal general Roger Mariaca, aunque hasta el cierre de esta edición no se precisó si los terrenos involucrados pertenecían al propio Cerimedo o a algún testaferro vinculado a su círculo.
El entramado de acusaciones cobra mayor densidad al considerar los hallazgos materiales en los allanamientos realizados a las propiedades del asesor argentino. Fuentes de la fiscalía paceña confirmaron a este diario que, contrariamente a las versiones infladas que circularon en redes sociales, se decomisaron 100 mil dólares en efectivo —en diversas monedas—, aunque también se hallaron comprobantes de transferencias bancarias al exterior por un monto adicional de 400 mil dólares. Estos elementos alimentan la tesis del enriquecimiento repentino, sobre todo si se confrontan con las declaraciones del propio Cerimedo, quien en su insólita comparecencia desde el penal de Palmasola afirmó primero que percibía un millón de dólares mensuales, para luego corregirse y sostener que era un millón anual, todo ello mientras negaba tener actividad lucrativa alguna en territorio boliviano.
La estrategia defensiva del consultor, que incluyó más de 200 preguntas respondidas con evasivas y negativas categóricas, contrasta con el alud de pruebas gráficas que Beller ha puesto sobre la mesa. Fotografías que muestran a Cerimedo junto al presidente Paz en Miami, frente al secretario de Estado Marco Rubio; imágenes en el ascensor de la Casa Grande del Pueblo, en el avión presidencial y en el despacho oficial, con el propio asesor redactando discursos, desmienten cualquier pretensión de distanciamiento. También aparecen retratos con la primera dama y con la hija del mandatario, además de chats donde el consultor alardea de su presencia cotidiana en el palacio de gobierno. La defensora de Cerimedo, Margarita Arce, intentó plantar una versión alternativa al asegurar que su cliente ingresó al país 200 mil dólares de manera legal y que carecía de otros contratos o negocios, pero sus dichos no logran disipar la espesa niebla de sospechas.
En paralelo, la investigación por el intento de homicidio contra Beller arroja sombras inquietantes sobre la posible complicidad de funcionarios de inteligencia. El jefe de Inteligencia Erik Correa González declaró que Cerimedo lo contactó antes del ataque para pedirle que se entrevistara con la abogada, aunque alegó carecer de personal para ello. Sin embargo, los mensajes de texto hallados en el celular del consultor revelan que Correa González envió fotografías del momento mismo del atentado, lo que sugiere un conocimiento previo de los hechos. Los sicarios, tres colombianos que permanecen prófugos, habrían actuado con elementos prestados y una planificación precaria, pero su fuga no descarta que aún permanezcan en Bolivia, donde conviven con sus familias bolivianas.
El trasfondo de esta saga judicial trasciende las fronteras bolivianas. Cerimedo, según el testimonio de Beller y otras fuentes, ha cumplido el rol de articulador de la derecha continental, con incursiones en Argentina, Brasil, Perú, Honduras, Colombia y México, siempre bajo el manto de la desinformación y el tráfico de influencias. En el caso argentino, el propio presidente Javier Milei salió a despegar cualquier vínculo actual, aunque la historia compartida durante la campaña electoral de 2023 resulta ineludible. Las contradicciones del consultor —desde calificar el atentado como “un asunto personal” hasta denunciar un “golpe de Estado” en su contra— solo profundizan la impresión de un personaje que navega entre la mitomanía y la impunidad, mientras la justicia boliviana intenta desentrañar una red que, de confirmarse, revelaría la oscura intimidad del poder en el altiplano. La declaración de Beller, que se espera con máxima expectativa, podría ser la llave que abra las puertas de un escándalo mayúsculo.
