Nuevas restricciones económicas, suspensiones de citas consulares y la anulación judicial de una medida previa marcan la escalada de la política de inmigración del presidente estadounidense, que ya suma la cifra mensual más alta de detenciones desde su regreso a la Casa Blanca.
En las últimas jornadas, la Administración del presidente Donald Trump ha dado un giro de tuerca adicional a su ya severa política migratoria, imponiendo un paquete de medidas que restringen el acceso a visas y la entrada a territorio estadounidense, al tiempo que se registran cifras récord en el número de arrestos por parte de las autoridades migratorias. Esta ofensiva, que abarca desde prohibiciones de viaje hasta exigencias financieras sin precedentes, se inscribe en la promesa de campaña del mandatario de llevar adelante “la mayor operación de deportación en la historia del país”, un eslogan que ha cobrado fuerza en su segunda gestión.
De acuerdo con datos difundidos por las universidades de California Berkeley y UCLA, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) alcanzó durante el mes de julio la cifra mensual más elevada de aprehensiones desde el retorno de Trump al poder, con un total de 49.571 detenidos. Este número refleja la intensificación de los operativos en todo el territorio nacional, en un contexto donde la retórica antiinmigrante del mandatario ha pasado de las palabras a los hechos con una maquinaria burocrática y policial que no da tregua.
Uno de los movimientos más significativos ocurrió en el ámbito consular. El Departamento de Estado notificó el miércoles la suspensión temporal de todos los turnos para la solicitud de visas de inmigrante a nivel mundial, alegando la necesidad de capacitar al personal diplomático en nuevos protocolos operativos. Esta determinación, sin embargo, llegó apenas dos días después de que una jueza federal en Nueva York anulara, el 21 de agosto, una suspensión previa que afectaba a ciudadanos de 75 naciones, al considerar que dicha medida “contradecía el marco legal” y excedía las facultades del secretario de Estado, Marco Rubio. El revés judicial, no obstante, no ha frenado el ímpetu restrictivo del Ejecutivo, que busca otros resquicios para limitar el ingreso de extranjeros.
Paralelamente, la Casa Blanca ha desplegado una batería de exigencias económicas que golpean con especial dureza a viajeros de medio centenar de países, en su gran mayoría africanos, aunque también figuran naciones como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Para estos territorios, se ha establecido la obligación de depositar fianzas que oscilan entre los 10.000 y 20.000 dólares para la obtención de visados de turismo y negocios, un importe que multiplica con creces los estándares habituales. Esta disposición rescata la polémica doctrina de “carga pública” que ya caracterizó su primer período presidencial, mediante la cual se pretende denegar la residencia permanente —la conocida ‘green card’— a aquellos solicitantes que pudieran recurrir eventualmente a subsidios gubernamentales, bajo el supuesto de que representan una carga para el erario.
Pero la escalada financiera no se detiene ahí. Esta misma semana, la Administración Trump anunció una fianza de 100.000 dólares para los visados H-1B, destinados generalmente a profesionales de los sectores tecnológico y de ingeniería, una cifra que amenaza con disuadir a empresas y talentos extranjeros de optar por este tipo de permisos laborales, altamente demandados en Silicon Valley y otros polos innovadores.
El endurecimiento también ha alcanzado a colectivos que hasta ahora gozaban de cierto amparo legal. Los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), conocidos como “soñadores”, que arribaron al país siendo menores de edad, así como los miles de acogidos al Estatus de Protección Temporal (TPS), que les permitía residir y trabajar sin temor a la deportación, han visto cómo su frágil estabilidad se tambalea ante las nuevas directrices. El Gobierno no ha descartado cancelar incluso las visas de turismo o negocios a aquellos extranjeros que hayan solicitado asilo después de haber ingresado a Estados Unidos, un movimiento que desincentivaría la búsqueda de protección humanitaria en las fronteras.
En un frente complementario, el equipo legal de la Casa Blanca presentó este jueves una demanda para cuestionar varias normativas estatales en Arizona, Nuevo México, Oregón y Washington, que autorizan a las universidades públicas a ofrecer matrículas reducidas y asistencia económica a estudiantes indocumentados. Este litigio forma parte de una estrategia más amplia para erosionar cualquier resquicio de protección o integración de los inmigrantes en el tejido social y educativo del país.
En conjunto, las acciones desplegadas en los últimos días dibujan un panorama de creciente hostilidad hacia el migrante, donde las trabas burocráticas, las exigencias monetarias y las maniobras judiciales se conjugan para hacer casi inaccesible el sueño americano, mientras las cifras de detenciones marcan un récord que evidencia la maquinaria deportadora en pleno funcionamiento. La política migratoria de Trump, lejos de moderarse, se afianza como uno de los ejes más radicales de su segundo mandato, con consecuencias que ya se dejan sentir en todos los continentes.
