El mandatario arengó a los jóvenes contra la prensa y vinculó ideologías con el satanismo, lo que desencadenó una ola de repudios. Exdirectivos de la institución apuntan contra la DAIA por presuntas negociaciones políticas, mientras un exalumno reveló censuras previas en el establecimiento educativo.
La fugaz pero bullente aparición del jefe de Estado, Javier Milei, en el colegio ORT, ha dejado una estela de controversia que trasciende largamente el contenido de su alocución. Lo que en la gacetilla oficial se presentó como una disertación destinada a abordar los dilemas de la «ética y la inteligencia artificial», se transformó en una arenga de tintes políticos que ocupó sesenta minutos del jueves, donde el primer mandatario, lejos de ceñirse al temario prometido, utilizó el púlpito para justificar sus recortes económicos ante una audiencia de adolescentes, desacreditar a las fuerzas opositoras y realizar una execración del marxismo, al que equiparó con prácticas diabólicas. Pero el momento de mayor conmoción se produjo cuando, en un gesto que repite con creciente asiduidad, convocó a los pupilos a sumarse a su embestida verbal contra los periodistas, incitándolos al abucheo y sumando así a la juventud a su particular cruzada contra la prensa.
La reacción no se hizo esperar. Desde el instante en que el mandatario traspasó las puertas del establecimiento educativo, las voces de repudio y las denuncias públicas se multiplicaron en un torrente imparable. El exdirector de la ORT, Adrián Moscovich, irrumpió en el debate público con severas acusaciones que ponen en tela de juicio la autonomía de la institución. Según su testimonio, la concreción de esta visita no fue fortuita ni producto de un mero intercambio académico, sino que se gestó en las entrañas de la DAIA, la entidad que congrega a la colectividad judía en el país. Moscovich sostiene que las actuales autoridades de esa organización están utilizando la presencia de funcionarios libertarios en sus recintos como moneda de cambio para obtener réditos políticos, citando como ejemplo paradigmático la designación de la diputada Holzman en un puesto de relevancia, lo que a su juicio configura un claro y burdo «cargue» nacional.
Este escenario de críticas se vio robustecido por el relato de un antiguo alumno del centro educativo, quien sacó a la luz un episodio pretérito que refleja una inquietante dualidad en el criterio institucional. El exestudiante narró cómo, en otra era, las autoridades de la ORT le vetaron la posibilidad de pronunciar un discurso sobre la significación de la democracia, argumentando en aquel entonces la necesidad de eludir cualquier temática que pudiera ser interpretada como «política». Esta revelación contrasta de manera grosera con la libertad temática que se le concedió al actual presidente para exponer sus postulados más extremos, lo que ha generado un profundo cuestionamiento sobre la coherencia y los principios que rigen la casa de estudios.
Para completar el complejo panorama, la polémica escaló a instancias judiciales cuando se formalizó una denuncia contra Javier Milei por la presunta comisión del delito de adoctrinamiento. El elemento más paradójico de esta acción legal radica en que la acusación se canalizó a través de la línea telefónica que el propio gobierno libertario había instituido para recibir denuncias ciudadanas, convirtiendo así el instrumento oficial en el vehículo para cuestionar al mandatario. La comunidad educativa y diversos sectores de la sociedad civil observan con estupor cómo la institución, que supo erigirse como un bastión académico, se ve ahora envuelta en una turbamulta de acusaciones cruzadas, donde se entremezclan la censura del pasado, el oportunismo político del presente y una inquietante utilización de los jóvenes como receptores y cómplices de discursos de odio, todo ello bajo la sombra de una denuncia que promete mantener el foco de atención en los próximos días.
