La silenciosa irrupción de Peter Thiel en la Argentina destapa una trama de intereses donde la soberanía digital, los recursos naturales y la reforma del Estado se cruzan con la geopolítica de la inteligencia artificial. Especialistas advierten sobre el avance de un modelo que subordina el territorio a las necesidades de los monopolios tecnológicos de Silicon Valley.
En el centro de una audiencia legislativa que convocó a más de treinta especialistas, el nombre de Peter Thiel flotó como un eco incómodo entre los muros del Congreso argentino. No fue su presencia física, sino su sombra alargada —la de un magnate que construye imperios con datos, algoritmos y recursos ajenos— la que ocupó el centro del debate. La sesión, impulsada por el diputado Juan Marino (Unión por la Patria), buscaba desentrañar los contornos de una visita presidencial que ocurrió en abril, pero cuyos detalles permanecen bajo un hermetismo que, para muchos, resulta tan revelador como sospechoso.
El corazón de la inquietud no es otro que la confluencia entre la reforma legal promovida por el gobierno de Javier Milei y los intereses de las grandes tecnológicas globales. Lo que en apariencia podría leerse como una bienvenida a la inversión extranjera, bajo la lupa de los expositores aparece más bien como una entrega estratégica: un «Súper RIGI» que, según denunciaron, ofrece a esas corporaciones el control de recursos minerales, energéticos y territoriales durante las próximas tres décadas. Los académicos y periodistas que desfilaron por la Cámara Baja coincidieron en un punto: la Argentina, en el imaginario de los nuevos señores del capitalismo digital, ha sido relegada al rol de mera proveedora de materias primas, un eslabón inferior en una cadena de valor que otros diseñan y dominan.
La doble faz de una llegada anunciada
El comunicólogo Mariano Caputo, uno de los oradores de la jornada, desglosó con crudeza las dos aristas que, a su juicio, atraviesan la irrupción de Thiel en el escenario local. Por un lado, el conflicto latente entre Estados Unidos y China por el dominio del hemisferio occidental, una puja que trasciende lo económico y se instala en el terreno militar y geopolítico. Por el otro, la metamorfosis del Estado argentino —bajo el impulso libertario— en una plataforma de servicios para la extracción sin cortapisas que demanda la inteligencia artificial: litio, cobre, agua, energía y extensos parajes de tierra fría en la Patagonia, donde los centros de datos encuentran su hábitat ideal.
Caputo fue taxativo al describir lo que denominó «la ofrenda» del gobierno a Silicon Valley: un marco normativo que desmantela los mecanismos de control y decisión pública, y que coloca al país en una posición de vulnerabilidad ante corporaciones que operan con lógicas de soberanía paralela. No se trató, en su exposición, de un simple acuerdo comercial, sino de una reconfiguración del vínculo entre política y tecnología, donde los límites tradicionales de la nación se diluyen ante la voracidad de empresas que, como Palantir, ya han demostrado en otros continentes su capacidad para penetrar los aparatos estatales y subordinar las decisiones humanas a procesos automatizados.
Europa como espejo y advertencia
El periodista Esteban Magnani, también especializado en tecnología, trajo al debate la experiencia europea como un antecedente elocuente. En sus palabras, el avance de Palantir no es un fenómeno exclusivo de la periferia; la empresa de Thiel ha logrado infiltrarse en los servicios migratorios, fiscales y militares de Estados Unidos, así como en agencias de inteligencia de varios países del viejo continente. Sin embargo, el descontento crece: el alcalde de Londres frenó un contrato con la firma para la policía metropolitana, y tanto Francia como Alemania evalúan rescindir los suyos. Pero Magnani advirtió que una vez que el sistema está en funcionamiento, desactivarlo resulta tan costoso como complejo, porque implica recuperar capacidades que el Estado delegó sin retorno posible.
Ese fenómeno, explicó, no es azaroso. Responde a una lógica de dependencia que convierte a la tecnología en un dispositivo de poder irreversible. Y en ese juego, la Argentina aparece como un laboratorio aún más vulnerable, donde la ausencia de leyes robustas de protección de datos personales y la acelerada desregulación allanan el camino para que experimentos como el «Gemelo Digital Social» —anunciado sin mayores precisiones por el gobierno— se conviertan en una realidad opaca, alimentada con información sensible de millones de ciudadanos.
El perfil de un visionario sin brújula moral
La caracterización de Peter Thiel que se desplegó a lo largo de la audiencia no fue complaciente. Los expositores trazaron el retrato de un empresario que, forjado en el aislamiento que otorga la riqueza extrema, se ha erigido como un apóstol del aceleracionismo tecnológico. Creyente de que la muerte es una contingencia evitable, promotor de transfusiones de sangre joven y de la criogenización como vía hacia la inmortalidad, Thiel es también el financista de las «Network States», pequeños principados privados que operan en plataformas marinas con leyes propias, al margen de las constituciones nacionales.
Su paso por Honduras, donde impulsó la zona especial de Próspera —un enclave con gobernanza independiente— fue citado como un antecedente directo de lo que podría ocurrir en el sur argentino. Allí, dijo Magnani, no hay lugar para el soft power ni para las inquietudes «woke»; solo para el hard power, la fuerza bruta de los algoritmos y la convicción de que la libertad fundamental es la del mercado, sin ataduras ni regulaciones.
La máquina de guerra y el fin de la deliberación
Uno de los puntos más álgidos del informe legislativo giró en torno al uso bélico de las tecnologías desarrolladas por Palantir. Julián Varsavsky, periodista de Página/12, recordó que el nombre de la empresa remite a la esfera vidente de El Señor de los Anillos, un artefacto que permitía ver a distancia y manipular voluntades. Pero lejos de la ficción, los usos reales incluyen la selección automática de blancos en conflictos como la guerra de Gaza o el bombardeo que, según investigaciones periodísticas, costó la vida a más de 160 niñas en Irán tras un error atribuido a los sistemas de inteligencia artificial.
Varsavsky subrayó que Thiel, criado en la Sudáfrica del apartheid y educado en escuelas que no admitían personas negras, nunca mostró remordimientos por aquellas posiciones. Una compañera de universidad recordó que, en los años noventa, él defendía la segregación racial con argumentos económicos, despojando de todo contenido moral a la discusión. Esa misma lógica, según los especialistas, subyace hoy en su proyecto de «República Tecnológica», un concepto acuñado por su socio Alex Karp que propone sustituir la democracia por una suerte de monarquía corporativa, donde los ciudadanos son meros datos procesables y la política, un estorbo burocrático.
Argentina como conejillo de indias
Natalia Zuazo, consultora en políticas tecnológicas, aportó una perspectiva que anudó todos los cabos sueltos. Para ella, Thiel no ve en la Argentina solo un territorio con recursos baratos y leyes flexibles, sino el escenario perfecto para validar su modelo de Estado algorítmico. La inteligencia artificial, dijo, es antes que nada una tecnología militar, y su difusión se sostiene sobre una teología del miedo: la amenaza china, el caos interno, el colapso civilizatorio. Todo sirve para justificar la expansión de sistemas que vigilan, predicen y deciden sin intervención humana.
Zuazo advirtió que el ciclo de inversiones en infraestructura tecnológica global, iniciado en 2023, ya supera en velocidad a la fiebre ferroviaria del siglo XIX. Y en esa carrera desenfrenada, la Argentina parece haber optado por subirse al tren sin preguntar hacia dónde va. La derogación del RIGI, el rechazo al súper RIGI y la sanción de una ley integral de datos personales son, para ella, pasos impostergables si se quiere preservar un mínimo de soberanía tecnológica.
El umbral de lo inhumano
El periodista Nicolás Lantos, por su parte, puso el dedo en una llaga aún más profunda: el momento en que el algoritmo ya no necesita un dedo humano para apretar el gatillo. En Ucrania, en Gaza, en los sistemas migratorios de Estados Unidos, Palantir ya opera sin intermediarios. Y en la Argentina, donde el gobierno promueve la creación de «corporaciones no humanas» gestionadas por IA, el salto cualitativo parece inminente. Lo que está en juego, dijo Lantos, no es el lobby ni el complejo militar-industrial clásico, sino la absorción de las funciones críticas del Estado por un puñado de personas que fabrican las armas, procesan los datos, manejan la inteligencia y diseñan las leyes.
Cerró el filósofo italiano Rocco Carbone con una conceptualización que resonó entre los presentes: el tecnofascismo no es una metáfora, sino el nombre de una nueva articulación entre acumulación capitalista y control político. Una aristocracia tecnofinanciera que busca privatizar lo público, volver privado al Estado, y que encuentra en la Argentina de Milei el laboratorio más avanzado de sus fantasías autoritarias.
Mientras los carteles con los nombres de Thiel y Milei permanecían vacíos en la mesa del Congreso, la audiencia dejó una certeza: el futuro no se decide solo en los mercados ni en los algoritmos, sino en la capacidad de la política para recuperar el centro de una partida que, por ahora, juegan otros.
