La empresa que supo dominar el mercado nacional del pollo atraviesa su peor crisis institucional y financiera. La suspensión de operaciones en su establecimiento bonaerense se suma a una seguidilla de frenos productivos, desvinculaciones masivas y una deuda que supera los 350 millones de dólares, mientras los trabajadores denuncian salarios impagos y temen por el cobro de sus indemnizaciones.
En un silencio que sólo fue roto por un comunicado interno, Granja Tres Arroyos, otrora columna vertebral de la industria avícola argentina, decidió este fin de semana interrumpir sin previo aviso las actividades de su planta situada en Capitán Sarmiento, partido de la provincia de Buenos Aires. La notificación, a la que accedió este medio, escueta y sin concesiones, ordenó al personal abstenerse de concurrir a sus puestos de trabajo “hasta nuevo aviso”, a partir del 31 de agosto de 2026, salvo que mediara una convocatoria expresa de algún encargado o supervisor. La medida, según reza el texto oficial, responde a “la falta de suministro eléctrico y a otras cuestiones operativas y productivas derivadas de circunstancias de fuerza mayor y de público conocimiento”. Sin embargo, tras esa justificación técnica se esconde una realidad mucho más alarmante, que los propios empleados comenzaron a vislumbrar con estupor en las últimas horas.
Fuentes cercanas a la firma revelaron que, paralelamente a la notificación, las máquinas que operaban en régimen de concesión —es decir, equipos alquilados a proveedores externos— ya fueron retiradas del establecimiento. Zorras, sistemas de armado de cajas y toda la maquinaria perteneciente a terceros desaparecieron del predio, dejando una imagen desoladora que algunos describieron como “un vaciamiento silencioso”. Pero el dato más inquietante, quizás, es que miembros del directorio también habrían desocupado sus propias oficinas y sustraído sus pertenencias de los depósitos, un gesto que los trabajadores interpretaron como un presagio de que el cierre no será transitorio. “Hoy la gente se desayunó con eso. No tenemos luz, no podemos trabajar, y lo que más nos aterra es que no paguen lo que nos deben”, confió una fuente sindical, en referencia a los salarios atrasados que ya acumulan más de cinco quincenas en algunos casos, y a la incertidumbre que pesa sobre las indemnizaciones.
Esta paralización no es un hecho aislado, sino el eslabón más reciente de una cadena de fracturas que viene sacudiendo los cimientos de la compañía desde fines de 2024. Fue en diciembre de aquel año cuando Granja Tres Arroyos solicitó ante la Secretaría de Trabajo de la Nación la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis, un expediente que nunca llegó a formalizarse en el ámbito nacional, pero que sirvió como disparador para una serie de recortes internos que no han cesado. Desde entonces, la empresa clausuró su planta de Tristán Suárez, donde desvinculó a 200 de los 270 operarios que allí se desempeñaban; anunció el cierre definitivo de la planta de Becar, en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y trasladó a sus 270 trabajadores hacia la planta La China, ubicada a pocos metros, aunque ésta última permanece inactiva desde finales de mayo.
El mapa de conflictos se extiende como una mancha de aceite. En julio pasado, la planta de Avex, en Río Cuarto, Córdoba, detuvo su producción bajo la excusa de una “parada programada de dos semanas”, pero aquel plazo se incumplió y la inactividad se prolongó por otros quince días, convirtiendo lo que debía ser un receso técnico en un mes entero de quietud que afectó a 350 empleados. Ya en agosto, la planta Pinazo, situada en Pilar, suspendió a la totalidad de su personal, mientras que la planta Wade II —antigua Cresta Roja—, en Esteban Echeverría, sufrió bloqueos y paralizaciones por reclamos salariales. La planta Wade I, en Ezeiza, apenas mantiene un ritmo operativo mínimo, y la ya mencionada La China, en Concepción del Uruguay, sigue con sus puertas cerradas.
En medio de este escenario desolador, la compañía notificó a mediados de agosto el despido de 250 trabajadores de su planta industrial en Concepción del Uruguay, sobre un total de 900 empleados. Los telegramas de desvinculación arguyeron “una grave disminución de trabajo no imputable a esta empleadora, originada en circunstancias extraordinarias y ajenas a su voluntad”. La Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) repudió enérgicamente esas cesantías y cuestionó la actitud de la firma, que mantiene a sus operarios con salarios demorados por más de cinco quincenas, en una situación que el gremio calificó de “insostenible e inhumana”.
Paralelamente, la crisis financiera se profundiza. Granja Tres Arroyos negocia con sus acreedores la reestructuración de un pasivo que asciende a 350,9 millones de dólares, con el respaldo del banco de inversión VALO como asesor del proceso. El plan de salvataje contempla quitas que llegarían hasta el 75% del capital adeudado, plazos de pago de hasta siete años y la venta de al menos cinco activos considerados no esenciales para el grupo. A comienzos de año, en ese mismo esfuerzo por obtener liquidez, la empresa vendió a ACA la planta de Avex en Río Cuarto mediante un esquema de venta con alquiler posterior, que incluye una opción de recompra en un plazo de cuatro años.
La conducción de la empresa recae hoy en Joaquín De Grazia, hijo del fundador, Gaspar De Grazia, aquel inmigrante italiano que en la década de 1930 comenzó a vender pollos casa por casa en las calles de Buenos Aires junto a su hermano, forjando un imperio que décadas después se convertiría en el líder indiscutido del sector. Desde 2022, el 34% del paquete accionario pertenece a la estadounidense Tyson Foods, un socio estratégico que hasta ahora no ha hecho declaraciones públicas sobre el turbulento presente de la firma. Ante los reiterados pedidos de consulta de este medio, la compañía optó por el silencio, mientras cientos de familias aguardan respuestas que no llegan y el fantasma de la quiebra se cierne sobre lo que alguna vez fue el símbolo del éxito avícola nacional.
