Mientras los organismos de derechos humanos repudian la medida y la califican como un “acuerdo para la impunidad”, sectores militares celebran una decisión que podría beneficiar a los pocos genocidas que aún permanecen tras las rejas. La Acordada 21/2026, firmada por el máximo tribunal, encomienda al Cuerpo Médico Forense la elaboración de un protocolo que, según críticos, allana el camino para una salida anticipada de quienes cometieron los crímenes más atroces de la historia reciente del país.
En un contexto marcado por la conmemoración de los cincuenta años del último golpe de Estado, la Corte Suprema de Justicia firmó el pasado viernes 21 de agosto la Acordada 21/2026, una resolución que ha generado un profundo cisma en la sociedad argentina. Mientras desde las fuerzas armadas y sectores afines al gobierno se recibió con beneplácito la iniciativa, las organizaciones defensoras de los derechos humanos expresaron su más enérgico repudio, advirtiendo que se trata de un nuevo capítulo en una larga serie de decisiones judiciales que favorecen a los perpetradores del terrorismo de Estado.
El texto de la acordada, cuya autoría se atribuye al presidente del tribunal, Horacio Rosatti, instruye al Cuerpo Médico Forense (CMF) para que diseñe un protocolo destinado a evaluar las condiciones que deben tenerse en cuenta al momento de conceder el beneficio de la prisión domiciliaria. Entre los puntos más cuestionados, se incluye la obligación de consultar al Servicio Penitenciario Federal (SPF) sobre su capacidad para brindar atención adecuada a los reclusos, especialmente a aquellos que, por su avanzada edad, requieren cuidados especiales. En este sentido, fuentes cercanas al SPF han señalado que, en reiteradas oportunidades, la institución ha manifestado no contar con los recursos necesarios para asistir a adultos mayores, lo que, en la práctica, podría allanar el camino para que un número significativo de represores obtengan el beneficio de la detención domiciliaria.
El Foro Argentino de Defensa (FAD) no tardó en reaccionar. Al día siguiente de la firma de la acordada, la entidad envió un comunicado interno a sus miembros en el que advertía que las consecuencias prácticas de la medida podrían ser “relevantes”. El diario La Nación, por su parte, no dudó en calificar la resolución como un “protocolo para los militares presos”, aludiendo al reducido grupo de genocidas que aún permanecen encarcelados. Según datos del SPF, apenas 58 reclusos se encuentran alojados en la Unidad 34 de Campo de Mayo, mientras que la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH) estima que otros 18 cumplen condena en distintas unidades penitenciarias del país. Entre ellos figuran nombres emblemáticos de la represión, como Alfredo Astiz, Jorge Eduardo Acosta, Christian Federico von Wernich y Adolfo Donda, cuya eventual liberación bajo el amparo del nuevo protocolo encendería aún más la indignación social.
Sin embargo, la reacción más contundente provino de la Red Nacional de H.I.J.O.S, que en un comunicado público denunció que la acordada constituye un “acuerdo para la impunidad”. La organización sostuvo que el beneficio de la prisión domiciliaria no puede ser equiparado a una mera cuestión de edad o salud, cuando se trata de individuos que participaron activamente en un plan sistemático de represión y desaparición forzada de personas. “No son viejitos buenos”, enfatizaron desde H.I.J.O.S, “el transcurso del tiempo no borra sus crímenes. En cientos de juicios no hemos escuchado ningún arrepentimiento, ninguna información sobre el destino final de nuestros padres, madres ni un dato sobre nuestros hermanos y hermanas apropiados”.
Alejandra Santucho, referente de H.I.J.O.S Bahía Blanca, amplió el reclamo al señalar que “los genocidas gozan de condiciones de detención muy distintas del resto de los presos, que están hacinados”. En la misma línea, Graciela Lois, presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, sostuvo que la Corte busca “dar un gesto hacia las fuerzas y una muestra de complacencia con el Gobierno”, al tiempo que cuestionó que quienes ya acreditaron problemas de salud y obtuvieron la prisión domiciliaria no necesitan de un nuevo protocolo para acceder a ese derecho.
El malestar no se limita a las organizaciones de derechos humanos. El fiscal Félix Crous, en declaraciones recogidas por diversos medios, calificó la acordada como un “pretexto” que otorga fundamento a los reclamos de los pocos represores que aún permanecen en prisión. Crous enumeró, sin ambages, los privilegios de los que ya gozan quienes se encuentran en detención domiciliaria: salidas permanentes para visitar familiares, visitas a supermercados en días de ofertas, atención médica en centros privados con turnos dispersos que implican salidas diarias innecesarias, e incluso fiestas masivas en espacios ajenos a la residencia por bautismos y aniversarios. El fiscal mencionó el célebre caso de un condenado por crímenes aberrantes en la región de Cuyo, que celebró su aniversario de bodas con la presencia del cantante Palito Ortega, una muestra más de lo que considera una burla hacia las víctimas. “Esto ha generado que, de hecho, sean más días los que salen de su casa que los que permanecen en esa extremadamente mitigada detención, hasta el punto de convertirla en un eufemismo que se burla de las víctimas”, concluyó Crous.
La decisión de la Corte Suprema no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una línea de conducta que, según los críticos, se ha consolidado en los últimos años. En octubre del año pasado, el máximo tribunal, con una mayoría especial integrada por Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Alejandro Tazza y Guillermo Abel Sánchez, emitió el fallo Castillo, mediante el cual estableció que la prisión preventiva no podía exceder los tres años, incluso en causas complejas como las de lesa humanidad. En aquella oportunidad, voceros del tribunal sugirieron que cientos de represores podrían ser liberados, aunque finalmente esa hipótesis no se concretó.
Otro antecedente relevante es la discontinuación de la llamada Comisión Interpoderes, creada con el objetivo de acelerar los juicios por delitos de lesa humanidad. Este espacio fue desactivado tras el fallo del 2×1 en mayo de 2017, y aunque Rosenkrantz intentó reactivarlo en 2020, la comisión volvió a quedar inactiva cuando Rosatti asumió la presidencia de la Corte. Para los organismos de derechos humanos, la falta de impulso de esta comisión es un síntoma claro del desinterés del tribunal por garantizar el avance de los procesos judiciales. “Vemos las dos caras de la Corte”, expresó el abogado querellante Pablo Llonto. “Cuando los genocidas necesitan que les tiren un centro, la Corte les tira un centro. Cuando las víctimas piden durante años que cumpla lo que resolvió hace 17 años –que no era otra cosa que acelerar los juicios–, la Corte no hace nada”.
Las estadísticas de la PCCH, actualizadas a junio de este año, revelan un panorama desalentador: casi la mitad de las causas por crímenes de lesa humanidad aún se encuentran en trámite, con un 39 por ciento en etapa de instrucción, un 8 por ciento elevadas a juicio y apenas un 2 por ciento en instancia de debate oral. Hasta ese momento, se registraban 1245 condenados, aunque en las últimas semanas se han dictado algunas sentencias adicionales. Los organismos de derechos humanos han señalado en reiteradas oportunidades que existen problemas estructurales que se arrastran desde hace dos décadas: escasez de causas que llegan a juicio, demoras en la revisión de recursos por parte de la Corte o la Cámara de Casación, reducido número de audiencias mensuales y dificultades en la integración de los tribunales. A ello se suma el desmantelamiento de políticas públicas durante la gestión de Javier Milei, que ha encontrado en el silencio del Poder Judicial un cómplice tácito.
El debate, en definitiva, trasciende el alcance del protocolo en sí mismo. Para muchos, la Acordada 21/2026 es un síntoma más de una justicia que, lejos de garantizar verdad y reparación, parece inclinarse hacia la impunidad. Mientras los organismos de derechos humanos exigen celeridad y justicia, la Corte Suprema opta por diseñar herramientas que, según sus críticos, solo benefician a quienes perpetraron el plan más siniestro de la historia argentina. El tiempo dirá si este nuevo gesto del máximo tribunal se traduce en libertades anticipadas o si, por el contrario, la presión social y jurídica logrará frenar lo que muchos consideran un retroceso inaceptable en la lucha por los derechos humanos.
