La pesadilla de los hipotecados UVA: de deber 3 millones a más de 200, con salarios que se derrumban y un gobierno que no atiende el reclamo

La pesadilla de los hipotecados UVA: de deber 3 millones a más de 200, con salarios que se derrumban y un gobierno que no atiende el reclamo

Más de 30 mil familias bonaerenses viven atrapadas en créditos que se indexaron por inflación, pero sus ingresos no siguieron ese ritmo. Un vecino de Almirante Brown pidió casi 3 millones de pesos en 2018 y hoy su deuda supera los 200 millones. El colectivo “Usura UVA” denuncia que, pese a haber abonado más de 90 cuotas, el saldo adeudado creció más del 50% por encima del monto original. Reclaman un tope en la cuota y un índice ligado al salario, pero aseguran que el gobierno de Milei no les abre ningún canal de diálogo.

En el universo de los créditos hipotecarios atados a la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), el drama se repite con tonos cada vez más oscuros. Son más de 30 mil los bonaerenses que, ilusionados con la casa propia, firmaron en su momento un contrato que hoy se convirtió en una trampa financiera de la que no encuentran salida. Uno de esos casos, que prefiere resguardar su identidad por la vergüenza que le provoca la situación, es el de un vecino de Almirante Brown: en 2018 solicitó casi 3 millones de pesos y, al cambio actual, su deuda asciende a más de 200 millones. Si se mide en dólares, aquel préstamo equivalía a unos 80 mil, mientras que hoy el pasivo supera los 130 mil. Aunque ya abonó más de 90 cuotas, todavía adeuda un 50 por ciento más que lo que recibió en su momento.

Pero el núcleo del conflicto no se reduce a los números fríos. La UVA, que se ajusta por el índice de precios, determina el valor de la cuota y del capital pendiente, pero el salario con el que se afronta ese compromiso no sigue la misma trayectoria. Desde la asunción de Javier Milei, los sueldos reales acumulan una pérdida de más de 30 puntos frente a la inflación, lo que agrava aún más la brecha. Para graficar el deterioro, basta con mirar el caso del vecino de Brown: en el momento de tomar el crédito, sus ingresos equivalían a 4400 UVAs; hoy, apenas alcanzan las 1400. La cuota, en varios casos, se quintuplicó con el nuevo gobierno, y el esfuerzo para pagarla consume más de la mitad del ingreso familiar, cuando lo razonable sería que no superara el tercio.

Quienes integran el colectivo “Hipotecados UVA” —nacido en julio de 2018, durante la segunda etapa del macrismo, cuando la deuda empezó a dispararse— insisten en que no son especuladores ni inversores inmobiliarios. Se trata, en su gran mayoría, de familias que buscaban dejar el alquiler y construir un proyecto de vida estable. Sin embargo, ese horizonte se fue desdibujando con los años. La pandemia ya había golpeado el valor de las viviendas, que perdieron más del 30% de su cotización, y con la gestión actual esa caída se profundizó. Por eso, el argumento de que pueden vender la propiedad y saldar el crédito es, para ellos, una falacia: el valor de los inmuebles no se recuperó y, en muchos distritos, siguió bajando.

La falta de respuestas oficiales es otro capítulo amargo. Desde el colectivo que lidera Gutiérrez —referente visible del reclamo— aseguran que con el gobierno de Milei no hubo ni un solo intento de acercamiento para buscar una solución, ni siquiera para modificar el índice de actualización o establecer un sistema más previsible, atado al movimiento de los salarios. La dureza del discurso presidencial, que llegó a afirmar que “el gobierno no les puso una pistola en la cabeza para que tomaran un crédito UVA”, fue sentida como una provocación. Gutiérrez replica que los deudores solo contaban con la Ley de Presupuesto como herramienta para proyectar la inflación, pero ese dato resultó irrelevante ante hechos imprevisibles: una pandemia, una devaluación violenta que disparó la inflación por encima del 200% en 2023, y más de 20 puntos mensuales en los primeros meses de la gestión libertaria.

El escenario macroeconómico, además, no ayuda. Juan Cuattromo, presidente del Banco Provincia, advirtió en el último Congreso Industrial que el uso de la política monetaria para contener la inflación está teniendo un costo altísimo en la actividad real, con un salario en caída libre y un consumo en derrumbe. Esa ecuación golpea de lleno a los hipotecados UVA, que en muchos casos han debido recurrir a familiares, amigos o incluso prestamistas informales para no caer en mora. Y, como remarca Gutiérrez, también quiebra los planes de vida: en su propio caso, no puede jubilarse porque la reducción de sus ingresos lo dejaría sin margen para afrontar la cuota mensual.

La senadora provincial Mónica Macha, quien recibió a los referentes del colectivo en la Legislatura, sostiene que el sobreendeudamiento debe ser abordado como un problema social y político. Macha recuerda que, cuando fue diputada nacional, ya intentó avanzar con proyectos para modificar el mecanismo de cálculo de las cuotas, pero tanto el macrismo como el gobierno de Alberto Fernández cerraron la puerta. Durante la gestión de Fernández, se logró un congelamiento temporal de las cuotas en pandemia y un tope del 35% de los ingresos, pero con Milei esas medidas cayeron y quedaron libradas a la voluntad de cada banco. El Banco Nación, por ejemplo, suspendió el beneficio en marzo de este año y solo lo reflotó ante la presión de los deudores y el incremento de los atrasos.

Para Macha, la solución no pasa por enfrentar a los hipotecados con los inquilinos. Ambos sectores son víctimas de la misma ausencia estatal en materia de vivienda. La legisladora, que también participó en la redacción de la Ley de Alquileres luego derogada, considera que el próximo gobierno deberá incluir este tema en su agenda como un problema estructural, porque la vida de las personas no puede quedar supeditada a la volatilidad de un índice que no guarda relación con lo que realmente ganan.

Mientras tanto, el colectivo “Usura UVA” sigue reuniéndose por redes sociales, compartiendo el dolor de ver cómo una ilusión se convierte en una losa. Y alertan: la morosidad crece, las ejecuciones acechan y, si no hay una intervención estatal que ponga un piso, el estallido social puede ser inminente. Porque, como dice Gutiérrez, “esto no es un problema de riesgo-venta, es un problema de falta de previsibilidad y de decisiones macro que están fuera del alcance de una familia que solo quiere un techo propio”.

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