A solo treinta días de haber asumido la presidencia de Perú, Keiko Fujimori enfrenta un escándalo que amenaza con empañar su mandato. La revelación de su estrecha relación con Damián Valenzuela, un abogado tucumano de 51 años que se presenta como “creador de riqueza” pero acumula denuncias y condenas por estafa en varios países, ha puesto en el ojo de la tormenta a la mandataria, quien mantuvo en secreto la influencia de este controvertido asesor durante la campaña electoral y, presuntamente, en los primeros pasos de su gestión.
En el centro de la escena política peruana ha estallado una polémica que trasciende las fronteras nacionales y pone en jaque la transparencia del flamante gobierno de Keiko Fujimori. A apenas un mes de su juramentación, la presidenta se ve forzada a dar explicaciones por su vínculo con Damián Valenzuela, un abogado argentino originario de Tucumán, cuya trayectoria empresarial está marcada por procesos judiciales, sanciones regulatorias y demandas millonarias por presuntas estafas en América Latina y Estados Unidos.
La existencia de esta relación, celosamente resguardada del ojo público, fue destapada por el semanario Hildebrandt en sus Trece, que en un reportaje titulado “El amigo íntimo de la presidenta” desveló los encuentros furtivos entre Fujimori y Valenzuela, así como el rol decisivo que este último habría desempeñado como asesor en las sombras durante la carrera electoral de la ahora jefa de Estado. Según la investigación periodística, firmada por Eloy Marchán, la influencia del argentino no se habría diluido con el triunfo en las urnas, sino que se mantendría vigente en los pasillos del poder, pese a los oscuros antecedentes que pesan sobre él.
Ante la contundencia de las revelaciones, Fujimori optó por una estrategia defensiva que muchos analistas califican como evasiva. Si bien reconoció que Valenzuela es un amigo y que colaboró en su campaña, la mandataria eludió pronunciarse sobre el historial de fraudes del empresario, así como sobre el verdadero alcance de su injerencia en las decisiones gubernamentales. En un intento por desviar la atención, la presidenta restó importancia al asunto al calificarlo como un mero chisme sentimental, afirmando con ironía que “hace años me inventan relaciones”, una declaración que no hizo más que avivar las sospechas sobre la naturaleza de su vínculo con el argentino.
El reportaje documenta con lujo de detalles un episodio clave que tuvo lugar el 11 de julio, apenas diecisiete días antes de la ceremonia de investidura, cuando Fujimori y Valenzuela coincidieron en un exclusivo spa de Lima, el Tomyko, un establecimiento que la presidenta frecuenta desde sus años como primera dama durante la dictadura de su padre, Alberto Fujimori. El lugar, conocido por su trato personalizado y su estricta reserva, fue escenario de una sesión privada para dos personas que incluía tratamientos faciales, masajes, sauna, champán y chocolates. Sin embargo, lo que debía ser un encuentro discreto se convirtió en un foco de atención cuando los periodistas Marchán y el fotógrafo César Zamalloa, tras tres meses de seguimiento, captaron los movimientos de ambos: la entonces presidenta electa llegó primero en una camioneta, y el mismo vehículo regresó minutos después con Valenzuela. Dos horas más tarde, ella abandonó el lugar y, quince minutos después, él hizo lo propio, en una coreografía que se habría repetido al menos en cuatro ocasiones, siempre con la misma pauta: Fujimori llegaba primero, enviaba su chofer a recoger al argentino y ambos se retiraban por separado para preservar el anonimato de Valenzuela, a quien en público y en el entorno de campaña se referían con el alias de “Gerardo”.
La revelación de estos encuentros disparó todo tipo de especulaciones, incluida la posibilidad de una relación sentimental entre la mandataria, divorciada, y el empresario sudamericano. No obstante, más allá de la vida privada de la gobernante, lo que realmente ha encendido las alarmas es la opacidad con la que se manejó la presencia de un individuo con antecedentes judiciales tan graves en el círculo más íntimo del poder. Valenzuela, quien no reside en Perú pero mantiene intereses comerciales en el país desde 2011, viajó a Lima en once ocasiones entre octubre de 2025 y la asunción de Fujimori. El 28 de julio, asistió como invitado especial a la juramentación presidencial, ocupando un lugar privilegiado en el hemiciclo del Congreso, y también participó en la cena de gala ofrecida a los delegados extranjeros, muestras inequívocas de su alto estatus dentro de la administración entrante.
La investigación de Hildebrandt en sus Trece no se detuvo en los aspectos protocolares ni en los rumores sentimentales, sino que excavó en el expediente judicial de Valenzuela, hallando un rosario de procesos por fraude que abarcan desde Argentina hasta Estados Unidos y Uruguay. En Florida, el empresario enfrenta cinco demandas civiles por estafa, presentadas por clientes que confiaron millonarias sumas a su empresa Latin American Invest con la promesa de jugosas rentabilidades que nunca se materializaron. Tres de esos litigios ya concluyeron con sentencias condenatorias que obligan a Valenzuela a resarcir a los afectados con más de trece millones de dólares, mientras que los dos casos restantes, que reclaman cerca de cinco millones adicionales, continúan su curso procesal. En Argentina, en tanto, una demandante llamada María Mercedes Contreras obtuvo en 2017 un fallo favorable contra Stonex, firma presidida por el abogado, por el incumplimiento de un contrato de inversión que implicaba 8,1 millones de pesos. En Uruguay, el Banco Central revocó en 2024 la autorización para operar de Banfisol, otra de las compañías de asesoría financiera del argentino, al constatar que había proporcionado información falsa a las autoridades regulatorias.
Lejos de permanecer en silencio, Valenzuela respondió al reportaje con una demanda por difamación contra el director del semanario, César Hildebrandt, y el periodista Eloy Marchán, exigiéndoles un millón de dólares por daños a su reputación. En su defensa, el empresario arguyó que carece de una condena penal por estafa, aunque omitió mencionar las numerosas sentencias civiles y las sanciones administrativas que pesan sobre él. Los comunicadores, sin embargo, rechazaron la intimidación y reforzaron su postura con la publicación de documentos que respaldan las acusaciones, demostrando que el argentino no es un simple inversionista, sino un reincidente en prácticas fraudulentas que operó bajo el radar de las autoridades durante años.
Pero el escándalo no se agota en la figura de Valenzuela. La investigación periodística también destapó la red de contactos que lo vinculan con otros personajes de perfiles igualmente cuestionados dentro del entorno fujimorista. Uno de ellos es Carlos Díaz-Rosillo, un asesor cubanoestadounidense que tuvo un papel protagónico en la campaña de Fujimori y que, además, se desempeñó como funcionario durante la primera administración de Donald Trump. Actualmente presidente del Centro Adam Smith para la Libertad Económica en la Universidad Internacional de Florida, un think tank de la ultraderecha regional que contrató a Keiko para supuestas labores académicas en 2025, Díaz-Rosillo salió en defensa de Valenzuela, a quien considera un amigo. Sin embargo, el propio Díaz-Rosillo se encuentra ahora en la mira tras conocerse su vínculo con Fernando Ceremido, un consultor argentino especializado en campañas de desinformación y ataques sucios, detenido recientemente en Bolivia por intentar asesinar a su pareja. Ceremido, asesor en las sombras del presidente boliviano Rodrigo Paz y con conexiones con los Bolsonaro en Brasil, fue fotografiado junto a Díaz-Rosillo en marzo de 2025, en una reunión que el propio consultor difundió en sus redes sociales como un encuentro de trabajo. Esta revelación, publicada por el diario La República, añade un nuevo elemento de presión sobre Fujimori, pues Ceremido estuvo involucrado en las campañas de desprestigio contra el candidato progresista Roberto Sánchez, rival de la mandataria en los comicios.
La suma de estos vínculos secretos y la recurrencia de asesores con historiales judiciales y éticos cuestionables no sorprenden a quienes conocen la trayectoria política de Keiko Fujimori. Hija del dictador Alberto Fujimori, la presidenta ha sido señalada en el pasado por su participación en estrategias de guerra sucia contra adversarios, así como por presuntos actos de corrupción y tratos clandestinos que ahora parecen repetirse en su gestión. La opacidad con la que manejó la asesoría de Valenzuela, la utilización de nombres falsos para ocultarlo, y la evasión sistemática de preguntas concretas sobre su influencia en el gobierno configuran un patrón de conducta que erosiona la confianza ciudadana y pone en entredicho la probidad del nuevo régimen.
A medida que el escándalo se expande, la oposición y la prensa independiente exigen respuestas claras. ¿Qué funciones desempeña realmente Damián Valenzuela en el gobierno de Fujimori? ¿Por qué se mantuvo en secreto su participación en la campaña y en los primeros actos oficiales? ¿Cuánto sabía la presidenta sobre las demandas por estafa que pesan sobre su asesor íntimo? Estas interrogantes, que hasta ahora han quedado sin contestación, se han convertido en el centro del debate político peruano, en un momento en que la administración Fujimori buscaba consolidar su legitimidad. La revelación de este affaire, lejos de ser un simple rumor de pasillo, ha puesto al descubierto las grietas de un poder que se teje en la penumbra, donde los intereses privados y los favores personales parecen prevalecer sobre la transparencia y el bien común.
Mientras tanto, Valenzuela continúa moviendo sus influencias desde la distancia, desafiando a la prensa con amenazas legales y negando, sin pruebas concluyentes, las acusaciones que lo señalan como un estafador serial. Pero las evidencias documentales y los testimonios recogidos por la investigación periodística dibujan un retrato muy distinto al del “creador de riqueza” que el argentino pregona en sus perfiles públicos. En este escenario, el primer mes de gobierno de Keiko Fujimori no solo está marcado por los desafíos económicos y sociales que heredó, sino también por un escándalo de proporciones políticas que podría definir el rumbo de su administración. La pregunta que flota en el ambiente es si la presidenta logrará despejar las sombras que la rodean o si, por el contrario, estas terminarán por envolver su mandato en una crisis de credibilidad de la que difícilmente podrá escapar.
Lo que hasta hace poco era un secreto celosamente guardado en los reservados del spa Tomyko y en los pasillos de la campaña electoral, hoy es un expediente abierto ante la opinión pública. La sociedad peruana, que ya ha vivido episodios de corrupción y abuso de poder en el pasado, observa con escepticismo las explicaciones de una presidenta que, en lugar de despejar dudas, recurre a la ironía y el desvío retórico para sortear preguntas incómodas. En este juego de luces y sombras, el caso Valenzuela se erige como un test de fuego para la transparencia del nuevo gobierno y como un recordatorio de que, en política, los vínculos ocultos suelen tener un precio que, tarde o temprano, se cobra en la esfera pública.
