El intendente de Río Grande cuestionó la “contradicción” entre el mensaje presidencial y las políticas que afectan a la industria fueguina. Reclamó medidas concretas contra las petroleras en las islas, rechazó una eventual base militar extranjera y vinculó la defensa de la soberanía con el empleo, la producción y el arraigo poblacional.
El intendente de Río Grande, Martín Pérez, salió al cruce del discurso que el presidente Javier Milei pronunció en la cadena nacional alusiva a la cuestión Malvinas y denunció una profunda incoherencia entre el tono reivindicativo del mandatario y las decisiones que, de manera paralela, su administración impulsa en perjuicio del entramado productivo de Tierra del Fuego. En declaraciones periodísticas, el jefe comunal señaló que mientras el primer mandatario arengaba desde la pantalla con un mensaje de afirmación soberana, al día siguiente se publicó un decreto que modifica el régimen de fabricación de equipos de aire acondicionado en el territorio austral, una medida que, a su juicio, golpeará directamente el nivel de ocupación fabril y la estabilidad de los trabajadores fueguinos.
Pérez sostuvo que ambos episodios deben ser leídos en conjunto, porque revelan una suerte de doble discurso que, en los hechos, desdibuja cualquier pretensión de coherencia patriótica. El intendente atribuyó el giro del jefe de Estado en el tratamiento del conflicto del Atlántico Sur a un cálculo de oportunidad política más que a una convicción genuina, y sostuvo que Milei habría percibido, tras el impacto de las elecciones y el fervor popular desatado durante el Mundial, que la causa malvinera sigue siendo una de las pocas banderas capaces de movilizar el sentimiento colectivo. “Lo que veo es un Presidente que notó que la soberanía está mucho más arraigada en la sociedad de lo que él suponía, y entonces intentó montarse sobre esa demanda”, reflexionó el funcionario, quien consideró que los anuncios realizados en la alocución nacional no aportan nada novedoso, dado que la mayoría de las herramientas legales ya se encontraban vigentes.
En esa línea, Pérez puso el foco en las sanciones anunciadas contra empresas que operen en materia hidrocarburífera en las Islas Malvinas y recordó que existe normativa argentina al respecto, así como una causa judicial que data de 2015 y que hasta hoy no ha tenido derivaciones concretas. El intendente reveló que recientemente mantuvo un encuentro con un colectivo de abogados que presentó una nueva denuncia por daño ambiental contra las firmas Rockhopper y Navitas, responsables de proyectos de exploración en aguas próximas al archipiélago, y remarcó que, a fines de 2025, esas compañías anunciaron el inicio de actividades extractivas sin que el Gobierno nacional, según su crítica, desplegara acción alguna para frenarlas. “Eso también es soberanía, y no se está atendiendo”, enfatizó.
Pero el reclamo de Pérez fue más allá del plano estrictamente jurídico o militar. Para el jefe comunal, la defensa de los derechos argentinos sobre las islas no puede reducirse a cuestiones de estrategia bélica o de presencia naval, sino que debe abarcar dimensiones mucho más amplias, como el desarrollo portuario, la consolidación del parque industrial fueguino y el impulso a obras de infraestructura que garanticen la ocupación efectiva del territorio. En ese punto, mencionó la situación del puerto de Ushuaia, la necesidad de fortalecer las cadenas productivas locales y el proyecto de un nuevo puerto en Río Grande, iniciativas que, desde su óptica, constituyen pilares de una política soberana de largo aliento. También cuestionó la reciente decisión de enajenar terrenos considerados estratégicos en la capital provincial, y advirtió que la soberanía se ejerce con población, con empleo y con producción, no con declaraciones vacías.
Consultado sobre el anuncio presidencial de reforzar los fondos destinados a culminar la Base Naval Integrada de Ushuaia, Pérez recordó que el proyecto data de hace varios años y que el propio Milei visitó la obra en 2024 para conocer su estado. Sin embargo, remarcó que, hasta el momento, el Ejecutivo nacional no ha girado los recursos necesarios para su conclusión, y planteó una condición innegociable: que quede establecido por escrito que esa infraestructura no será utilizada para alojar una base militar compartida con una potencia extranjera. “No sea cosa que detrás de este caballo de Troya quieran instalar una base conjunta con los Estados Unidos”, alertó Pérez, y exigió que tanto la norma que habilite la obra como el debate parlamentario incluyan una cláusula expresa que lo prohíba.
El intendente extendió su inquietud al Consejo de Seguridad, otro de los puntos mencionados por Milei, y señaló que ese organismo ya existe pero carece de financiamiento operativo. Lo que realmente preocupa, aclaró, es que bajo el paraguas de la defensa soberana se pretenda utilizarlo para avanzar en acciones que no han sido debatidas ni consensuadas, por lo que reclamó que sus funciones y alcances queden “bien clarificados” en el trámite legislativo.
Pese al tono crítico, Pérez reconoció que toda iniciativa vinculada con la reivindicación de Malvinas resulta, en principio, positiva para la provincia, pero insistió en que el verdadero núcleo del debate debería ser otro: el fortalecimiento de la industria local y el arraigo de los habitantes. En ese sentido, reveló que miles de vecinos de Río Grande han optado por emigrar ante la falta de oportunidades laborales, una sangría demográfica que, a su entender, constituye la mayor vulnerabilidad estratégica de la región. “No hay defensa de la soberanía con una Tierra del Fuego despoblada”, sentenció, y advirtió que, sin medidas concretas en materia económica y social, el discurso oficial corre el riesgo de quedar reducido a una mera retórica.
Para cerrar, Pérez enumeró los ejes que, desde su perspectiva, deberían articular cualquier política nacional seria en la materia: apuntalar la industria fueguina, recuperar el control pleno del puerto de Ushuaia, detener la venta de terrenos sensibles, blindar constitucionalmente la prohibición de bases militares extranjeras y adoptar sanciones efectivas contra las empresas que operan ilegalmente en el área de las Islas. Sin esos componentes, concluyó, el reclamo soberano se diluye en palabras y la Argentina sigue perdiendo, día a día, la batalla más silenciosa y profunda: la del poblamiento y el desarrollo del extremo sur.
