Mientras el discurso oficial prometía una ruptura con el pasado, las políticas aplicadas por Javier Milei replicaron recetas conocidas de la ortodoxia económica argentina. Sin embargo, la demora en reconocer los efectos recesivos, la destrucción de tejido productivo y la distorsión en los indicadores oficiales permitió que sectores «independientes» y legisladores de centro justificaran medidas que, con el tiempo, evidencian un saldo negativo para el empleo, el ingreso y la equidad. Un informe del CEPA revela que muchas de estas consecuencias ya habían sido anticipadas con datos, pero el sistema político y mediático optó por la postergación del diagnóstico.
A más de dos años del inicio de la gestión de Javier Milei, el balance económico comienza a mostrar fisuras que el relato oficial intentó ocultar detrás de una retórica de ruptura y renovación. Sin embargo, lejos de la innovación prometida, el rumbo adoptado no hizo más que recurrir al viejo recetario de la ortodoxia financiera que ya había sido aplicado en otras etapas de la historia argentina, incluso por funcionarios con vasta trayectoria en el establishment como Luis «Toto» Caputo. Lo que en su momento se presentó como una osada apuesta transformadora, con el correr de los meses se reveló como una continuación de políticas que ya habían mostrado sus límites y sus costos.
Desde los primeros meses de la administración libertaria, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) había advertido sobre los efectos segmentados que el modelo provocaría en la actividad productiva. Mientras sectores como la minería y el agro experimentaban expansiones significativas —del 7,2% y el 33,5% respectivamente—, la industria, la construcción y el comercio sufrían contracciones severas, con caídas que superaban el 10% y, en el caso de la construcción, alcanzaban el 18,4%. Esta dualidad no era un simple dato estadístico: implicaba que los sectores en retroceso concentraban cerca del 45% del empleo total, mientras que los ganadores apenas representaban el 7% de los puestos de trabajo. Recién veinte meses después, medios de gran tirada como Clarín y La Nación comenzaron a visibilizar esta realidad, bajo titulares que reconocían la existencia de «una economía a dos velocidades», aunque el diagnóstico temprano ya había sido formulado con claridad por equipos técnicos que entonces eran ignorados o desacreditados.
Uno de los fenómenos más alarmantes que se advirtió en aquel momento fue la desaparición progresiva de empresas. En julio de 2024, CEPA documentó la pérdida de casi ocho mil firmas en un contexto de retracción mensual creciente. Dos años después, esa cifra se había multiplicado hasta superar las 26.500 empresas desaparecidas, un dato que finalmente movilizó a centros de estudio considerados «independientes» a reconocer que esta sangría no era accidental, sino inherente al diseño del programa económico. La demora en asumir esta evidencia permitió que, mientras tanto, se aprobaran leyes como la Bases y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) bajo la promesa de que atraerían capitales y dinamizarían el empleo. Sin embargo, los informes posteriores demostraron que el costo fiscal anual de ese régimen, en su etapa de plena producción, rondaría los 1.800 millones de dólares, sin que se vislumbraran contrapartidas positivas en términos de divisas, desarrollo de proveedores o generación genuina de puestos de trabajo. Incluso en agosto de 2026, el propio diario Clarín admitió que el RIGI no lograba compensar los empleos destruidos, mientras el Senado se aprestaba a aprobar una versión ampliada, el «Super RIGI», que profundiza los mismos aspectos cuestionados.
Otro de los puntos ciegos del relato oficial fue el tratamiento del endeudamiento de familias y empresas. Mientras el gobierno celebró la baja de tasas de interés como una solución para aliviar la carga financiera, desde CEPA se señaló que esa medida, sin una recuperación del poder adquisitivo, operaba como un mero parche. Si un hogar arrastraba un desequilibrio mensual de cien mil pesos en su presupuesto, reducir la tasa a la mitad no resolvía el problema de fondo. Esta advertencia, formulada a mediados de 2025, fue desoída durante más de un año, hasta que el propio CEO del Banco Galicia, Diego Rivas, admitió en julio de 2026 que el aumento de la morosidad se explicaba por la pérdida de entre el 20% y el 30% del salario real de las familias. Para entonces, casi seis millones de personas se encontraban en situación de mora, aunque el silencio y la vergüenza habían impedido que el tema ocupara la agenda pública con la urgencia que requería.
La discusión sobre los indicadores oficiales también evidenció un preocupante desajuste entre la realidad y las mediciones. En diciembre de 2024, CEPA cuestionó que el índice de inflación del INDEC subponderaba el peso de servicios esenciales como electricidad, gas y transporte, al basarse en ponderadores desactualizados de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017-2018. Durante meses, la mayoría de las consultoras, tanto afines al gobierno como las autodenominadas independientes, negaron esta observación o la eludieron. No fue hasta que el Fondo Monetario Internacional, en agosto de 2025, exigió al gobierno ajustar el indicador, que el tema adquirió relevancia. La resistencia oficial a cumplir con ese compromiso derivó incluso en la salida de Marco Lavagna de su cargo, y la controversia no es menor: la distorsión implicó que la inflación real fuera aproximadamente un 12% superior a la reportada desde el inicio de la gestión, lo que altera de manera sustancial la evolución del salario real y cualquier análisis serio sobre el consumo. Una anécdota reveladora ilustra esta dinámica: un editor de uno de los principales diarios argentinos reconoció que no publicaban a CEPA por temor a que se confundiera lo técnico con lo político, aunque paradójicamente, quienes finalmente aplicaron criterios técnicos arbitrarios para recalcular el índice terminaron siendo los mismos que antes habían ignorado el problema.
Este recorrido pone en evidencia una matriz de postergación y sesgo que atraviesa no solo al espectro libertario, sino también a un amplio arco de referentes económicos, políticos y periodísticos que se presentan como objetivos o neutrales. La negativa a incorporar a tiempo las evidencias, la prevalencia de intereses por sobre el rigor analítico y la resistencia a modificar preconceptos han contribuido a profundizar el daño sobre la economía real y sobre la vida de millones de argentinos. Lo que en su momento fue presentado como «correcciones necesarias» o como un llamado a «dar herramientas» al gobierno, hoy se revela como una coartada que demoró el reconocimiento de un modelo cuyos costos, lejos de ser transitorios, se han consolidado como estructurales.
A esta altura, más que autocomplacencia o autobombo, lo que emerge como imperativo es una reivindicación del valor de la precisión, de la honestidad intelectual y de la capacidad crítica para leer los datos sin anteojeras ideológicas. El desafío no es menor en una Argentina donde escasea el hábito de volver a las fuentes y donde el vértigo de la coyuntura suele imponerse sobre la paciencia del análisis. Pero si algo deja en claro la experiencia de estos dos años es que ignorar los «elefantes en el bazar» económico no los hace desaparecer; solo posterga el momento en que deberemos enfrentarlos. Y mientras el gobierno insiste en pronósticos desmentidos por la realidad, los costos siguen pagándose en la mesa de los hogares, en el cierre de comercios y en la fragilidad de un tejido productivo que cada vez encuentra más difícil recuperarse.
